Texto: Martha Guillén y Jade Ramírez. Fotos: Fabricio Atilano
Desaparecer en Jalisco y convertirse en víctima es claramente sencillo. Pasar por distintos episodios de re-victimización lo es aún más. No hay estructura gubernamental que haya logrado en los recientes años, prevenir e investigar delitos de alto impacto, ni reparar los daños que provoca ser desaparecido o buscar verdad quienes llevan consigo duelos interminables. Hoy sabemos son más de 10 mil familias.
Presentamos siete momentos claves para entender porque llegó el momento en que mujeres sostuvieron con una mano la foto de su familiar desaparecido y con la otra, el enorme letrero «clausurado», afuera del recinto legislativo.
Uno: armonizar leyes, la tarea imposible de los diputados
En 2017 familiares de personas desaparecidas y de víctimas de violencia a los derechos humanos, consiguieron la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición, misma que entró en vigor en enero de 2018. Desde entonces el Congreso del Estado de Jalisco, tiene la obligación de armonizar los contenidos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Es decir, el congreso debió adecuar esa ley a las necesidades y el contexto que atraviesa Jalisco en materia de personas desaparecidas y víctimas de violencia a los derechos humanos.
El 8 de octubre de 2019, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó ante el congreso tres iniciativas de ley: sobre Personas Desaparecidas; sobre Atención a Víctimas; sobre Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas. Ninguna está aprobada.
A la fecha, el estado no cuenta con un marco normativo adecuado y adaptado a las particularidades del estado de Jalisco, a pesar de que las familias y colectivos de familiares de personas desaparecidas, han participado en actividades y espacios de diálogo -abiertos y cerrados- con la finalidad de respaldar e impulsar la aprobación de estas leyes.
¿Por qué se requiere la aprobación de las víctimas? No solo por seguir un patrón democrático, sino porque las tres leyes deben ser de total utilidad y eficacia para buscar a personas desaparecidas, iniciar trámites burocráticos ante instancias de gobierno o entes particulares, y tener acceso a la justicia quienes sobrevivieron a una grave violación a sus derechos humanos.
Durante dos años asociaciones civiles y colectivos presionaron e incidieron con reuniones o en foros abiertos, para que los legisladores armonizaran y crearan las leyes; aunque en medios de comunicación la presidencia de la Mesa Directiva que recaía entonces en la mayoría partidista de Movimiento Ciudadano y particularmente en Salvador Caro, afirmaba contar con el respaldo del colectivo Por Amor a Ellxs y en conjunto dieron señales de estar en el mismo acuerdo sobre el tema, en la realidad, el tiempo corría sin que la legislatura número 62 avanzase en el tema.
Dos: diseñar leyes con foros en regiones, pero a modo
El 3 de abril de 2019 en un foro convocado en la sala de Legisladoras Jaliscienses, al que asistieron innumerables funcionarios para avanzar en la dictaminación de las tres leyes, integrantes del colectivo Por Amor a Ellxs gritaron rechazo en la forma de la convocatoria y estar tergiversando dictámenes sobre las leyes en cuestión, porque no recogían sus opiniones ni las de los técnicos en la materia. Entonces salieron del recinto dejando sentados a los legisladores que tampoco se escandalizaron o hicieron el intento de reparar la inconformidad.
Jorge González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios aseguró «se harán foros en las distintas regiones al interior del estado,para considerar» a otras familias que no viven en la metrópoli. Esos foros fueron reuniones privadas en la regiones Altos Sur y Altos Norte, donde principalmente escucharon casos sobre policías desaparecidos.
Vino un largo silencio en la agenda y fue hasta enero de 2020 que consiguieron realizar mesas de trabajo en el Congreso del Estado, donde revisaron las iniciativas de ley y realizaron diversas observaciones a las iniciativas, pero no fueron tomadas en cuenta, ni incorporadas.
Tres: una pandemia muy oportuna
La declaratoria de emergencia sanitaria y suspensión de actividades por acuerdo del gobernador, impidió continuar con la participación de familias, colectivos y personas especializadas en el tema. De las contadas sesiones y reuniones que tuvieron los diputados en comisiones y en el pleno, fueron para aprobar pronunciamientos y otros asuntos, no la emergencia de tres leyes sobre una problemática que coloca a Jalisco entre los tres primeros lugares de México, con mayor cantidad de personas desaparecidas, según la Secretaría de Gobernación.
El domingo 26 de julio, seis diputados anunciaron que resultaron positivo a la prueba de covid-19, y ya había proyectos de dictamen sobre las tres leyes, pero seguían sin incorporarse apuntes o ajustes de las familias.
Esto representa una violación al artículo 5 de la propia Ley General en Materia de Desaparición, que obliga a las autoridades a garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas en todos los procesos relacionados con dicha ley.
Cuatro: opacidad provoca exhibir a diputados y buscar instancias internacionales
Al romperse el diálogo y faltar al mínimo de consultar e integrar las opiniones como necesidades que emergen de quienes día a día se topan con problemas para buscar, investigar y obtener justicia, se anunció el lunes 27 de julio que buscarán incidencia y soluciones jurídicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; la oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU; y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así lo explicó Alejandra Nuño, representante del Iteso.
“¿Qué estamos pidiendo con esta comunicación que les vamos a compartir?, dos cosas: la CIDH puede pedir en base a su artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, información cuando considera que, de manera preventiva, con esa información se puede justamente impedir que haya violaciones de derechos humanos. México tiene 10 sentencias ante la CoIDH y de esas sentencias condenatorias en 7 casos entre otras cosas se discutió el actuar de los congresos. Es decir, las leyes violatorias a derechos humanos o que no eran adecuados a los tratados internacionales que ha firmado y ratificado México. Entonces lo que le estamos pidiendo a la CIDH y a las instancias de naciones unidas que es que intervengan para solicitar de manera urgente información al Estado mexicano y específicamente al congreso, para ver cómo ha cumplido. Estamos a la espera de que las instancias internacionales puedan responder y lamentamos profundamente que tengamos que llegar a estas instancias cuando realmente podríamos hacer algo más sencillo; tenemos aquí al congreso muy cerca, podrían abrir las puertas y generar un buen proceso que fuera un gran ejemplo para Jalisco y para otras instancias y otros estados de la República”.
Cinco: propone diputado aprobar errores para después enmendar
Esperanza Chávez quien es vocera de Por Amor a Ellxs y busca a su hermano desaparecido, describió en la rueda de prensa del lunes 27 cómo el presidente de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, quiso intercambiar un proceso inclusivo, por arreglar errores después.
“El Diputado González Arana, me habló queriéndome convencer de sacar las leyes, que al cabo después se pueden modificar. Pero yo le contesté a él, qué necesidad hay de modificarlas después si se puede hacer lo mejor ahorita. No sé con qué personas estemos tratando porque cada vez nos decepcionan más. Cada vez tenemos más incredibilidad en todo el congreso. Al final de cuentas son disque con los que tenemos que contar y al final no contamos con ellos nunca. Porque desde hace tres años han venido queriendo sacar leyes tras leyes a modo, yo fui y presencié el acto y les hice una pregunta, ¿Quién de todos los que están aquí tienen un familiar desaparecido? Y resulta que nadie lo tenía, entonces mientras que las familias no sean escuchadas, no sé de que manera va a salir esa ley”.
Seis: un proceso atropellado para confundir y no ceder
Actualmente no saben cuáles fueron observaciones sí fueron incorporadas y cuáles no, o incluso cuáles son las más importantes, porque perdieron la ruta de los documentos, no tienen de manera oficial sino por otras vías, versiones que no entienden y generan falta de certeza sobre cómo quedará cada artículo, lo que evidencia la falta de transparencia en el proceso.
A pregunta de Perimetral sobre el papel de la secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, a cargo de Margarita Sierra que había sido diligente para elegir fiscal especializada, según Alejandra Nuño directora del CU por la Dignidad y la Justicia, Francisco Juárez, «en este momento no es turno ya de ellos tomar parte de las decisiones».
“El tema ya no está en el ejecutivo, al contrario, no querríamos que el ejecutivo metiera las manos en el Congreso. Lo que queremos es que las y los diputados que desde octubre pasado tienen esas iniciativas, que tienen observaciones escritas a cada uno del articulado, imagínense nos tardamos días. Nos tardamos mucho tiempo en hacer una revisión exhaustiva de estas iniciativas y lo que queremos es que el Congreso entienda que esa experiencia se tiene que ver reflejada en la discusión y en este proceso de aprobación».
Siete: obsequian 12 días para hacer las observaciones
Aunque los colectivos de madres y padres con uno o hasta cinco integrantes de sus familias desaparecidos, han dejado claro que existe mucha confusión sobre cómo están los dictámenes, el diputado Jorge González Arana presidente de la comisión Derechos Humanos y Pueblos Originarios, informó que retrasaba el dictamen en comisión hasta el 9 de agosto para que revisaran las victimas, cómo se van aprobar las tres leyes.
Brigadistas mexicanas, las que encuentran pedazos en un país destrozado
El martes 28 de julio a las 10 de la mañana, un grupo de mujeres desplegaron una enorme lona a manera de clausura simbólica en la puerta del congreso; se trató de una protesta ante las actuaciones de la autoridad legislativa que ha dio «la espalda» a las familias, así lo describió Esperanza Chávez.
“Estamos haciendo un simulacro de clausura ya que los diputados y las diputadas no quieren entender lo de las leyes que les hemos pedido siempre, que estas leyes estén acompañadas de organizaciones y personas expertas, tenemos dos años en espera pero no se vale que quieran sacarlas de un día para otro y sin tener las observaciones que se les hicieron de parte de las instancias internacionales y de las instancias que nos acompañan”.
Al 29 de julio hay doce diputados que dieron positivo a la prueba de covid-19, la sesión del pleno de este miércoles, quedó cancelada.
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