La Fiscalía de Aguascalientes atentó contra la familia Belmares al realizar un cateo ilegal el pasado domingo 18 de julio en su vivienda.
Desde hace cinco años, Mercedes Belmares busca a su hijo Christian, desaparecido el 28 de diciembre, desde entonces la familia ha sido perseguida por autoridades de seguridad, desde corporaciones policíacas hasta elementos ministeriales.
Ella es integrante del Colectivo Buscando Personas Verdad y Justicia.
Sobre lo ocurrido, la Fiscalía General justificó el allanamiento de morada señalando que se trató de un cateo cuya orden fue emitida por un juez local luego de un robo con violencia registrado en la colonia España, fraccionamiento cercano a donde reside la familia Belmares.
Sobre el supuesto delito, la Fiscalía no proporcionó mayores datos.
Según testimonios de los vecinos media hora después se estacionaron frente a la casa dos camionetas y tres autos de donde se bajaron hombres encapuchados, con chalecos y armas.
Al terminar su jornada de trabajo –alrededor de las diez de la noche– Mercedes y su familia volvieron a casa y encontraron la puerta entreabierta, por lo que tuvieron temor de entrar.
“Nuestros vecinos se empezaron a acercar y me dijeron que ya no había nadie en la casa, al parecer habían sido ministeriales que cerraron la circulación de la calle, no habían dejado pasar a nadie, se escuchó el rechinadero de cosas y la gente vio que era en mi casa”, cuenta Mercedes.
Fiscalía no respeta legalidad
El Código de Procedimientos Penales señala en el artículo 288 que “al terminar el cateo se cuidará que los lugares queden cerrados, y de no ser posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr el cierre”.
El cateo ocurrió a las 8:30 de la mañana, la vivienda permaneció con la puerta abierta desde ese momento hasta las diez de la noche.
Después de observar el desorden, entre rabia e impotencia, Mercedes Belmares grabó evidencias y se comunicó con su red de apoyo.
“Me fregaron las chapas, estaba toda la ropa tirada en el piso, los peluches abiertos, los zapatos tirados, revolvieron todo en las dos recámaras, en el patio, en la cocina, tiraron todos los trastes y rompieron toda mi mercancía de diciembre que estaba guardada en cajas de huevo”, lamentó.
La mañana del lunes 19 de julio, Mercedes se presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia por el delito de daño en las cosas doloso.
Ahí se abrió la carpeta de investigación CI/AGS/15765/07-21, además se solicitó al C4 Municipal –organismo de inteligencia encargado de brindar auxilio en los casos de emergencia a la ciudadanía– el resguardo de la casa.
De la orden de cateo
El Poder Judicial informó que no podía proporcionarse el número de orden de cateo argumentando que existen ciertos procesos considerados como “delicados”, que requieren secrecía y discrecionalidad.
El proceso de notificación de cateo le corresponde a la Policía Ministerial, que depende de la Fiscalía.
Al solicitar la información al encargado de comunicación, Óscar Arredondo, este negó que existiera una prueba de la notificación y aseguró que la información sobre el cateo le correspondía al Poder Judicial.
El artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a que cuando se realice un cateo, quien habite o esté en el lugar que será cateado debe recibir una copia de los puntos resolutivos de la orden.
“Cuando no se encuentre persona alguna, se fijará la copia de los puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar”, se lee en el segundo párrafo de este artículo.
Pero en el caso de Mercedes Belmares eso no ocurrió.
La afectada negó que ella o alguna persona de su familia hubiera sido notificada de la orden de cateo y al llegar a su domicilio destrozado, no encontraron ningún documento que hiciera constar el allanamiento de morada.
Eso y los daños causados en la propiedad fueron la justificación para la denuncia interpuesta.
El Código de Procedimientos Penales contempla también que se puedan realizar cateos sin una orden judicial, ya sea porque está en riesgo una vida, la libertad o integridad de una persona o bien, si se convence al dueño o habitante de la propiedad y la persona autoriza.
Esto tendría que ser posteriormente validado por un juez de control para que los hallazgos del cateo tengan alguna validez en una investigación.
El caso Belmares no es el único
Esta no es la primera vez que autoridades intentan criminalizar a familiares de personas desaparecidas en Aguascalientes.
El 20 de octubre de 2020, el señor Sergio de Lara, integrante del Colectivo Buscando Personas Verdad y Justicia y padre de Sergio de Lara Quezada, joven desaparecido desde el 30 de agosto de 2011; fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Esta detención ocurrió a la par de un proceso de búsqueda -promovido por el Observatorio de Violencia- para buscar a personas desaparecidas víctimas de desaparición forzada entre los años 2010-2015, incluido Sergio de Lara Quezada, en el Complejo Tres Centurias.
La justificación de la autoridad para la detención fueron supuestas sospechas de que el vehículo que conducía el señor Sergio de Lara era robado.
La autoridad acreditó que efectivamente existía un registro de robo, pero él fue un “comprador de buena fé”, es decir no tenía conocimiento de ese antecedente.
Aguascalientes no es la única entidad donde las agresiones contra las mujeres buscadoras se materializan.
El pasado 15 de julio asesinaron en la comunidad de Ortíz, del municipio de Guaymas, Sonora, a Aranza Ramos integrante del Colectivo Madres Buscadoras de este estado.
Aranza buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre de 2020.
La líder de la organización, Cecilia Flores Armenta, dio una entrevista a Milenio tres días después del ataque en el que perdió la vida Aranza, para dar a conocer que desde hace dos meses las integrantes del colectivo han recibido amenazas que ya fueron denunciadas a la autoridad, pero no se ha avanzado en la investigación. Mientras tanto sus vidas continúan en riesgo.
Las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en México viven con la incertidumbre de no saber de sus seres amados, pero también con los riesgos que corren por exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo para encontrarles.
Publicado por OBSERVATORIO PRENSA el
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