Por: Redacción
Foto: Víctor Ibarra
Guadalajara, Jalisco a 7 de julio 2020.- La estadística mensual que publica la Red de Periodistas de a Pie, organización mexicana que defiende y promueve la libertad de expresión y el periodismo en México desde 2007, focaliza en rojo al estado de Jalisco durante el mes de junio, como la entidad que más registros tiene sobre hechos violentos que comprometieron la libertad de expresión, así como la vida e integridad física de los periodistas.
El registro de la documentación que hace la organización sobre agresiones a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, así como confirma.
Jalisco es una entidad que parece reiteradamente desde el año 2018 con hechos violentos que vulneran el ejercicio periodístico, aunque es la primera vez que protagoniza el mapa de México en rojo.
Los hechos se refieren a la represión y abusos policiacos del 4, 5, 6 y 7 de junio, en el marco de las protestas en la calle #JusticiaParaGiovanni, pero el reiterado reporte de hechos violentos colocan al estado como una entidad peligrosa para ejercer plenamente la libertad de expresión, el periodismo y el acceso a la información; los registros van en obstaculizar el trabajo de las y los reporteros, denostaciones del gobernador Enrique Alfaro, evadir preguntas incómodas, hostigamiento a periodistas en las regiones, hasta detenciones arbitrarias de policías de Tlaquepaque.
Solo el 4 de junio, en la primera marcha en el centro de Guadalajara, un policía del estado que ha sido identificado su rostro pero la autoridad ha evadido informar sobre el caso, derribó al fotoperiodista Fabricio Atilano de El Informador; ese mismo día un manifestante alrededor de una de las patrullas que se quemaron afuera de Palacio de Gobierno golpeó al camarógrafo Rubén Fraire -quien necesita terapia de rehabilitación en el codo y sigue trabajando-, así como Arturo Campos fotoperiodista de La Jornada, resultó herido por un proyectil el mismo día al estar documentando las acciones de protesta; de estos hechos también hay documentación por parte de la Red Rompe el Miedo impulsada por la organización Artículo XIX.
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Gobierno de Jalisco compensa ataques con un boletín
El Financiero publicó el 8 de junio una nota que firmó el reportero Juan Carlos Huerta, donde responsabiliza el gobernador de Jalisco a Alejandro Puerto, líder del partido MORENA en el estado, como el incitador y quien orquesta las protestas, tras revelarse el video donde la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvo a Giovanni López y éste fue ejecutado extrajudicialmente.
En redes sociales se viralizó la nota del medio de la Ciudad de México por, señalar además, a organizaciones civiles y agrupaciones tapatías de derechos humanos que acudieron a la marcha del 4 de junio como quienes estaban «detrás» de las protestas.
Aquel jueves se caminó del parque Revolución ya conocido como el parque Rojo -donde se celebraban asambleas del YoSoy132 y se reunían familias de personas desaparecidas alrededor de la iniciativa Bordamos por la Paz-, un punto de referencia para la salida de marchas al centro de la ciudad; la convocatoria fue abierta y pública en redes sociales.
Por ello las organizaciones aludidas emitieron un comunicado con señalamientos sobre la publicación, aunque no solicitaron ejercer su derecho de réplica para desmentir la aseveración de El Financiero. Una fuente cercana al medio narró que el reportero Juan Carlos Flores envió una crónica a la redacción y en edición, cambiaron el enfoque de su texto junto al titular. El Financiero es un medio que tiene una pauta publicitaria del gobierno de Jalisco por 3 millones de pesos, según una investigación periodística publicada en medios locales.
El gobierno del estado hasta el 19 de junio, quince días después de los hechos violentos contra la prensa el 4 y 5 de junio -uno contra la directora de este medio y reportera de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44-, emitió un comunicado reconociendo «a todas las personas defensoras de derechos y periodista por su trabajo que fueron fundamentales para visibilizar los hechos acontecidos en el marco de las manifestaciones».
Aunque en el mismo boletín se compromete el gobierno del estado a investigar los hechos donde se involucran servidores públicos, hasta el momento las personas agredidas no han recibido atención ni consulta sobre los hechos registrados. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la secretaria general de gobierno de quien depende el Mecanismo de Protección a nivel estatal o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes han estado facilitando el diálogo con víctimas de desaparición forzada el 5 de junio por policías de la Fiscalía del Estado de Jalisco, no han documentado ninguna agresión a la prensa.
Este martes se informó en medios de comunicación el relevo de Macedonio Tamez como coordinador del gabinete de Seguridad y que el gobierno del estado ha dado cumplimiento a las observaciones que en comunicación privada hizo la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De eso, no obra evidencia.
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