Síguenos en redes
Buscar
Escúchanos en

El expediente negro

Periodista marinero en internet.
Exportado de Guadalajara a la Ciudad de México donde se ha especializado en la transparencia, filtraciones y reporteo de datos abiertos. Colaborador de Poder, México Leaks y Aristegui Noticias.

El expediente negro: los negocios y vínculos desde Jalisco con Emilio Lozoya

El caso abierto en contra de Emilio “L”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aún tiene muchas vertientes. Los sobornos por 50 mil pesos para agendar citas con el priista, el caso de Etileno XXI y la compra a sobre costo de la planta de Agronitrogenados, son tan sólo el principio de los recovecos del expediente, de quien, luego de más de una semana de ser extraditado desde España, aún conserva claroscuros inquietantes.

La fotocopia es la misma, la del desmantelamiento del Estado. Y al tratarse de un caso de lavado de activos, no debería de sorprender a nadie que se cuente desde Jalisco. El Partido Acción Nacional (PAN), como en toda la república, se encuentra fragmentado entre quienes apostaron la candidatura Calderonista y quienes negociaron con el tricolor para generar el frente opositor a Andrés Manuel López Obrador.

Las primeras declaraciones del imputado ya revelaron un nombre, el de, Francisco Javier Conejo Cejudo, un millonario empresario y financiero de Jalisco y simpatizante del partido alviazul involucrado anteriormente en la estafa multimillonaria del Proyecto Coincidir, una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) que desapareció los ahorros de algunos tapatíos de la noche a la mañana sin que estos tuvieran una respuesta digna de las autoridades financieras.

Conejo Ceñido pertenece al grupo político del exgobernador Enrique González Márquez, quien durante su administración concedió al mismo personaje la autoridad para construir las Viillas Panamericanas, con una inversión de dos mil 500 millones de pesos que nadie supo de dónde llegaron.

El inmueble colección de elefantes blancos en el país, con ayuda de González Marquéz, se construyó violentando derechos de piso y toda norma de infraestructura posible. Mismas que ahora mismo se encuentra siendo ofertada por desuso y abandono. Es decir, el negocio está hecho.

Su llegada al partido tricolor se concreta con su adhesión al equipo de José Antonio Meade, excandidado a la presidencia de la república, pero en su andar político también se le reconoce como el personaje detrás de la precampaña presidencial de Ernesto Cordero, en 2012 quien fuera derrotado por Josefina Vázquez Mota.

El ABC del “terror político” llamado Emilio Lozoya

Ahora mismo ambos grupos en decadencia intentarán librarse de estos hechos. Emilio González tiene la oportunidad perfecta para configurar la venganza contra Ricardo Anaya por su expulsión del partido y los Anayistas ahora tienen las declaraciones en contra del benefactor de González Márquez para refutar. En mitad de todo y con un bozal indescriptible, quedó su militancia.

¿En dónde está el dinero?

Uno de los posibles escenarios comienza con una ceremonia frente a Ximena Caraza, mano derecha del México-Español, Valentín Diez Morodo y cuñada de Claudio X. González Guajardo, hijo de González Laporte en la antesala de la Casa México en España, donde Caraza era titular.

Se trata de un viejo edificio ubicado en el corazón de Madrid del que hasta ahora, no quedan claras sus funciones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la cual supondría ser su directriz.

Dicha reunión daba cuenta justo de la entrega de las llaves, de aquel desgastado edificio, de las manos de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid a las de Luis Videgaray Caso como secretario de relaciones exteriores.

Al distinguido evento también acudió Roberta Lajous, embajadora de México en España, ahora señalada por encubrir el “Caso Moreira”, el del mandatario de Coahuilense (también del PRI) e imputado en España por blanqueo de capitales.

También estaba Susana Pliego Quijano, directora de promisión cultural, quién, a pocos días de tomar el cargo, fue denunciada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por fomentar, como trabajadora de gobierno y cercana al excanciller Luis Videgaray Caso, el voto a favor del priista José Antonio Meade Kuribreña.

El paso de llaves concluyó como muchos de los negocios a costa del erario. El hermano del expresidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, logró tener, sin licitación alguna, un restaurante de lujo en la calle Alberto Aguilera número 20, en pleno centro de Madrid, en un edificio que debió servir a la embajada.

La anécdota de aquella adjudicación directa al hermano de un alto mandatario en funciones, pasaría desapercibida de no ser por el contexto financiero. Se trata de un negocio multimillonario que involucra  una alianza comercial de por lo menos 42 marcas y restaurantes de los hermanos de Emilio Lozoya Austin y Enrique Ochoa Reza, expresidente del partido tricolor. Pedro Pablo Ochoa Reza es Juan Jesús Lozoya Austin. Actualmente, Pedro Ochoa posee 15 marcas; mientras que Jesús Lozoya se hizo de 27. Todas ellas fueron creadas oficialmente entre 2005 y 2018.

Los académicos del PRI

Otra vertiente de investigación ocurrió a inicios de este año, en el trabajo titulado: “La mafia de la ciencia”. En donde se revelan nombres de algunos personajes de la estructura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes haciendo uso de su posición o calificación como “intelectuales y académicos” sirvieron como canal para validar la Reforma Energética.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico que ahora mismo se encuentra en una batalla para recuperar la legalidad que el priismo le arrebató, fue el escenario que utilizó José Luis Fernández Zayas -egresado de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exdirector del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y exdirector General del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) durante la administración de EPN, para validar con su firma la reforma que entregaría al poder de las transnacionales el recurso energético del país.

El académico fungió entonces como uno de los “abajo firmantes”, junto a Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN, Enrique Ochoa Reza, expresidente del PRI, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y Luis Videgaray Caso, excanciller, del Pacto por México, documento pilar en el impulso de las Reformas Estructurales.

Otro académico a fin al partido tricolor que dirigió el foro, fue Juan Pedro Laclette, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Ciencias de la Salud, fue colaborador del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI durante el periodo de Peña Nieto.

Bajo un escenario como este, donde las posturas políticas eran tan difusas, la tarea de la las autoridades encargadas del expediente de Emilio “L” deberá tratarse de un trabajo nunca antes realizado en la historia judicial del país. Y el imputado sí tiene una salida.

La salida de Lozoya, el riesgo de perderlo todo

Resulta indispensable que se ausculten las cuentas privadas del hermano del imputado y de Ochoa Reza. Que se investiguen los fondos con los que operaron algunos académicos y divulgadores científicos. Y que Jalisco opere bajo vigilancia federal constante debido al alto índice de actividad ilícita relacionada con el lavado de activos en el país. Sin embargo, si los procesos no se efectúan de la manera correcta, corremos el riesgo de siempre. En un país con un índice del 90% en impunidad, la justicia es una orquesta que toca su última pieza mientras el barco pierde los estribos que le quedan.

La salida a simple vista de la defensa de Emilio “L” es una sola. El caso de sobornos que involucra a Froylan García, excoordinador ejecutivo de la dirección de Pemex. El también llamado “Master mind”.

La empresa Oro Negro mantiene una disputa legal con Pemex luego de que la empresa mexicana canceló los contratos que tenía con la perforadora norteamericana. Debido a esto, Emilio “L” podría argumentar ante el Witness Securyty Program (Witsec) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que personalmente estaría interesado en ingresar como testigo protegido por el caso.

Con este programa, el gobierno de Estados Unidos puede usar un testigo antes, durante y después de un juicio a fin de que de testimonio o información clave en un caso grave. Bajo esta figura, el gobierno puede reubicar a un testigo o potencial testigo, además de darles algunas garantías según sea el caso. Y de ese modo jamás pisar la cárcel. Claro, tendría que solicitarse un segundo proceso de extradición y el gobierno en turno tendría que estar dispuesto a entregar a la gallina de los huevos de oro.

Deja tus comentarios

Relacionados

A %d blogueros les gusta esto: