Muere niño por falta de intérpretes en hospital de Chihuahua; gobierno presiona a Raíchali
Texto y fotos: Redacción Raíchali. Fecha: 9 de febrero, 2026
- Su familia, que no habla español, enfrentó días de angustia y desinformación por la falta de traductores. La CEDH abrió queja de oficio por tratarse de una presunta violación a los derechos de un niño
El pequeño ódami Ángel Ramón Julián Baiza murió a sus cinco años este miércoles a las 16:00 horas en el Hospital infantil de Chihuahua, por una infección cerebral, luego de que sus padres lucharon contra el sistema de salud, las barreras del idioma y la falta de una atención adecuada como integrantes de los pueblos indígenas.
De manera extraoficial, se conoció que la probable causa es tuberculosis, una enfermedad que se presenta con frecuencia en poblaciones indígenas.
La familia de Ángel no habla español y enfrentó días de angustia y desinformación por la falta de traductores o intérpretes en su idioma.
Micaela Baiza guarda en su memoria a un niño alegre, al que le gustaba correr y jugar con sus hermanos y primos en Rancho Los Julianes, una comunidad ódami (tepehuán del norte) en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Esos recuerdos son ahora un consuelo después de la agonía vivida en el Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua. Ahí, su hijo murió tras el desarrollo rápido y devastador de una enfermedad.
La tragedia de Ángel Ramón pone en evidencia una cruda realidad. Fueron las barreras lingüísticas e institucionales que enfrentan los pueblos originarios al acceder al sistema de salud.
Desde que el niño fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) el 1 de febrero, Micaela y su familia vivieron “días de angustia” sumidos en la incertidumbre y la impotencia porque no entendían qué le pasaba a su hijo y por qué lo intubaban.
Una pesadilla
Micaela Baiza Solís, una mujer del pueblo ódami vive una pesadilla desde el 28 de enero. Su hijo de cinco año comenzó con dolor de cabeza, vómitos y desmayos constantes. Hasta entonces no sabía del diagnóstico que lo mantenía intubado y en calidad de grave en el Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua.
Lo que parecía una enfermedad leve se convirtió en una carrera contra el tiempo para salvar a Ángel Ramón Baiza Julián. Y lo hizo en un sistema de salud fragmentado y con profundas barreras culturales.
Micaela y su esposo comenzaron esta travesía para la atención médica con una caminata de dos horas desde su comunidad hasta la clínica más cercana en Llano Grande, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
El menor fue referido al hospital de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, donde les informaron que su estado era “muy grave” y que debía ser trasladado a Parral.
Finalmente, fue canalizado al Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahu. Ahí permaneció en estado crítico, intubado y con “agua en el cerebro”, según la descripción de su madre.
“Aquí no conozco, ni sé qué tiene mi hijo, porque no hablo español y no entiendo a los doctores. Sólo sé que mi niño está muy enfermo”, relató Micaela con angustia, en una entrevista en idioma ódami para Raíchali.
Tras el ingreso
“Cada día se ponía más grave”, relató Micaela en entrevista en idioma ódami otorgada a Raíchali.
“Yo lloraba en silencio, a veces frente a mi hijo, al ver que no tenía mejoría. Y cada informe que me daban los doctores yo no entendía qué tan grave era, porque no había nadie que me explicara en mi idioma”, asegura.
Micaela buscó a este medio para solicitar apoyo. Se le respaldó en la entrevista con la traducción y también a su familia para conocer qué sucedía con su hijo.
Fue entonces cuando Micaela comprendió la magnitud de la tragedia. El 3 de febrero por la tarde, los médicos le dieron el diagnóstico terminal a través de un reportero ódami de Raíchali.El niño padecía una infección muy fuerte en el cerebro, posiblemente tuberculosis, y ya no había nada más qué hacer.
Su cuerpo no reaccionaba a los medicamentos y sólo se mantenía con soporte artificial.
“Escuchando esos informes me di cuenta que mi hijo en cualquier momento moriría, lejos de la casa”, recuerda Micaela.
“¿Y qué vamos a hacer aquí? No hay nadie ¿Cómo le aviso a su papá y a mi familia?”, se preguntaba.
El 4 de febrero fue entrevistada por un equipo multidisciplinario. En medio del dolor, compartió recuerdos de su hijo y confesó su incredulidad inicial ante el pronóstico fatal.
Ella pensó que era mentira de los médicos. Finalmente en una última y desgarradora conversación con los médicos y el traductor voluntario, Micaela tomó la decisión de mantener a su hijo conectado unos momentos más.
“Quiero quedarme un tiempo más con mi hijo”, dijo. Ángel Ramón falleció el 4 de febrero a las 3 de la tarde.
Los trámites después de la muerte
La odisea para Micaela no terminó con el último latido. Al dolor se sumaron los fríos trámites sin pertinencia cultural. Ángel Ramón no estaba registrado oficialmente, sólo contaba con un papel de bautizo.
Aunque al ingreso intentaron registrarlo en su travesía al hospital de Guadalupe y Calvo. Subieron sus datos al sistema para generar su Clave Única de Registro de Población (CURP), documento indispensable para tramitar el acta de defunción.
“¿Por qué tengo que esperar? Mi hijo ya está muerto. ¿Por qué tenemos que estar tantos días aquí?”, cuestiona Micaela, exhausta.
Las autoridades del hospital informaron que, una vez completada la documentación, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas se haría cargo del traslado del cuerpo hasta Rancho los Julianes, en la sierra de Guadalupe y Calvo, para su sepultura final.
Este caso expone un vacío crítico en los protocolos de atención a pacientes indígenas en instituciones de salud pública: la falta sistemática de intérpretes y traductores certificados, y las dificultades para integrar a personas no registradas en los trámites administrativos urgentes, incluso en la muerte.
La familia Julián Baiza, y el pequeño Ángel Ramón, se convierten en un doloroso recordatorio de que el derecho a la salud y a una muerte digna también pasa por el derecho a entender y ser entendido.
CEDH inicia queja de oficio por muerte de Ángel
El presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Alejandro Carrasco Talavera, informó que una vez que conocieron la situación del niño ódami que falleció en el hospital Infantil el pasado miércoles, iniciaron una queja de oficio para investigar si hubo violaciones a derechos humanos en este caso.
Carrasco Talavera dijo en entrevista con Raíchali que, si es posible apoyarles, para que la mamá del niño acuda a las instalaciones del órgano autónomo para escuchar su testimonio.
Aunque la queja es de oficio y continuará la investigación, ayudaría mucho si los familiares acuden para proporcionar detalles de los hechos.
“(…) para una persona intérprete a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas o al INPI (Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas), para tomar su testimonio en su propia lengua. Y se hará la investigación con todo respeto y dignidad para ver si hubo o no violación a los derechos humanos. Ahorita no podemos declarar si huyo o no, se abrió la queja, investigamos y si determinamos que si hubo violación, emitiremos una resolución”, agregó.
Cuando se trata de presuntas violaciones a derechos humanos de niñas, niños o adolescentes, las quejas se abren de oficio, explicó Carrasco. Es decir, no se requiere una denuncia o queja directa de las personas afectadas para iniciar la investigación.
En el caso de las personas de pueblos indígenas, “es importante que cuenten con intérprete, que conozcan su cultura, la idiosincrasia y la condición de ellos (…) en la investigación se va a ver si fue por dolo o por omisión (…). Se va a buscar que se tomen medidas, que se hagan políticas y se cumpla con la ley porque a veces las normas de cada institución no se adecuan a la ley. Y que haya inversión porque no son gratis los derechos humanos”, concluyó Alejandro Carrasco.
Territorial respalda a Raíchali tras presiones de gobierno
Territorial, Alianza de Medios, red de medios independientes de distintas regiones del país, expresa su respaldo total a Raíchali, medio integrante de esta alianza, frente a las presiones ejercidas por personal de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua para eliminar publicaciones periodísticas de interés público.
Las notas cuestionadas documentan la falta de intérpretes indígenas en el sistema de salud, una omisión estructural que tuvo consecuencias fatales. El pasado miércoles 4 de febrero falleció Ángel Ramón Julián Baiza, niño indígena ódami de cinco años, luego de que su familia enfrentara un calvario marcado por la ausencia de atención adecuada en su lengua materna.
Desde Territorial consideramos que estos actos constituyen hostigamiento y censura, y vulneran gravemente la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo independiente, particularmente cuando se trata de denunciar violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Raíchali actuó con apego estricto a los principios periodísticos: se solicitó en todo momento la versión de las autoridades de Salud y la cobertura se basó en la denuncia directa de la familia afectada, una situación que no es aislada y que ha sido documentada de manera reiterada en distintas comunidades indígenas.
Raíchali es una redacción intercultural conformada por periodistas de pueblos originarios de Chihuahua, hablantes de lenguas ódami y rarámuri, cuya labor periodística parte de una mirada situada y legítima para narrar problemáticas estructurales que históricamente han sido invisibilizadas.
Como alianza, reiteramos que nuestra labor es visibilizar las realidades de los territorios, señalar las fallas del Estado y defender el derecho de las comunidades a estar informadas, sin presiones ni condicionamientos institucionales.
Territorial, Alianza de Medios, se solidariza con Raíchali y con las y los periodistas indígenas que, desde sus territorios, narran sus realidades, denuncian injusticias y ejercen el derecho a informar frente a contextos adversos.
Reafirmamos nuestra postura: no se debe borrar, ocultar ni censurar información de interés público.
Raíchali, como parte de Territorial, no retirará ninguna de sus publicaciones de su sitio web ni de sus redes sociales.
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