Desafíos ambientales de México en 2026: proteger a defensores, cumplir metas climáticas y aumentar el presupuesto
Por: Gonzalo Ortuño López/Mongabay Latam. Fotos: Mongabay Latam. Fecha: 19 de enero, 2026
- Tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, especialistas destacan los retos que vivirá el país en temas energéticos, ambientales y climáticos.
- El presupuesto será clave para ejecutar mecanismos de protección a defensores del territorio, áreas naturales, planes de transición energética justa, adaptación al cambio climático y pesca.
- La dependencia de México hacia los combustibles fósiles también está presente en todos los retos ambientales y climáticos señalados por especialistas, defensores y ambientalistas.
Sin duda, el Mundial de Fútbol acaparará la atención de México durante 2026. Sin embargo, otros temas más urgentes deberían recibir mayor atención, sobre todo en el sector ambiental, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam.
Este año, las expectativas de expertos y activistas se centran en vigilar las acciones del Gobierno para resolver la crisis de violencia que amenaza a las personas defensoras del territorio. Además, avanzar en las metas climáticas anunciadas durante la cumbre climática global o COP30 y aumentar el presupuesto para las instituciones ambientales.
El primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, una presidenta con formación científica y conocimiento en áreas ambientales, no ha logrado convencer a quienes esperaban una política ambiental más estratégica en el país. Si bien han habido avances, su administración ha sido marcada por recortes presupuestales para el sector ambiental. Por el contrario, el desarrollo de megaproyectos de combustibles fósiles y la falta de protección a defensores ambientales. Así como la desatención en el cuidado de áreas naturales terrestres y marinas.
Especialistas consultados por Mongabay Latam coincidieron que los retos ambientales para México en 2026 están conectados con la política presupuestaria, fiscal, de seguridad y energética, por lo que las autoridades deberán articularse en varios frentes si pretenden cumplir con sus compromisos.
Defensores: proteger a quienes cuidan el territorio y los recursos naturales
Hay un escenario de violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio. Ante esto, la abogada Itzel Arteaga, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que uno de los retos para las autoridades es realizar una serie de mecanismos. Entre estos análisis de riesgos y contextos diversos que viven los defensores en el país y no solamente reaccionar cuando ocurren las agresiones.
Este aspecto, precisa la abogada, es una oportunidad para que el Estado dialogue con la sociedad civil, que históricamente ha acompañado y documentado las violencias contra defensores.
“También es un reto para las autoridades asumir y entender que la mayoría de las agresiones [contra defensores] vienen de ellos. Mientras no haya esta conciencia va a ser muy complicado que las cosas cambien”, dice a Mongabay Latam. Se refieren a informes que documentan el aumento de casos donde el Estado y las empresas privadas estuvieron vinculadas a hechos violentos contra defensores.
De acuerdo con documentación del CEMDA, el Estado fue el principal agresor de personas defensoras en 2024 con más del 65 por ciento de los casos. Sin embargo, las empresas también tuvieron participación en 25 episodios de violencia durante ese año.
Un caso que refleja esta violencia es el de 24 defensores del territorio en Oaxaca quienes enfrentan procesos judiciales por acciones de protesta contra la construcción del Tren Interoceánico. Es un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.
Caso Juana Inés
Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), es una de las personas a quienes se le iniciaron procesos judiciales por acompañar a comunidades que se opusieron al megaproyecto mediante protestas pacíficas junto a las vías del tren.
Es precisamente la criminalización el mecanismo más utilizado contra defensores y comunidades en México, de acuerdo con el monitoreo anual que realiza el CEMDA. Pero que puede escalar a otras violencias.
“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec», dijo Ramírez a Mongabay Latam en abril pasado, tras denunciar amenazas por parte de autoridades y crimen organizado.
Frenar agresiones, un reto
La Procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy, ha reconocido que rectificar este tipo de agresiones es un reto para la autoridad en México.
“Toda vez que los principales perpetradores de estas agresiones son el propio Estado, uno de los grandes retos que tenemos es hacer. Es un acercamiento para sensibilizar y lograr el respeto por parte de las instancias gubernamentales de los derechos ambientales de las personas”, afirmó en abril ante la consulta de Mongabay Latam.
Otro desafío que destaca Arteaga será implementar el Acuerdo de Escazú. Este tratado regional busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental.
“El reto es crear rutas muy claras de cómo se va a implementar. No simplemente hacer un documento con enunciados generales”, explica la especialista. Y agrega que serán clave también las acciones de seguimiento a las acciones propuestas por México.
La abogada destaca que estos retos no sólo son para las secretarías que dependen de la Presidenta, sino que también son responsabilidad del Poder Judicial.
“Quienes juzgan y hacen líneas de investigación y de definición de responsabilidades en lo penal”.
Además, señala que se deberán distribuir de manera más eficiente recursos suficientes para los mecanismos de protección que permitan prevenir las agresiones.
“El mecanismo a nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni humano para afrontar la necesidad de proteger a personas defensoras”, sostiene Arteaga.
2. Aumentar y mantener el presupuesto para Áreas Naturales Protegidas
Una señal positiva
Meses antes de cerrar 2025, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país estaban por recibir el presupuesto más bajo en 21 años. Sin embargo, un ajuste de último minuto permitió que reciban 50 % más de lo esperado. Los ambientalistas lo consideran positivo, pero insuficiente para los retos que enfrentan.
Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), califica esta reasignación como inédita y positiva. Pero, al mismo tiempo señala que el monto total está debajo de las necesidades de financiamiento para las mayores zonas de biodiversidad en el país.
Chacón resume el reto en una comparación simple. Diez años atrás, el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) era de poco más de 116 millones de dólares. Con el reajuste para 2026, la entidad recibirá alrededor de 82 millones de dólares.
“Sigue estando muy por debajo del presupuesto que se aprobó para la Conanp hace diez años. Ahora tenemos 50 hectáreas más que se agregan a todo este territorio y que se encuentra en esquema de conservación”, precisa la especialista.
Además, Chacón señala que aún no se ha transparentado en datos abiertos el destino preciso de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda. Por esto, desde la sociedad civil darán seguimiento para exigir que sea utilizado en medidas de conservación y no en gastos de oficina.
“Es necesario que este presupuesto sí vaya a programas de protección de especies, de restauración, a estudios para la creación de programas de manejo y consultas a comunidades indígenas porque es un mandato, deben tomarse en cuenta sus conocimientos”, afirma la directiva.
Más recortes
Pese al ajuste presupuestal, el resto de las instituciones ambientales enfrentarán recortes presupuestales, de acuerdo con un análisis de la coalición de organizaciones NOSSA. Un caso sobresaliente es el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la aplicación de la ley ambiental. La institución recibirá 4.8 % menos recursos que en 2025.
El informe señala que esta decisión no sólo limitará la vigilancia en áreas naturales, sino también dificultará la denuncia ciudadana y compromete la capacidad de sancionar delitos ambientales. “Restringiría la protección de especies y ecosistemas, tanto en áreas naturales protegidas como en regiones ecológicamente vulnerables, donde la ausencia de vigilancia favorecería el avance descontrolado de proyectos irregulares”, advierte el documento.
Esto se traduce, por ejemplo, en la falta de cobertura para los 470 inspectores con los que contó Profepa en 2024 para el manejo de residuos peligrosos. Ese año se hicieron 490 visitas de inspección, cuando existen al menos 763 empresas en el ámbito de su competencia.
“Incluso en regiones importantes en términos turísticos, mineros y agroindustriales, y con áreas naturales protegidas de importancia internacional, la Profepa carece de presencia efectiva en relación con el tema del manejo de residuos peligrosos, un ámbito crítico por los riesgos directos que conlleva tanto para la salud como para los ecosistemas”, señala el informe.
Chacón agrega el reto de que las autoridades comiencen a ver a las ANP como actores clave para la conectividad de los ecosistemas y como una medida para mitigar los efectos de la crisis climática.
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