Foto: Víctor Ibarra
Poncitlán, Jalisco.- El 24 de noviembre lo que había en la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, era fiesta. Se festejaba el 203 aniversario de la lucha única que dieron contra la corona española en la mítica isla sobre el Lago de Chapala, cientos de cocas; los cuatro años que abatieron militares españoles a base de pura estrategia, cada año, se recuerdan con festejos populares y mucha dignidad.
En 2019 la fiesta por lucha heroica que no abatió al pueblo coca hace más de 200 años, se tornó en un evento de graves violaciones a los derechos humanos, bajo la concesión y conocimientos de autoridades estatales.
Ya había caído la noche cuando en el malecón inició un operativo de represión, disfrazada de detenciones que terminaron en tortura y extorsión a manos de policías municipales de Poncitlán.
Se sembró el miedo y la incertidumbre porque para los habitantes de Poncitlán, queda claro qué hace la policía municipal, para quiénes trabaja y que no se trata de una corporación que brinde seguridad del pueblo.
En los primeros reportes en medios se habló de una docena de personas detenidas con extrema violencia. Hoy sabemos en Perimetral que fueron más: 31 personas, de los cuales 9 eran menores de edad, uno de 13 años y todos resultaron con golpes y signos de tortura.
Aquel domingo de fiesta terminó en una serie de detenciones arbitrarias llena de abusos policiacos, pues según la información que el ayuntamiento de Poncitlán entregó a este medio con documentos firmados por Gabriel Octavio Torres Bastida, el entonces Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: solo se trataron de “faltas administrativas” y se reportan cero lesiones. El testimonio que a continuación presentamos, refuerza que lograron el cometido: sembrar terror.
Ni por transparencia se conoce la verdad de los hechos
Según el expediente 1649 procesado desde noviembre del año pasado a través de la plataforma de transparencia, aunque solicitamos copia de las actas administrativas que se generaron por todas las detenciones realizadas el 24 de noviembre y 25 de noviembre, domingo y el lunes, sin hacer alusión al evento denunciado en redes sociales, la autoridad se ciñó a “transparentar” solo un mismo hecho.
Cuatro horas de terror
La lista que entregó por transparencia quien fungió como director de seguridad pública en Poncitlán hasta el 1 de agosto de 2020 debido a que el gobierno de Jalisco “desarmó” la corporación del municipio ribereño -por ubicarse a orillas de Lago de Chapala-, al mismo tiempo que la de Jalostotitlán, y éste quedó retenido en la Academia de la Secretaría de Seguridad hasta dentro de diez días que termine de investigarse cómo operaba aquella corporación, indicó que el operativo de detenciones al azar, inició a las 22:30 horas del domingo 24 de noviembre, y terminó hasta la 1.40 de la madrugada ya siendo 25.
Aunque la solicitud de Perimetral fue el lista de todas las detenciones del domingo 24 y lunes 25, como intuyendo la autoridad municipal que se investigaban los hechos que violaron los derechos humanos, concentró en una lista lo que pasó solo en cuatro horas. Es decir, por la mañana del domingo no se detuvo a nadie, ni el resto del lunes 25 de noviembre; tampoco respondieron el tipo de falta administrativa que determinó la detención de 22 adultos y 9 menores de edad.
Las familias intentaron, aquella madrugada saber de su gente, pero no fueron debidamente presentados y el delegado de la comunidad no puedo ofrecer respuestas a los padres de familia que acudieron con él para pedir información sobre los menores de edad.
A eso se suma que la actuación de la policía municipal en la comunidad coca, se acompañó de la complicidad de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, pues conforme con varios testimonios recogidos por este medio, todos fueron liberados con golpes de por medio.
Según el médico José Martín Salcedo González, encargado de emitir el parte médico, las 31 personas, 9 menores, estaban sin lesiones.
Dieciséis hombres adultos y 5 menores, son originarios de Mezcala; seis hombres adultos, más 4 menores eran pertenecientes a la comunidad de San Luis Agua Caliente, y ninguno después de la revisión médica, resultó con lesiones, según el reporte entregado vía transparencia.
Crucificados para las descarga eléctricas
Gualberto tenía los ojos inflamados, sangraba por las orillas de sus pupilas hasta los oídos. En una fotografía en poder de Perimetral, se ve recostado en una camilla con una bata color verde agua, las que se usan en los servicios médicos del sistema público.
Para salir libre, después de torturarlo de rodillas con toques eléctricos, tuvo que pagar 10 mil pesos a la policía municipal y jurar silencio por el bien de él y el resto de su familia.
Otros testimonios confirmaron el dicho de que entre 7 y 10 mil pesos les cobraron para dejarlos salir.
A Gualberto, como a los otros 30 detenidos incluidos los menores de 13, 14, 15, 16 y 17 años, les cerraron las heridas sin anestesia; tales tratos denigrantes e inhumanos en términos concretos representan tortura.
Aquí se integra la complicidad cometida por el ministerio público de Poncitlán al igual que los jueces municipales, pues estos hicieron firmar a los dolientes como si no hubieran tenido lesiones, pese a que muchos, al salir de la comisaría atendieron sus lesiones en otras unidades médicas distintas a las municipales.
Cuando afirmamos que era de conocimiento de las autoridades estatales a qué tipo de personaje entregaban la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito cuando nombraron a Gabriel Octavio Torres Bastida, ignoraron sus antecedentes de torturador en Tonalá al detener y torturar a tres personas en 2014; por si no fuera suficiente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos le giró dos recomendaciones por “sembrar” droga a detenidos.
Gabriel Octavio duró como comisario en Poncitlán solo 10 meses, pero los daños provocados a la población, no se han cuantificado aún.
Una corporación colmada de quejas por violaciones a los derechos humanos
Durante el año de 2019 la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito fue objeto de 74 quejas por violaciones a los derechos humanos; cuando resaltó fue en trimestre de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, pues la corporación registró una queja colectiva que incluyó 69 testimonios en el mes de octubre, es decir que esta dependencia fue la que tuvo más quejas en Jalisco, siendo superada solo por la propia Fiscalía del Estado.
Por ejemplo, durante el mes de junio no existe queja alguna, sin embargo sí existe el antecedente donde los pobladores de San Pedro Itzicán fueron violentados durante las fiestas patronales de la localidad, pues durante el 23 de junio realizaron disparos y amenazaron a la población, de igual forma el día 25 se volvió a perpetrar un ataque a los pobladores, donde incluso golpearon a los habitantes con martillos sobre su cuerpo.
En ese municipio no se salvó ni la Fiscalía del Estado, pues en Poncitlán, en el mes de julio de 2019, mataron al Fiscal Regional, Gonzalo Huitrón Reynoso.
Lo que se ha denunciado es: violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, ejercicio indebido de la función pública, intimidación, lesiones, prestación indebida del servicio público, violación al derecho a la integridad y seguridad personal, desaparición forzada, tortura.
La reestructuración de corporaciones policíacas debe pasar primero por el acceso de las víctimas a la justicia, sin mesas de diálogo que medien los delitos cometidos, pero como explica Gualberto desde el corazón de Mezcala, él no tiene garantías para denunciar y las secuelas de miedo no abandonan a su familia.
En los recientes años van 91 quejas puestas en la comisión estatal. En 2014, cinco; en 2015, cuatro; en 2016, una; en 2017 cuatro; en 2018 dos; en 2019, 74. Este año apenas se ingresó una.
**Gualberto es nombre ficticio para resguardar la identidad y seguridad de la víctima que confió en Perimetral.
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Buenas tardes, todo lo que mencionan en este artículo, me tocó vivirlo en carne propia junto con mi hijo fue una experiencia orrible que no se le desea a nadie, me dieron una golpiza adentro de la comandancia de poncitlan y me amenazaron que no denunciara por que nos iba ir peor, ahora que leo la noticia me da gusto saber que ya los quitaron.
Muchas gracias por escribir y externar la atrocidad que vivieron como familia. No debe repetirse y el interés de Perimetral, al contarlo, es dejar documentado que somos más los que sabemos las violaciones a los derechos humanos cometidos y la corrupción.
Jade Ramírez
Editora general
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