Balance ambiental 2025: México amplió la dependencia al gas y petróleo y recortó recursos para conservación, pesca y acción climática
Por: Gonzalo Ortuño López. Fotos: Mongabay. Fecha: 1 de diciembre, 2025
- Con recortes presupuestarios, la violencia contra defensores del territorio, las políticas de adaptación al cambio climático y el sector pesquero han quedado relegados por la industria fósil, coinciden ambientalistas, expertos y defensores.
- Mientras la administración de la primera mujer científica en México presume políticas ambientales contra la crisis climática, su Gobierno impulsa la industria petrolera y debilita las instituciones ambientales.
- México sigue sin implementar acciones concretas para cumplir con el Acuerdo de Escazú, pese a que es de los países más violentos para defensores del territorio.
- El abandono de la pesca se hizo más evidente con la apuesta para rescatar a la empresa petrolera estatal Pemex, señalan especialistas y ambientalistas.
La expectativa positiva que generó la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de México —con una formación y trayectoria científica— se topó con la realidad en 2025, un año en el que la nueva administración incluyó la agenda ambiental en su discurso, pero al mismo tiempo priorizó a la industria de gas y petróleo por encima de la acción climática, la protección de áreas naturales, la atención a la pesca y a las personas defensoras del territorio.
El primer presupuesto elaborado por la Presidenta dejó claras las prioridades: una reducción presupuestaria en instituciones y programas ambientales, así como la concentración del dinero destinado a cambio climático y transición energética en proyectos del Ejército. Pero, además, llegó con el empoderamiento a Pemex, la empresa estatal productora de petróleo, en un nuevo intento para reducir su histórico endeudamiento.
La administración de Sheinbaum ha insistido en que realiza acciones y compromisos ambientales, como impulsar las energías renovables para que representen el 35 % de la electricidad en 2030, reforzar las brigadas de reforestación mediante el programa Sembrando Vida e incrementar las redes de trenes de pasajeros, así como lanzar vehículos eléctricos mexicanos.
Sin embargo, al mismo tiempo busca reactivar refinerías a su máxima capacidad para producir un tope de 1.8 millones de barriles diarios hacia 2030. También omite señalar la falta de evidencia en la efectividad de programas de reforestación o sobre la cantidad incierta de minerales como el litio en México para el desarrollo de tecnologías alternativas, como ha reportado Mongabay Latam.
Estos mensajes contradictorios no pasan desapercibidos para especialistas, organizaciones ambientales e incluso personas afectadas por la crisis climática, quienes cuentan cómo ha sido ambientalmente 2025 para México.
Lo grave: áreas naturales, sin dinero y en peligro
Gina lleana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de la coalición de organizaciones Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), comenta que la deuda con las Áreas Naturales Protegidas (ANP) va más allá de las reducciones en el presupuesto 2026, al considerar que es la base para implementar medidas ambientales.
Señala como ejemplo el principal compromiso de México, respecto a las áreas naturales, que busca conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de sus ecosistemas terrestres, marinos y de aguas continentales para 2030, como parte del acuerdo Marco Mundial para la Diversidad Biológica adoptado en 2022 por 196 países.
“Hay avances, por un lado, que abonan a la meta 2030, al sumar territorio protegido, pero sin los recursos públicos suficientes, simple y sencillamente dejan a las áreas vulnerables, desprotegidas, sólo como líneas en un mapa destinadas a desaparecer”, afirma Chacón, coordinadora del informe que analiza el presupuesto ambiental para 2026.
La ambientalista argumenta que las áreas protegidas no solo dependen de recursos públicos para su preservación, sino también de elementos de política pública que considera que no se están realizando, como los planes de manejo, los cuales contienen información clave de las ANP, como sus características, amenazas y alternativas para su cuidado.
De acuerdo con el análisis de NOSSA, de las 232 áreas naturales, solo el 60 %(140) cuenta con planes de manejo, los cuales también deben estar en constante actualización y ser consultados con las comunidades y poblaciones que habitan dentro de ellas. Sin embargo, relata Chacón, esta consulta no ha sido una práctica común, incluyendo 2025.
“Los programas de manejo deben elaborarse de la mano en las comunidades indígenas que habitan dentro y en el área de influencia. Podrán tener algún tipo de aviso o consulta muy superficial, pero no involucran de manera profunda a las comunidades para recibir sus conocimientos, sus saberes para el manejo y la conservación de las áreas”, explica Chacón a Mongabay Latam.
Un ejemplo es el Área Protegida Lago de Texcoco, ubicada en la región del Valle de México, cerca de la capital del país, cuyo programa de manejo se emitió dos años después de la declaratoria y sin la participación de comunidades indígenas de la zona.
“En ese programa de manejo se explica que no había población indígena ‘considerable’, por lo cual no era necesario realizar una consulta y una participación de esta comunidad. Eso pone en duda los procedimientos, la manera en que se integran a estas poblaciones. Sabemos que en el Lago de Texcoco hay presencia de población indígena desde el origen de la propia Ciudad de México”, destaca la ambientalista.
Chacón destaca que si las instituciones ambientales no cuentan los recursos suficientes para sostenerse operativamente, menos podrán hacer estudios que requieran la participación de especialistas, como ecólogos, sociólogos o tecnólogos, para una consulta libre y participativa de las comunidades. “Con escasez de recursos difícilmente se puede llegar también a la elaboración de programas de esta manera”, sostiene.
Además de la insuficiencia presupuestal, el informe de NOSSA advierte que por el pago que hacen los visitantes a las ANP, en 2024 se obtuvo una recaudación histórica superior a los 18 millones de dólares. Y aunque el 94 % de esos recursos retornaron a la Conanp, la mayoría se utilizó para sostener la operación de la institución y no para acciones directas de conservación y restauración.
Ese dinero se usó, principalmente, en el pago de “cuotas y aportaciones a organismos internacionales”, renta de vehículos, impresiones oficiales y remuneraciones al personal de la Conanp, de acuerdo con solicitudes de información hechas para el análisis de las organizaciones.
“La asignación de recursos públicos habla sin discurso sobre las prioridades del Estado. El ambiente no lo ha sido”, sostiene Chacón.
Lo preocupante: presiones económicas y criminales
Históricamente, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han enfrentado presiones de grupos del crimen organizado e industrias que buscan explotar principalmente recursos mineros y forestales. Esto no cambió en 2025, donde la falta de presupuesto también impidió un mejor monitoreo de zonas estratégicas para algunas economías.
Un caso es el de la Reserva de la Mariposa Monarca, que además de ser refugio del insecto migratorio se ve amenazada por la tala ilegal y el crimen organizado. Sin embargo no es el único. Chacón señala que hasta 2021, había 73 proyectos mineros (principalmente de oro y plata) en áreas naturales que tienen la categoría “Reserva de la biósfera”, como el Alto Golfo de California, Río Colorado, El Vizcaíno, Sierra de Tamaulipas, Sierra Gorda, Sierra Gorda de Guanajuato, Sierra de la Laguna y Zicuirán.
“Esto resulta bastante alarmante porque precisamente la vocación de las áreas naturales es precisamente preservar los espacios, los territorios mejor conservados”, expone.
Si bien una reforma a la Ley de Minería hecha en 2023 prohibió el otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas no se aplicó de forma retroactiva, por lo que estas zonas siguen bajo la presión de economías legales e ilegales.
“Al hablar de actividades mineras, tenemos que también hablar de cómo es el manejo de los residuos dentro de estas zonas protegidas. Es algo que hemos puesto sobre la mesa distintas organizaciones porque este tipo de actividades representan una amenaza”, sostiene Chacón.
Otro ejemplo es la extracción ilegal de mercurio en minas artesanales ubicadas en la reserva Sierra Gorda de Querétaro.
De acuerdo con una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), al menos 19 minas de esta región están bajo el control del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) —uno de los grupos delictivos más poderosos de México— y que ha traficado cerca de 200 toneladas de mercurio a países como Perú, Bolivia y Colombia para la extracción ilegal de oro en la Amazonía.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) —que también tuvo un recorte presupuestal del 1.2 % este año— hizo apenas 25 visitas de inspección entre 2011 y 2025, lo que derivó en 16 clausuras y 15 sanciones en tres puntos de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Querétaro por minería ilegal de mercurio.
Además, desde el 2020 ha decomisado seis cargamentos de mercurio con destino a Uruguay, Chile, Colombia y Bolivia. Consultada por Mongabay Latam, la Profepa informó la reciente clausura de apenas una mina en esta región en octubre de 2025.
Lo crítico: defensores asesinados, una crisis que no para
Latinoamérica se ha consolidado en la última década como la región más peligrosa para los defensores ambientales y del territorio. México ha destacado en los últimos años, junto a Colombia, como los países que más casos de asesinatos.
Solo en 2024, el país registró 18 muertes y una desaparición, de acuerdo con el reporte de la organización internacional Global Witness. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró para ese mismo año un total de 25 homicidios de defensores, la segunda cifra más alta en 10 años de documentación.
“Este 2025 continúa siendo un año en el que se siguen utilizando los mismos mecanismos para impedir la labor de las personas que defienden el medio ambiente. Vemos casos de criminalización que perduran y procesos que se extienden cinco, 10, 15 años”, comenta Itzel Arteaga, abogada de la gerencia de Derechos Humanos del CEMDA.
Esta organización ha documentado el incremento de casos de criminalización contra personas defensoras en México. Solo en 2024 documentaron 77 casos.
Mongabay Latam ha dado seguimiento a historias como la de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi, dos campesinos integrantes del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, creado en 2020 por habitantes de San Pedro Tlalcuapan para defender los bosques del estado de Tlaxcala. Ambos fueron acusados de homicidio calificado por la Procuraduría estatal tras un linchamiento ocurrido en 2022. Sin embargo ambos fueron absueltos y liberados este año.
En 2025 también ha destacado el caso de los defensores mixes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), en Oaxaca, quienes enfrentan procesos judiciales por protestas pacíficas contra la construcción del Tren Interoceánico, un megaproyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, cruzando los estados de Veracruz y Oaxaca.
Arteaga destaca que la imposición de megaproyectos en territorios sin consulta previa continúa como una tendencia que origina conflictos y agresiones contra quienes defienden el ambiente.
“El patrón que se sigue repitiendo en este año es que hay una relación muy estrecha entre las agresiones que sufren las personas y los megaproyectos que se pretenden implementar o forzar a la gente a que los acepte”, expone.
Además, explica que las personas defensoras siguen enfrentando un contexto complicado con agresiones que vienen de la delincuencia organizada, pero también de autoridades y empresas.
La abogada señala que hay dos responsabilidades de las empresas hacia las personas defensoras y sus comunidades. Por un lado, asegurarse que sus proyectos “no causen impactos irreversibles o graves al medioambiente”, y por otro la corresponsabilidad de la seguridad de las personas que se oponen a su instalación en los territorios.
“No hay conciencia de que también hay empresas que fungen como autores intelectuales. Las investigaciones en el tema de agresiones por parte de los entes gubernamentales se dirigen sólo hacia el autor material, no al autor intelectual. No hay una política pública clara que los ligue a tener que responsabilizarse también de la no agresión hacia las personas que defienden el medio ambiente”, expone Arteaga.
Esto se ha reflejado en casos de asesinatos de defensores ocurridos durante 2025, quienes contaban con medidas de protección, sin que los autores materiales o intelectuales hayan sido detenidos.
Cristino Castro, quien dedicó su vida a la defensa del ecosistema costero de Barra de la Cruz, Oaxaca, ayudó a que un área natural fuera declarada santuario de tortugas pese a intereses turísticos e inmobiliarios. Fue asesinado en febrero de este año por sujetos que iban a bordo de una motocicleta y no hay personas detenidas por el caso.
También fue el caso de Marco Suástegui, asesinado en abril pasado en las playas de Acapulco, Guerrero, tras años de labor como defensor del agua y el territorio en la comunidad de Cacahuatepec. Además, encabezó la búsqueda de su hermano, también defensor del territorio, desaparecido en agosto de 2021. Su caso tampoco se ha esclarecido.
Arteaga también identifica que el mecanismo de protección a defensores no hace análisis o emite medidas de prevención y solo reacciona ante la agresión.
“No podemos seguir sólo reaccionando, hay que tener también una planeación, una prevención para identificar patrones, contextos, estados que tengan una problemática específica y que se pueda abordar de forma preventiva, incluso los focos rojos”, dice Arteaga a Mongabay Latam.
La defensora agrega que en 2025 no se vieron medidas realmente dirigidas a implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional por los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, especialmente para las personas defensoras del territorio.
Arteaga considera que no hay avances concretos para garantizar información y participación pública en materia ambiental porque las autoridades encargadas de autorizar licencias ambientales no tienen conocimiento del acuerdo ni de su implementación, pese a que la actual secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, fue una figura clave para impulsar el tratado desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (CEPAL).
Consultada al respecto, la secretaria Bárcena reconoció que esta falta de implementación se ha traducido en la muerte de defensores, por lo que trabajan con la Secretaría de Gobernación para atender esta crisis.
“Hemos tenido fallecimientos importantes. Ellos [los defensores] se reportan con nosotros, lo que estamos abriendo es un proceso en donde se reporten y nos digan qué problemas se están visualizando para ofrecerles una protección coordinada entre Gobernación y Semarnat”, dijo la funcionaria a Mongabay Latam en entrevista.
Tanto Arteaga como Chacón coinciden en que la falta de presupuesto también representa un riesgo para la implementación del acuerdo y de la justicia ambiental en el país.
“A nivel federal y en algunos estados están rebasados. No tienen el presupuesto ni económico ni recursos humanos para afrontar la necesidad que se tiene para proteger a personas defensoras”, considera la abogada del CEMDA.
“Es un retroceso gravísimo para el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que alude al acceso a la justicia ambiental, a la función de tribunales especializados, a la función de instancias que puedan atender y garantizar la justicia ambiental en un país en el que se matan a defensores ambientales. Es otra gran deuda de este año”, sostiene Chacón.
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