Gobierno de AMLO beneficia a empresario que es parte de una red que defraudó al fisco por 55 mil millones de pesos
Por: Manu Ureste y Francisco Sandoval
Primera parte
Sinaloa.- Es viernes, 11 de octubre de 2019. El Presidente Andrés Manuel López Obrador camina por la alfombra de pasto artificial del estadio de los Algodoneros de Guasave, el Francisco Carranza Limón, con los brazos alzados al cielo y saludando al graderío.
López Obrador está contento, sonriente. Feliz por ver una promesa de campaña cumplida: “El beisbol va a regresar a Guasave”.
Para hacerlo, su Gobierno invirtió 65 millones de pesos en remodelar el viejo Carranza Limón, a los que el Gobierno de Sinaloa sumó 6 millones y medio, y el empresario Alfredo Harp Helú otros 65 millones. En total, 136 millones de pesos para ampliar el aforo del estadio a 8 mil butacas, comprar una pantalla gigante, y construir palcos nuevos y un estacionamiento.
Además, el equipo ya tiene nuevo dueño, que era el último obstáculo para que la franquicia algodonera regresara a la Liga Mexicana del Pacífico tras cinco años de ausencia. Se trata del mazatleco Alfredo Aramburo Nájar, un empresario joven, reconocido en 2015 como el contador público del año en el sur de Sinaloa, y con experiencia en el mundo del beisbol tras su paso por Los Generales de Durango.
Aramburo, de hecho, no es un desconocido para el Gobierno: es asesor externo de un comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis), que tiene como objetivo impulsar el plan del Presidente de crear escuelas de talentos por todo el país. Y un mes antes de la reinauguración del Carranza, el 19 de septiembre, la Secretaría de Educación (SEP) benefició a una de sus empresas con otros 25 millones de pesos para que, en tres meses, buscara jóvenes promesas del béisbol.
“Nos comprometimos a que regresarían los Algodoneros. Ya se cumplió”, presumió López Obrador en Twitter la noche del 11 de octubre, luego de que cortara el listón de reapertura del estadio, lanzara cuatro bolas rápidas, y Aramburo, que hizo de ampáyer, gritara ¡strike!
Una fiesta redonda, salvo por un dato: Alfredo Aramburo, que recibió un estadio remodelado con dinero público y que además obtuvo la concesión para explotarlo económicamente durante 15 años, forma parte de una red de empresas denunciadas por el propio Gobierno Federal por defraudación fiscal y lavado de dinero.
El mecanismo del “gran fraude”
El 23 de junio pasado, el Gobierno Federal denunció un “gran fraude” al fisco por 55 mil millones de pesos, operado por 43 empresas factureras.
Una de las empresas mencionadas es Costa Bella and Sands, en cuya documentación aparecen como dueños familiares de Alfredo Aramburo, otras empresas de su familia, y múltiples personas que trabajan para sus compañías.
La Procuraduría Fiscal denunció penalmente a esta empresa porque se trata de una facturera. Es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personal trabajando, ni activos, y que emite facturas falsas para hacer pasar por reales servicios que no existen, que simula ante Hacienda.
A partir de este mecanismo, las factureras inflan tanto esos gastos ficticios que llegan a exigir a la Secretaría de Hacienda que le devuelva impuestos, obteniendo cientos de millones del erario.
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