Asamblea Estudiantil del CUCSH frena suspensiones por adeudo

Asamblea Estudiantil del CUCSH frena suspensiones por adeudo

Por: Perimetral Press. Fotos: Revista Para Esto. Fecha: 11 de mayo, 2026

Tras una serie de diálogos con autoridades de la rectoría del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, el pasado miércoles los integrantes de la Asamblea Estudiantil del CUCSH logró un acuerdo con la rectora Dulce María Zúñiga para dejar sin efecto la suspensión temporal por adeudos económicos.

Tras semanas de tensión y la entrega de más de 350 firmas, los estudiantes argumentaron a la rectora cómo las suspensiones amenazaban la continuidad académica de cientos de alumnos.

Además, la agrupación consiguió que las autoridades universitarias priorizaran el derecho a la educación sobre la recaudación administrativa.

El conflicto escaló durante el actual periodo final de cursos cuando la administración del campus anunció un calendario de «suspensión por adeudo». Esto para los días 4 y 5 de mayo, fecha que posteriormente fue movida a finales de junio.

La comunidad interpretó la medida coercitiva que trasladaba la falta presupuestal a los estudiantes y sus familias. Además, se condicionó el registro de calificaciones y la permanencia en las aulas al pago de cuotas y aranceles.

Los argumentos

Los estudiantes argumentaron que cualquier bloqueo administrativo por razones financieras vulneraría el Artículo tercero constitucional. Este establece que el Estado debe garantizar no sólo el acceso, sino la permanencia y continuidad en el nivel superior.

Además, de acuerdo con el Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, contradice la medida propuesta por las autoridades del CUCSH.

“La carencia de recursos no será en ningún caso motivo para que se niegue el ingreso o permanencia en la institución», de acuerdo con los argumentos a través de un comunicado de la Asamblea.

Bajo el ordenamiento universitario, la Asamblea demostró que, aunque no existiera una expulsión formal, la suspensión de trámites constituye impide que el alumno avance en su trayectoria académica.

Irregularidades y el factor del «polvorín»

La Asamblea denunció una campaña de condonaciones irregular. Lejos de cumplir con estos mandatos, a través de comunicaciones institucionales y de supuesta “representación estudiantil” inició una campaña de condonaciones del 50 por ciento y 100 por ciento de adeudos. Esto supuestamente representaba una solución accesible para regularizar la situación del estudiantado.

Sin embargo, esta campaña también estuvo marcada por la falta de claridad y transparencia pues no se informó oportunamente qué dichas condonaciones aplicaban exclusivamente a pagos de matrícula.

Lo anterior dejó fuera otros conceptos como los exámenes extraordinarios. Esta omisión afectó directamente a estudiantes que, confiando en la información difundida, iniciaron procesos que no resolvían integralmente su situación académica.

Sin embargo, el elemento que terminó por inclinar la balanza fue la difusión de un audio atribuido a la rectora Dulce María Zúñiga. En el material, se reconoce el uso de la suspensión como un «polvorín» para que los estudiantes “se pusieran la camiseta” y “reaccionaran” con efectivo.

“Evidenciando el uso de la trayectoria académica como herramienta de presión económica o mecanismo de presión ante la baja respuesta a campañas previas de regularización”, de acuerdo con el comunicado.

Exigencias

Con este acuerdo, la Universidad se ve obligada a reconsiderar su gestión financiera. Los estudiantes exigen ahora transparencia total sobre el destino del presupuesto universitario.

Los estudiantes desplegaron una serie de exigencias.

La no aplicación de cualquier tipo de sanción o suspensión por motivos de adeudo.
La garantía de captura de calificaciones, re-inscripción y continuidad académica sin condicionamiento económico, incluso si estos se extienden hasta etapas finales como la titulación.
La publicación clara del fundamento normativo de estas medidas y de los mecanismos de apelación.
Que no se traslade al alumnado la responsabilidad del sostenimiento operativo de la institución.
Transparencia de los recursos universitarios.
La apertura de un diálogo público con participación estudiantil autónoma.

“Defender la educación pública implica defenderla como un derecho, no como un servicio condicionado por la capacidad de pago. La universidad debe ser un espacio de formación, inclusión y justicia social”.

Además, convocaron a estudiantes, docentes y trabajadores a organizarse colectivamente para garantizar que ningún proceso académico sea condicionado por razones económicas.

“La educación pública no se negocia. Se defiende”.

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