Zona nahua de Montaña baja, entre violencia y marginalidad

Zona nahua de Montaña baja, entre violencia y marginalidad

Texto por: Beatriz García. Foto: Margena de la O. Fecha: 25 de mayo, 2026

Las autoridades simplifican las causas de lo que ocurre en Chilapa y sus pueblos nahuas. Los grupos criminales que pelean territorio, colectivos de derechos humanos piden abrir el debate a la necesidad de desarraigar estructuras criminales y a atender un desamparo institucional histórico

El debate entre las autoridades federales, estatales y municipales sobre la violencia que ocurre en las comunidades de la Montaña baja, de manera particular la zona nahua de Chilapa, está centrada en repartir la culpa. Se discute sobre quién o quiénes comenzaron los enfrentamientos y si estas pertenecen a los grupos criminales de Los Ardillos o Los Tlacos.

Una narrativa que vuelve a dejar la responsabilidad en el plano criminal. Y deja en medio de la confrontación a hombres, mujeres, niños y niñas que viven en la marginalidad.

Sigue sin quedar claro cuál es el motivo de la violencia reciente que expulsó o desplazó a habitantes de sus comunidades. Pero la situación en la región no es reciente, lleva más de dos décadas.

Al inicio, habitantes de Acahuhuetlán, Alcozacán, Tula y Xicotlán denunciaron que eran atacados con armas de fuego y explosivos.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y la organización aliada Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), que denunciaron los ataques armados y los desplazamientos, señalaron de manera directa al grupo criminal de Los Ardillos como los agresores.

Después surgieron nuevas versiones sobre el conflicto armado en la región.

Habitantes de Xicotlán señalaron del ataque contra ellos, en particular a integrantes del Cipog-EZ y de la CRAC-PF, de acuerdo con los testimonios recabados por este medio en la comunidad.

En medio de toda esta situación de violencia quedaron los habitantes.

Entender el conflicto

Para tratar de entender el conflicto actual es indispensable revisar el año 2014, fecha en que nace la CRAC-PF en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.

Este sistema de seguridad y justicia comunitaria indígena –son nahuas– surgió por la desatención institucional y en respuesta al avance del crimen organizado. En ese momento, las comunidades identificaron las operaciones de los grupos criminales Los Rojos, que fueron desplazados. Y Los Ardillos que permanecen, de acuerdo con fuentes oficiales, pero en ese momento apenas avanzaban en la región.

Hoy en día, la permanencia de esta estructura comunitaria, aun cuando existan señalamientos que cuestionan el propósito de su origen, tiene que ver con una necesidad de defender su autonomía territorial frente a la histórica incursión de Los Ardillos en el corredor que incluye a las comunidades de Alcozacán, Tula, Xicotlán y Acahuhuetlán, de acuerdo con lo que sostienen integrantes de este sistema de justicia de manera pública.

El sistema de la CRAC-PF nació en 1995 en diferentes municipios y comunidades del corredor Costa-Montaña, y después se amplió a otras partes del estado, como Montaña baja.

La Montaña baja conecta con otra zona más amplia que a estos pueblos nahuas. Al norte, por ejemplo, con Zitlala y Ahucuotzingo, y al sur con José Joaquín de Herrera, Miochitlán, Quechultenango y Tixtla, y en todos estos sitios tendría influencia en grupo criminal de Los Ardillos, según la radiografía criminal hecha por este gobierno estatal.

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