INAI somete a Gob Federal; negó información de espionaje a defensores y feministas

INAI somete al Gob. Federal; negó información de espionaje a defensores y feministas

^{Por: Jade Ramírez y Abigail Arias. Foto: Elizabeth Barrera. Fecha: 26 de agosto, 2024}

Durante tres meses el ex CISEN intentó evadir la obligación de asumir su labor y transparentar documentos tendientes al espionaje de movimientos sociales.

Debate entre comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por recurso de revisión de este medio, logra que el Centro Nacional de Inteligencia abra una lista de a quién estudia según su labor de defensa de los derechos humanos.

El viernes 22 de marzo en 2024 el medio La Opinión de México hizo pública información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sobre haber actualizado un padrón de agrupaciones disidentes al gobierno de la Cuarta Transformación.

Es el CNI la fuente oficial de la nota periodística donde se cita el análisis y listados elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las dependencias del Gobierno Federal llaman a lo que el medio relató: padrón de Grupos Disruptivos.

Medios al servicio de militares

La nota informativa no matiza sobre la preocupación del CNI porque <<ramificaciones>> de grupos feministas y disidentes políticos trabajan o están ligados al <<crimen organizado>>, tampoco hizo un contraste ni presentó contexto para confirmar o desmentir los dichos del Centro Nacional de Inteligencia.

Durante toda la información publicada por La Opinión de México que firma Urbano Barrera, nunca se menciona que se trata de una investigación propia o reportería del propio medio.

Al contrario, refiere que el padrón Grupos Disruptivos se actualizó dejando la orientación a que no se trata de un documento nuevo, sino una práctica sistemática de observación y análisis, que brinca al espionaje.

También se advierte que el CNI tomará decisiones arbitrarias contra los protocolos existentes en la realización de marchas y protestas; <<Asistentes a concentraciones masivas serán filtrados y cacheados>> se lee.

Por la descripción de grupos anarquistas, sociales, agrupaciones autodenominadas feministas, organismos civiles que defienden derechos humanos relativos a la desaparición forzada y ejecución extrajudicial y el tono de la nota que criminaliza la protesta equiparándola con la delincuencia organizada, solicitamos en la Plataforma Nacional de Transparencia el mismo documento al que La Opinión de México ya había tenido acceso.

El interés también era aclarar si se trató de un comunicado de prensa que envío el CNI a varios medios y conocer los detalles descriptivos.

Hay que mencionar que esta dependencia con rango de secretaría de Estado la dirige un militar y trabaja coordinadamente con las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República.

Así inició un largo proceso de pelear con el sujeto obligado en la única ventanilla <<segura>> que tenemos las periodistas al querer multiplicar el derecho a la información para sostener el bien común que es la misma.

Centro Nacional de Intelidencia niega tres veces la existencia de la información

El 1 de abril realizamos una solicitud de transparencia a través del INAI.

Se pidió una copia actualizada del documento titulado <<Padrón Grupos Disruptivos en México>> y en la solicitud se brindó como referencia la nota informativa del 22 de marzo de 2024.

El 11 de abril el CNI respondió indicando que, tras realizar una búsqueda <<exhaustiva>> y <<razonable>> no localizó el documento solicitado. 

Eloisa López López como titular de la Unidad de Transparencia del Centro Nacional de Inteligencia, además de no encontrar la información dio más pasos y declaró la INCOMPETENCIA, tratando de terminar de deslindar al sujeto obligado de hacer pública su información.

El CNI aplicó el Criterio SO/007/2017 del INAI para declarar la inexistencia de la información. 

Ante esta respuesta negativa para presentar información que se le atribuye al CNI, el 12 de abril presentamos un recurso de revisión por el fácil mecanismo de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En este recurso cuestionamos que lo exhaustivo de la búsqueda realizada por el CNI no fue tal.

También se manifestaron dudas sobre la posible evasión de la obligación de transparentar la información y se argumentó que podría existir un listado similar al mencionado en la nota de prensa, aunque se llamase de otra forma.

El 16 de abril de 2024, el INAI resolvió revocar la respuesta del CNI. La decisión ordenó a la oficina gubernamental realizar una nueva búsqueda, ya que se consideró que la búsqueda inicial fue restrictiva y no cumplió con el principio de máxima publicidad.

El 24 de abril de 2024 el CNI presentó alegatos en respuesta a la inconformidad. Reiteró que la búsqueda realizada fue exhaustiva y adecuada, argumentando que la nota periodística citada no tenía valor probatorio. 

Comisionada del INAI protegió al Gobierno Federal, otra revocó todo

El 7 de mayo de 2024 se cerró la etapa de investigación del caso y, al día siguiente, se notificó la resistencia del sujeto obligado a explicar la existencia del padrón. 

Ese mismo día, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas presentó una propuesta de resolución para ya cerrar el caso donde pedíamos que se transparentaba, pero el Pleno –siete personas- no la aprobó y decidió hacer ajustes al proyecto.

El Pleno del INAI evaluó el caso con base en la legislación y los estatutos pertinentes. Se examinó la procedencia del recurso y se determinó que la respuesta del CNI fue restrictiva a la beneficiaria del derecho a la información, en este caso Jade Ramírez.

La decisión final ordenó una nueva búsqueda puntual y exhaustiva y la elaboración de versiones públicas si se encontraba información confidencial, apelando a que podría llamarse de otra forma el documento y dándole peso a que el medio La Opinión de México les cita como fuente de información.

Ordenó el INAI que en caso de no encontrar la información, el CNI debía emitir un acta explicativa.

La nueva búsqueda realizada por el CNI no encontró el documento solicitado, se resistió a conceder o negar que envió información al medio La Opinión de México.

Sin embargo, se localizó un documento relacionado con acciones de grupos que se autodenominan anarquistas, insurreccionalistas, eco-extremistas o eco-terroristas. 

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Las acciones enlistadas son del 2006 al 2019, lo cual limita lo solicitado, pues no se trata de un padrón reciente. 

Aquí adjuntamos lo que sí entregó el CNI.

De la lista al espionaje, del espionaje a agresiones

Buscamos al Comité Cerezo México –organización civil fundada hace 30 años- por ser la agrupación a la que se le atribuye en la nota del medio La Opinión de México ser los <<líderes históricos>> que defienden su causa propia o que dan apoyo.

Podría parecer gracioso que los colocan como los abuelitos de la lucha, pero en concreto estar en un padrón del Centro Nacional de Inteligencia a cargo del Ejército mexicano, se suma a la larga lista criminalización, acoso político, espionaje y agresiones que les ha alcanzado.

En entrevista con el defensor de derechos humanos Alejandro Cerezo quien también es coordinador de Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), primero pone sobre la mesa cómo este tipo de notas en La Opinión de México <<Es una mala costumbre de dependencias civiles y militares; acostumbran a filtrar boletines a periodistas de tal manera que se acusan a ONG sociales y políticas como supuestos delincuentes y terroristas>>.

Al menos ellos tienen registro que desde el año 2003 la inteligencia militar los señala –fueron encarcelados Antonio, Héctor y Alejandro acusados de terrorismo y delincuencia organizada en un penal de máxima seguridad sin pruebas suficientes- e incluso corresponsales extranjeros les mostraron cómo boletinaron a medios internacionales un organigrama de una familia de los líderes de la guerrilla y ellos estaban ahí.

Hubiéramos querido que en este sexenio no siguieran, pero no fue así. Este año se filtró otro boletín donde nos equiparan grupos de la delincuencia organizada. Hace dos años durante un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un sujeto que evidentemente estaba hostigando a la gente, tomaba fotos del plantón. Lo interceptan, le piden su cámara y encuentran fotos de 2018 al 2022.

El problema radica en que se ha normalizado que haya acoso a cualquier protesta social.

Militar fotografió fuera de protestas

Aquella ocasión encontraron fotos de ellos no públicas sino tomadas desde un vehículo donde se ven integrantes del CCM no en actividades públicas sino en otros sitios y eso, denunciaron, no es un simple ejercicio de inteligencia sino espionaje que constituye un delito sobre todo si se hace sin orden judicial.

En ese momento el espía militar portaba credenciales como trabajador del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED) y un talón de pago del propio CNI.

Esta ilegalidad es de los anteriores –presidentes- y el de este sexenio. Por más que el presidente AMLO alegue que no se hace espionaje lo anterior es una prueba que sí se hace; a quién nos acusa de golpeadores de la izquierda o útiles a la derecha, pero no se presentan las denuncias correspondientes. Por ley un servidor público si tiene conocimiento de un delito éste investigar pero peor no lo hacen y por tanto no existe.

Antes de las agresiones hay espionaje y seguimiento

ACUDDEH ha documentado que sí hay vigilancia y hostigamiento: fotos, videos, amenazas, formas no tan graves como la detención y ejecución extrajudicial, pero al menos a ocho organizaciones sí les pasó, comenta.

Al conversar sobre los resultados de pedir información vía transparencia, afirma que han perdido la esperanza de la denuncia por <<no se hace nada y es perder el tiempo, revictimizarse y confirmar que hay impunidad>>.

Todo mundo dice que AMLO es terco y eso le ha servido, pero la negación del espionaje o que el Ejército tiene un papel en algunos lugares de por lo menos omisión ante violaciones graves a los derechos humanos y no hacen nada, o la Guardia Nacional siendo testigo, y ya no se diga la omisión de la Fiscalía General de la República que podrían atraer casos, nada más por la relevancia de tratarse de periodistas y defensores bajo el argumento de que hay autonomía de los gobiernos estatales, pero deriva que la autonomía implica impunidad.

–¿Qué se busca con estos discursos?

–Continuar la criminalización y deslegitimizar la labor que realizan feministas, anarquistas o defensores de derechos humanos.

Advierte Alejandro Cerezo que esto al normalizarse ya no genera un costo político porque la sociedad –sobre todo los seguidores del presidente AMLO- ya piensa mal de estos perfiles y los denomina malos, terroristas y delincuentes.

La Mañanera: criminaliza la defensa de derechos humanos

Antes de concluir la entrevista con quien estuvo preso en un penal de máxima seguridad acusado de terrorismo que no se comprobó, señala que jamás le he visto decir al presidente López Obrador una distinción entre organismos civiles cuando arremete con las que le atacan, y no dice que hay otras que no lo hacen y son buenas.

Resulta preocupante que <<hay algunas ONG que no lo toman en serio, muy chispitas que siguen en la lela>>, comenta. Le pregunto por la desmovilización actual y división entre periodistas y activistas pro 4T y responde:

La desmovilización es por diferentes causas, la represión es un factor y en este sexenio es más complejo al ser AMLO muy inteligente; sí puso en jaque a diversas ONG que nos guste o no sí intermedian con apoyos gubernamentales. Algunas se extinguieron y quedaron la chiquillada que trabaja con víctimas pero no reciben dinero, ni son gestores del dinero del gobierno, eso es desmovilizar.

Para Alejandro Cerezo Contreras, resulta de la 4T <<un mal precedente que no se sienten a interlocutar a diferencia del PRI y el PAN que sí lo hacían porque al no sentarse, dicen: no existes>>

EL DATO 

De los tres pendientes legislativos que deja la 4T al cierre del sexenio de López Obrador como presidente donde tenía mayoría, dos tienen un impacto directo con el quehacer de personas defensoras de derechos humanos: la Ley Minera y la reforma a la Ley de Protección a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Iniciativas que fueron propuestas por el propio AMLO pero obstruidas, olvidadas y cercenadas por la bancada de diputados que llegaron con él.

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