Falla Fiscalía en investigar a pederasta, gobierno administra el caso en redes sociales y la menor es revictimizada

Foto: Redes sociales

Puerto Vallarta, Jalisco 16 agosto.- “Nunca me esperé que el juez fuera a hacer esta no vinculación más desde los prejuicios sexuales, más desde imponerle a la víctima una serie de condiciones que ningún tipo penal impone; eso me movió y a la familia de la víctima también, les movió muy feo: entendieron que su hija había sido la responsable –del abuso sexual-, porque no tuvo ciertas conductas, y entonces ella fue la responsable”, es lo que me describe Sandra Quiñones abogada que estuvo en la audiencia del viernes pasado dentro del Centro de Justicia para la Mujer, donde el juez Jorge Solis Arana no vinculó a proceso por corrupción de menores al ex director de Recursos Humanos de la policía local.

Por ese motivo el juez fue suspendido sin goce de sueldo, según un tweet del presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, Ricardo Suro Esteves.

En la audiencia que no fue pública por tratarse de delitos sexuales en contra de una menor, la víctima de 10 años a la que tenía el funcionario del ayuntamiento vallartanse, Luis Alonso “N” en contra de su voluntad, desnuda y la que subió a un auto a la fuerza, pasó junto a su familia otro momento indigno y de dolor innecesario, dice la abogada Sandra Quiñones quien ya es coadyuvante del MP, por aprobación de la familia.

Por la torpeza de la Fiscalía del Estado de Jalisco, de promover un segundo delito en contra del agresor, pero con la misma investigación sin nuevos datos o evidencias, los presentes en la tercera audiencia, particularmente la niña violentada y su madre, conocieron no solo que el juez Jorge Solís Arana desechó los elementos de prueba y negó la imputación para vincular a un nuevo proceso a quien fuera director de Recursos Humanos en la Comisaría de Seguridad Ciudadana del puerto, sino que también fue castigada con la resolución al responsabilizarla.

Sandra Quiñones recupera textualmente cómo fue el momento.

Para configurar el delito de corrupción de menores no hay un a, b, c, sino una serie de impactos, trastornos y circunstancias que son muy diferentes en cada víctima, explica la abogada. Lo que sí hizo la FE fue un desorden con las investigaciones al grado que al domingo a medio día, no sabían en la fiscalía regional decirle con qué ministerio público iba a coordinarse ella como coadyuvante.

Con ello se explica porqué Puerto Vallarta es capital y escondite de pederastas: “por una visión machista del problema” pero sobre todo por las denuncias que se hacen se topan con una deficiente investigación del ministerio público; lo que pretendió la Fiscalía del Estado argumenta la abogada de la familia, era que el agresor fuera juzgado dos veces por el mismo delito.

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Ausencia y vacío de acciones concretas en el gobierno del estado

La abogada cuenta a Perimetral que la familia está bajo resguardo porque ha sido abrumador todo el suceso. Afirma que tanto el gobernador Enrique Alfaro como la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, están haciendo uso político o cuidando más las relaciones de poder a las que puede alcanzar el caso, que a la menor en riesgo.

Igualdad Sustantiva, al servicio de ¿Quién?

La destitución del juez es lo que menos pesa en estos momentos para el caso, asegura la abogada, sino quién es la defensa del exservidor público, la cadena de involucrados en actos de pederastia y lo tarde que aparece la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pues a decir de la activista, no ha habido acciones en Puerto Vallarta hasta antes del caso de la menor pese a que el municipio tiene Alerta de Violencia de Género.

Perimetral solicitó el lunes 10 de agosto una tarjeta informativa para conocer las acciones que había emprendido la secretaría, pero el área de prensa argumentó que estaba obteniendo la información.

Ya antes en redes sociales comentó la encargada del despacho María Elena García que “estaba en comunicación con la familia”; el domingo 16 de agosto se volvió a solicitar el reporte de lo que había hecho la dependencia estatal durante el proceso de las primeras audiencias, no lo que harían según su comunicado del 14 de agosto, y se respondió que seguían obteniendo la información.

Aunque en el pronunciamiento de la SISEMH asegura que “incorporará al acompañamiento técnico-juridico al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social” a decir de la coadyuvante, la familia ni enterada está de esa afirmación.

A decir de las activistas involucradas en el caso que visibilizan en protestas y marchas el estado de riesgo en el que están las y los menores de edad en Puerto Vallarta, lo que la Secretaría de Igualdad Sustantiva sí podría emprender es presentar una queja en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado, en la Contraloría del Estado o en la Fiscalía Anticorrupción por la integración deficiente de la carpeta o promoviendo que la CEDHJ inicie una queja por los errores del ministerio público.

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Luis Alonso “N” sigue en prisión preventiva, se asignará el caso a un nuevo juez y la defensa del agresor buscará presentar a la familia un convenio de reparación de daño para que el imputado por delito sexual, pueda seguir el proceso en libertad.

Radialista y reportera desde la adolescencia. Cubro la agenda social con perspectiva de derechos humanos, la fuente cultural me forjó en la etnografía. Han caído premios en la Bienal Internacional de Radio, premios estatales, nacionales e internacionales, pero lo que más me motiva es hacer ruido con el periodismo sonoro. Soy parte de la Red de Periodistas de a Pie.

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