Foto: Casas Bali
El Salto, Jalisco a 7 de septiembre 2020.- Hace menos de un mes la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió las Medidas Cautelares 69, 70 y 71/2020/II a favor de dos integrantes de Un Salto de Vida AC, pero que impactarán favorablemente en toda la población del municipio. Fue el 18 de agosto cuando se enviaron a los quejosos de violarse varios derechos entre ellos el derecho humano al agua por la construcción del fraccionamiento El Mirador.
Las Cautelares se concentra en que Semadet, Proepa, la Coordinación General de Gestión de la Ciudad; el gobierno municipal de El Salto y cinco dependencias: Dirección de Inspección y Vigilancia, la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Padrón y Licencia, Agua Potable y Alcantarillado así como Contraloría, rindan y cumplan una serie de informes sobre cómo es que se construye el fraccionamiento El Mirador, por tratarse de un megaproyecto irregular que viene a alterar el medio ambiente y la calidad de vida en, la de por sí pauperizado, El Salto.
Y es que no cesa el despojo y ocupación territorial en el polígono de fragilidad y sus alrededores. Alan Carmona quien ingresó la queja 5826/2020/II describe de qué trata.
En el documento que firma la Segunda Visitaduría de la CEDHJ, tienen solo 15 días naturales todas las dependencias citadas para rendir informes, exhibir los permisos emitidos, la aprobación del consejo municipal, copia certificada sobre la concesión otorgada al fraccionamiento El Mirador, copia certificada del proyecto ejecutivo, informe y aprobación del cambio de uso de suelo; dictámenes ambientales y disponibilidad de agua, es otra exigencia que abarca las Medidas Cautelares.
Nada de eso existe, advierte Alan Carmona de Un Salto de Vida. Principalmente deben comprobar ante la Comisión de Derechos Humanos que no hay juicios de por medio o que se han judicializado derechos y pues ya pasó, como lo explica:
No suspenden construcción del fraccionario Casas Bali
El fraccionamiento El Mirador está ubicado en la calle Heliodoro Hernández Loza s/n en la colonia el Potrero El Guamúchil, frente al Fraccionamiento La Azucena en El Salto.
Se trata de otro hilo de desarrollos inmobiliarios de este tipo que representa la ocupación territorial engañosa para los futuros compradores, pues el agua no está asegurada y están edificando a través de un pozo profundo ilegal, a lo que se suma la falta de una Medición de Impacto Ambiental.
Después de que un colegiado resolviera que Atahualpa Sofía Enciso y Alan Carmona sí eran sujetos de interés en contra de la construcción, se ordenó al juzgado Décimo Quinto en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo que otorgara la suspensión provisional al amparo indirecto 411/2020; autoridades municipales deberán hacer estudios de riesgo en la zona y comprobar que no hay daño ambiental en la construcción de un centenar de casas.
Según el sitio web del desarrollo El Mirador, las casas costarán poco más de 3 millones de pesos y hay tres modelos diferentes a elegir: Reflejo, Kalos y Altum.
En los informes que han entregado por escrito al juzgado, Perimetral se percato que aunque se solicitan aspectos distintos a cada dependencia del gobierno municipal, todos responden bajo la misma frase: “NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO”, así en mayúsculas, subrayado y negritas, pero sin exhibir pruebas de ello.
Alan Carmona explica que la concesión de agua por lo que la Comisión del Agua permitió la obra, no está vigente como comprobó Perimetral y corresponde a otro municipio y titular.
La concesión 08JAL103591/12AMGR99 está expedida en Ixtlahuacán de los Membrillos a por lo menos 30 kilómetros de distancia de donde se construye el fraccionamiento Mirador en El Salto, lo que resulta una clara irregularidad de debieron advertir las autoridades municipales.
Se revela, en el juicio de amparo indirecto que ya obtuvo suspensión provisional, que la licencia con la que se otorgó en 2010 el permiso para construir el desarrollo inmobiliario, no cumple con lo dispuesto en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano porque se viola el uso de suelo de agrícola y de transición a competencia por menos y degradados recursos ambientales.
“Somos un territorio de sacrificio”
Para las integrantes de Un Salto de Vida no hay otra forma de explicar por qué aunque en las últimas tres décadas se ha exhibido con argumentos técnicos y académicos la degradación de la zona, se siguen aprobando a nivel municipal y respaldando en el gobierno del Estado megaproyectos; a nivel social las miles de muertes derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Santiago y los daños evidentes al medio ambiente, dejaron de ser suficientes para parar la inversión privada en El Salto y Juanacatlán y ahora responde a una desvaloración de los impactos, pues se gana más donde todo está perdido, a decir de Alan Carmona.
-¿Cuál es la explicación y dimensión que le dan ustedes a que sigan aprobando megaproyectos en este territorio? Termoeléctrica, gasoducto, la cuenca sin saneamiento…
Sin claridad las Cautelares de la CIDH
En teoría el Estado mexicano está dando cumplimiento a las Medias Cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a decir del grupo Un Salto de Vida, A.C., desconocen cómo se está dando seguimiento en la Secretaría de Gobernación pues quien las obtuvo, Raquel Gutiérrez Nájera no ha sido “clara en sus intenciones o traen su negocito”, refiere el activista, quien acudió a reuniones convocada por la también académica adscrita a la Universidad de Guadalajara donde se pedían sin claridad a los habitantes, cederles la representación social.
La Resolución se dio en febrero de 2020 bajo las medidas 708/19 van dirigidas a la protección Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán.
Por lo que toda acción de gobierno y privados debía promover la vida, integridad y salud de pobladores en hasta 5 kilómetros del río Santiago. El fraccionamiento El Mirador está a 2.5 kilómetros de distancia de la cuenca.
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Soy radialista, periodista autodidacta y defensora de derechos humanos.
Autora de Radiografía de la música callejera en 2001, mi iniciación al paisaje sonoro. Gané la Bienal Internacional de Radio en tres ocasiones: radio-arte, radio indigenista y en mesa de debate. Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2008; finalista en 2007 y 2009 del Premio Fundación Nuevo Periodismo por radiorreportajes sobre violaciones a los derechos humanos atravesados por el eje cultura.
Becaria de la Fundación PRENDE en la universidad Ibero y becaria Connectas. Oficial de Libertad de Expresión en la Red de Periodistas de a Pie de 2015 a 2021.
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