Foto: Fabricio Atilano
En la entidad que ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 10 mil familias atravesando por el duelo permanente de un integrante desaparecido, y tras mil días de retraso en el Congreso del Estado para la armonización y creación de leyes que prevengan e investiguen el delito de la desaparición de personas, así como buscar de manera efectiva tras la denuncia y dar acceso a la justicia a víctimas de violencia, el proceso legislativo llega al pico de la politización con las declaraciones del diputado Jorge González Arana del PAN; cuestionó la defensa de los derechos humanos, la labor de organismos civiles y de paso, reavivó la fragmentación de articulaciones entre colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos desde Jalisco.
En entrevista con Alejandra Nuño, funcionara del ITESO y coordinadora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suarez SJ, se explica que son ocho puntos los que organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas pusieron como condición para revisar y obtener su aprobación de las leyes; también, que se pidió una reunión técnica con el pleno de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, que no se concretó.
