Aprobar tres leyes sobre desaparición y víctimas, el proceso más complejo del país: Alejandra Nuño

Radialista y reportera desde la adolescencia. Cubro la agenda social con perspectiva de derechos humanos, la fuente cultural me forjó en la etnografía. Han caído premios en la Bienal Internacional de Radio, premios estatales, nacionales e internacionales, pero lo que más me motiva es hacer ruido con el periodismo sonoro. Soy parte de la Red de Periodistas de a Pie.

Foto: Fabricio Atilano

En la entidad que ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 10 mil familias atravesando por el duelo permanente de un integrante desaparecido, y tras mil días de retraso en el Congreso del Estado para la armonización y creación de leyes que prevengan e investiguen el delito de la desaparición de personas, así como buscar de manera efectiva tras la denuncia y dar acceso a la justicia a víctimas de violencia, el proceso legislativo llega al pico de la politización con las declaraciones del diputado Jorge González Arana del PAN; cuestionó la defensa de los derechos humanos, la labor de organismos civiles y de paso, reavivó la fragmentación de articulaciones entre colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos desde Jalisco.

En entrevista con Alejandra Nuño, funcionara del ITESO y coordinadora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suarez SJ, se explica que son ocho puntos los que organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas pusieron como condición para revisar y obtener su aprobación de las leyes; también, que se pidió una reunión técnica con el pleno de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, que no se concretó.

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