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…Y también viceversa: La Guardia Nacional ahora en tareas judiciales

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Foto: Raíchali

La participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en tareas propias de las autoridades civiles, como es la seguridad pública, ha traído como consecuencias graves violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país.

Son muchas las heridas abiertas y profundas que se postergan cerrar hasta en tanto no encontremos la verdad y la justicia para aquellas personas y comunidades asesinadas o desaparecidas, los y las sobrevivientes, sus familiares y quienes desde la sociedad se niegan a olvidar.

Algunos casos donde se ha involucrado al personal militar en violaciones a los derechos humanos, han sido del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a donde las víctimas, y en su caso los familiares, acudieron por el abandono, persecución e indiferencia del Estado mexicano.

Hay sentencias de la CoIDH contra México -y otros países de la región- que adverten sobre los riesgos de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como policía judicial, para el control de la protesta social, investigaciones, arrestos, violencia interna y criminalidad común, por los riesgos y vulneraciones a las personas.

No se puede ignorar que usar a la milicia en actividades de autoridades civiles, son ordenadas por los presidentes de la república en turno para la represión a los movimientos sociales con fines de contención política, para proteger intereses económicos, empresariales, sin faltar beneficios a las organizaciones criminales.

Tampoco se puede pasar por alto el valioso trabajo que han realizado el Ejército y la Marina Armada de México en los desastres naturales a favor de las poblaciones en desgracia, pero esa es otra cosa.

Prohibir que se use a las Fuerzas Armadas en actividades distintas a su naturaleza se estableció en la Constitución mexicana:

«Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.»

Larga historia de violaciones a los derechos humanos

Felipe Calderón Hinojosa será recordado como un presidente corrupto y la impunidad de su administración -que ahora dice ignorar lo que hacia Genaro García Luna como su Secretario de Seguridad Pública ya enjuiciado por dirigir una empresa criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa-, al habernos sumido en la peor espiral de violencia e inseguridad en la historia moderna de México por la mal llamada “Guerra contra las drogas”; ordenó a las Fuerzas Armadas salir de sus cuarteles para hacerle frente a las organizaciones criminales.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien fuera Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general de división Salvador Cienfuegos – hoy con cargos en una Corte Federal de Estados Unidos por narcotráfico- le exigía promover los marcos legales para justificar su papel en tareas de seguridad pública.

Lo más trascendente de estas exigencias fue la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior, la cual fue declarada de inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

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Los reclamos y exigencias de justicia de familiares y colectivos de víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos castrenses, incluyendo masacres, hicieron eco en el tres veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien prometía que de ganar las elecciones regresaría a los militares a sus cuarteles. Sin embargo, los planes de Andrés Manuel cambiaron: desde que fue reconocido como candidato electo, ha sido proclive a militarizar la seguridad pública del país.

GN: vigías de megaproyectos

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con el actual gobierno federal no tiene precedente, no solamente en crear una institución como la Guardia Nacional con elementos y mando castrense para hacerse cargo de la seguridad pública del país, y que a partir del mes de octubre de este año la Sedena, ahora sí sin disimular, quedará con el control operativo dentro de la estructura del Ejército.

Además, se le otorgan múltiples funciones como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, la supervisión y vigilancia del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el control de puertos y aduanas.

Pero las facultades no paran ahí, el pasado 23 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, las funciones de Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, esto significa que participara en los procesos penales conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante la revisión de riesgos que “representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso”.

Básicamente se encargará la Guardia Nacional de determinar si la persona imputada deberá o no sujetarse a la prisión preventiva, incluso, en tratándose de delitos no graves.

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Militares como policía investigadora

La Guardia Nacional podrán hacer “sugerencias” al órgano jurisdiccional sobre cualquier cambio que merezca modificaciones de las medidas u obligaciones impuestas, así como a entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, realizar interrogatorios y visitas no anunciadas en el domicilio, o en el lugar en donde se encuentre el imputado, entre otras actividades más.

Desde mi particular punto de vista el acuerdo viola flagrantemente lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, pues esas facultades son propias de la autoridad civil, y como ya lo he descrito anteriormente, la Guardia Nacional está compuesta por personal militar y bajo el control operativo de la Sedena.

No ha bastado al presidente Andrés Manuel darle facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas como si fuera un consorcio de la construcción y de fiscalización, sino que ahora las amplía a funciones jurisdiccionales fracturando el Estado de Derecho.

La 4T implementa medidas que los anteriores gobiernos de derecha no pudieron realizar y no afirmo que el actual gobierno federal sea de izquierda; sin importar qué paradigma político arriba al poder, este termina cediendo ante los militares y dotándolos cada vez más de atribuciones que resultan inconstitucionales.

Definitivamente la historia de este país nos dice que no hemos aprendido absolutamente nada.

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César Pérez Verónica
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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

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