…Y también viceversa. Desaparición forzada en Jalisco: de la impunidad al cinismo

Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

Foto: Felix Márquez

La violencia extrema y la inseguridad en Jalisco ha puesto a la entidad desde hace más de una década, entre los primeros lugares por el número de personas desaparecidas, fosas clandestinas y cuerpos exhumados, según los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. 

Estamos por debajo del Estado de México, primer lugar, por muy poco: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2020 indica que en Jalisco hay 3,234 personas desaparecidas; la entidad mexiquense tiene 3,867 personas y sumando ambas cifras da más del 30% de todas las personas desaparecidas en el país. 

El Informe sobre búsqueda, identificación y versión pública del registro de personas desaparecidas de la CNB, en esta entidad, se registran 10,237 personas desaparecidas, mientras que el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) registra 9,583.  

También si ocupamos el segundo lugar, es porque el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, indica que Jalisco es la entidad con el mayor número de cuerpos exhumados con 487 del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2020, lo que significa el 28.95% del total del país. Lo anterior sin contar con las fosas encontradas en julio, agosto y septiembre en lo que va del año, y en municipios del área metropolitana de Guadalajara.

En los años recientes se han creado legislaciones, instituciones a nivel nacional y estatal para atender la grave crisis de derechos humanos por las desapariciones forzadas y cometidas por particulares; la mayoría han sido gracias a los colectivos de familiares de víctimas, a las organizaciones de derechos humanos que las acompañan y sin duda, a la presión internacional de organismos internacionales de derechos humanos. 

Pese a la terrible situación que sufren las familias de personas desaparecidas en Jalisco, las autoridades estatales poco se han comprometido con sus exigencias de justicia y verdad que han reclamado desde que iniciaron con su calvario, no obstante que fue la primera entidad en crear el 31 de agosto de 2017 la Fiscalía Especializada (ahora llamada Especial) en Personas Desaparecidas, sus resultados hasta ahora sumamente cuestionables ante los casi nulos resultados en la prevención, investigación y enjuiciamientos de los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones.

En Jalisco, el ejemplo más reciente de impunidad transformada en cinismo, es lo ocurrido el 5 de junio pasado, donde fueron detenidas y desaparecidas casi un centenar de personas, donde aplicó tortura psicológica el personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) que participó en el operativo para reprimir la protesta social.

Familiares y la defensa de los agentes y comandantes detenidos por el operativo, argumentaron que “recibieron órdenes de altos mandos”, y acusan al gobernador de Jalisco y al Fiscal General, de ser los autores intelectuales.

Las propias víctimas en sus relatos, confirman que el operativo fue institucional, lo que me hace recordar lo que narraron en su momento los jóvenes detenidos arbitrariamente y torturados el 28 de mayo del 2004, también por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), en ambos casos con el mismo titular: Gerardo Octavio Solís Gómez. 

Pero no podemos obviar que los casos del 5 de junio este año, donde se involucraron policías de la Fiscalía no están siendo judicializados por el delito de desaparición forzada, sino por abuso de autoridad, pese a que el tipo penal establecido en el Código Penal para el Estado de Jalisco señala que: 

“Artículo 154-A. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.”

Las detenciones que hizo personal de la Fiscalía no fueron incorporadas al Registro Nacional de Detenciones, se les privó a las víctimas de su derecho a realizar una llamada, fueron retenidos sus aparatos celulares, algunos confiscados y hay registros de invasiones a la privacidad que no terminaron ahí, si no se convirtieron en amenazas a las víctimas y sus familiares durante las noche y días posteriores.

Las desapariciones de personas cometidas ese 5 de junio en Guadalajara por personal de la Fiscalía de Jalisco, además del cinismo con que actuaron siendo filmados por los medios de comunicación a nivel local y enviados especiales que dieron cobertura, refuerza el pésimo mensaje y que experimentan las y los familiares de las personas desaparecidas: hay impunidad absoluta a un nivel de cinismo.

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