Cansada de la corrupción y la impunidad, la sociedad mexicana decidió romper con los gobiernos emanados de los partidos históricos como son el Partido de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.
Los resultados de cuando estuvieron en el poder fueron desastrosos para amplios sectores de la población, especialmente por las políticas neoliberales que provocaron la precariedad laboral y las condicione laborales.
A las dificultades económicas y sociales experimentadas por el grueso de la población, se vino a sumar la violencia e inseguridad en gran parte del territorio mexicano en por lo menos, los últimos 15 años.
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4T y las estadísticas no bajan
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra en el sexenio de Enrique Peña Nieto 156,437 asesinatos; 34,824 más que en la administración de Felipe Calderón y en los dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, van 53 mil 87.
Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación registra más de 77 mil personas desaparecidas, la mayoría en las dos administraciones pasadas y la actual.
La situación de la violencia e impunidad nos ha colocado en la peor crisis de derechos humanos que se tenga memoria en el México reciente.
Promesa incumplida
Una de las máximas en campaña de Andrés Manuel López Obrador fue «regresar» a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, luego de las quejas de familiares y víctimas que las señalan como las perpetradoras de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por la malograda “guerra contra las drogas”.
Ha que recordar que nunca como antes las esperanzas de la población en un cambio verdadero habían sido depositadas en AMLO, al grado de ser el presidente con la mayor votación a su favor de la historia.
Sin embargo no cumplió y al contrario, le ha ampliado facultades en materia de seguridad al ejército con la creación de la Guardia Nacional dándole personal y mando militar.
No solamente se constitucionalizó su permanencia, sino que omitieron disponer de los controles ciudadanos para su supervisión.
De tal suerte es el poder de las Fuerzas Armadas, que su presupuesto para el 2021 aumentó considerablemente hasta alcanzar los 290 mil millones de pesos.
Más presupuesto para las Fuerzas Armas, no para las víctimas
La situación se torna preocupante porque las instituciones encargadas de proteger y atender las urgentes necesidades de las familias y víctimas de delitos por violaciones a los derechos humanos, han sido limitadas en sus facultades presupuestales con la desaparición de los Fondos Públicos.
Para nadie es un secreto que los cientos de fideicomisos creados en los sexenios pasados eran la cueva de “Alí Babá y los 40 ladrones”, pero hay quienes pensamos que su desaparición en algunos casos no era la solución.
Al contrario: era la gran oportunidad para transparentar el uso y destino de los recursos públicos; caso concreto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano que coordina el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), cuyo Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fue derogado el pasado diciembre por el Congreso de la Unión y propuesto por el Ejecutivo Federal.
Víctimas sin ventanilla: no son prioridad
Bien vale aclarar que el Fondo de Ayuda con alrededor de 400 millones de pesos, no era para la operación de la CEAV, sino para resolver emergencias de más de 4 mil personas incorporadas al SNAV.
Los recursos se destinaban en más del 75% a cubrir alimentos y hospedajes, ya fuera para realizar trámites ministeriales y administrativos en busca de justicia, y en otros casos para cubrir compensaciones.
Para miles de personas muchos de sus procesos se han quedado truncos, pese a la inimaginable tragedia que sufren por la inmovilidad del Estado mexicano que no brinda protección, justicia, ni verdad.
Hace unos días el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh) -una de las organizaciones emblemáticas de nuestro país- anunció que ha iniciado una lucha jurídica contra la decisión de eliminar la fracción I, del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, precisamente la que eliminaron los diputados y que no garantiza un presupuesto para la atención a víctimas.
El argumento principal del Centro ProDh es la violación constitucional y convencional a uno de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, el de progresividad, el cual se describe en un artículo publicado en Animal Político:
“exige, por un lado, que los derechos sean garantizados siempre en mayor medida (más recursos, más cobertura y más protección a las personas) y, por otro lado, prohíbe la regresividad, lo que implica la imposibilidad de que el Estado reduzca el espectro de protección de los derechos”.
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Coincido plenamente que se trata de una regresión absoluta a los derechos de las víctimas, y que la vía jurídica seguirá siendo la alternativa de los y las defensoras de los derechos humanos en nuestro país contra el autoritarismo y el abuso del poder…hasta que las víctimas y el pueblo decidan otra cosa.
Foto: José Luis de la Cruz / Amapola. Fecha de Publicación: 24 de febrero 2021.
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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.
