Las Recomendaciones Urgentes de la ONU, que no lo fueron

Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

Foto: Felix Márquez

La ejecución extrajudicial de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el pasado 4 de mayo, generó un mes después una de las protestas más violentas que se registren en la capital de la entidad. Quien o quienes hayan convocado el 4 de junio a protestar por el asesinato de Giovanni tuvieron una respuesta coyuntural excepcional: el confinamiento que vivían miles de jóvenes en el Área Metropolitana de Guadalajara desde dos meses antes como consecuencia del Covid-19, y las múltiples manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, también por policías.

El 4 de junio, se caracterizó por la violencia generada por un grupo mínimo de manifestantes; la reacción poco profesional y tardía de los elementos de seguridad de Guadalajara y de la policía estatal, y por las posteriores detenciones muchas de ellas arbitrarias y en su mayoría con exceso en el uso de la fuerza. Además, la desinformación a familiares por parte de las autoridades respecto al paradero y situación jurídica de los detenidos.

El 5 de junio, se recordará a los policías investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado por las decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas cometidas en contra de personas que pretendían manifestarse afuera de las instalaciones de la Fiscalía General ubicadas en la calle 14, de la Zona Industrial de Guadalajara.

Desde horas antes se apreciaban en los alrededores de la Fiscalía personas de esa dependencia fuertemente armados, con palos, tubos y circulando en camionetas oficiales, y una más con logotipos de una empresa de alimentos privada. Por la noche nuevamente hubo protestas afuera del Palacio de Gobierno, y nuevamente detenciones de manifestantes.

El 6 de junio, el recuento de los daños, la fuerte preocupación respecto al paradero de las personas detenidas, desaparecidas y torturadas un día antes, y los constantes testimonios de quienes las sufrieron. También se sumaba al clima de miedo e incertidumbre la desinformación de las y los familiares de las personas detenidas presentadas ante el órgano judicial en Puente Grande.

En ese contexto, el 6 de junio, donde se advertían hechos que involucraban graves violaciones a los derechos humanos, Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Oficina de la ONU-DH México), le envió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, un documento con una serie de Recomendaciones.

El gobernador decidió ocultar durante 53 días el contenido del documento, hasta que el pasado 29 de julio decidió dar respuesta en un documento no fechado a cada una de las 12 Recomendaciones, tiempo en el que violentó el derecho a la información de la sociedad, y particularmente de las víctimas.

Cuando revisamos cada una de las Recomendaciones, se aprecia que algunas de ellas se redactaron para el momento y el contexto en que los acontecimientos se iban desarrollando, otras derivadas de las actuaciones de las autoridades municipales y estatales que generaron presuntas violaciones a los derechos humanos por acción, omisión y aquiescencia, que deben ser atendidas a corto y mediano plazo.

Veamos algunas de contexto suponiendo que sus redacciones son literales:

Recomendación 1.- Emitir mensajes claros y concisos, dirigidos a las fuerzas de seguridad del estado de Jalisco (Policía Ministerial, Policía Estatal y policías municipales) de respeto irrestricto de los marcos normativos sobre uso de la fuerza y detenciones, rechazando sin lugar a dudas cualquier violación a los derechos humanos y enfatizando la sanción para quienes incurran en estos actos.

Recomendación 2. Impulsar y cooperar puntualmente con las autoridades respectivas, a fin de emprender una búsqueda rápida, coordinada y eficiente de las personas desaparecidas a raíz de los hechos referidos, brindando acceso a la información y permitiendo la anticipación de las familias de las víctimas.

Recomendación 6.- Otorgar las facilidades a los organismos públicos de derechos humanos y a personas defensoras de derechos humanos para la documentación de las violaciones acontecidas, incluyendo el acceso a personas que se encuentren detenidas a fin de poder entrevistarse con ellas en condiciones de confidencialidad.

Recomendación 7.- Brindar medidas de ayuda inmediata y atención a las víctimas, así como una reparación adecuada por las violaciones a derechos humanos infligidas, atendiendo a las necesidades de cada víctima.

Cómo se puede advertir del contenido de estas Recomendaciones, estaban destinadas a que fueran aceptadas e implementadas de manera inmediata como consecuencia de la gravedad de los hechos ocurridos. Las respuestas dadas por el Ejecutivo estatal están desfasadas y fuera de contexto, lo cual resultan innecesarias para las víctimas, sus familiares y sociedad en general.

No nos debería sorprender la respuesta tardía y poco comprometida con las víctimas de derechos humanos por parte del gobernador de Jalisco, tomando en consideración que la entidad se ha posicionado como una de las primeras entidades en el país en el número de personas desaparecidas y la primera en el número de fosas clandestinas donde han encontrado una gran cantidad de restos humanos, y nulo acceso a la justicia, verdad y reparación a sus familias.

También sabemos que las Recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en materia de desaparición forzada y por particulares, de tortura, detenciones arbitrarias y otras más, son “aceptadas” pero no cumplidas por las instituciones involucradas con las violaciones a los derechos humanos.

Aquí llama la atención que las Recomendaciones las realiza la Oficina de la ONU-DH México, quien pretendía, de acuerdo con las antes transcritas, fueran atendidas ipso facto. Las respuestas aceptando dichas Recomendaciones, por el tiempo han sido rebasadas por el tiempo y por las circunstancias, lo cual se traducen en una burla no solamente al organismo internacional, sino a las víctimas y sus familiares.

El resto de las Recomendaciones dejan más dudas que el gobierno de Jalisco las implemente, esto tomando en consideración la situación de violencia extrema que sucede cada día en la entidad, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos como son las desapariciones de personas, la tortura e incluso, las ejecuciones extrajudiciales como el caso de Giovanni López.

La respuesta del 29 de julio por parte de Enrique Alfaro a las Recomendaciones de la ONU-DH México, donde incluye en la Recomendación 3, último párrafo la “conformación de un grupo especializado en manejo y desescalamiento de protestas sociales,…”, nos advierte que es más prioritario para su gobierno contener el derecho humano a la protesta social y la libertad de expresión, que desactivar las causas que la generan. La respuesta del 29 de julio, deja más dudas que certezas, simplemente una cortina de humo frente a los que viven las víctimas y familiares del 4, 5 y 6 de junio.

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