Foto: Violeta Santiago
En el sexenio del gobernador Emilio González Márquez, comenzaron a escucharse fuertes las voces de familiares que reclamaban investigaciones inmediatas y eficaces por parte de la antes Procuraduría General de Justicia de Jalisco, ahora Fiscalía del Estado, orientadas a dar con cada uno de sus seres queridos desaparecidos. Esos reclamos no merecieron atención de nadie desde el gobierno.
Conforme transcurrieron los años de ese sexenio, las autoridades no solamente no realizaron las investigaciones ministeriales con la debida diligencia e inmediatez, ni siquiera estaba tipificado el delito en el Código Penal de Jalisco sino hasta septiembre del 2013; obstaculizaron a los y las familiares a realizar sus propias investigaciones al extremo de amenazarlas con traerles consecuencias legales, por decir lo menos.
La incertidumbre de las familias sobre la localización de sus seres queridos, frente a la inoperancia e ineficacia de las autoridades involucradas con la investigación, búsqueda e identificación de personas desaparecidas, ha cobrado dimensiones inimaginables llenas de dolor y tragedia cuando se hace público que se localizó una nueva fosa clandestina en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Jalisco, la capital de la inhumación ilegal
Hasta ahora esta entidad representa la que mayor número de cuerpos exhumados tiene con 605, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, según el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados; esto representa el 30.91% de todo México.
Mientras tanto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, tiene a Jalisco en el primer lugar con 3,568 personas -en el mismo periodo de dos años-, lo que representa el 25.82% del total de personas en esa situación en todo el país.
Aquí habría que detenernos a reflexionar sobre las cifras de personas desaparecidas, no localizadas y exhumadas en Jalisco, y propongo que no veamos los números sino las historias de cada una de ellas, sus familiares y su entorno en que se desarrollaban antes de su desaparición.
La sociedad que se informa ha perdido de vista la dimensión de la tragedia humanitaria que significa la desaparición de una persona que no es un número sino una niña, un joven, miles de adultos que tienen derecho a que se les busque, encuentre y en su caso, se les identifique mediante la implementación de los protocolos extraordinarios para los casos específicos.
La desaparición debe interpelar nuestra conciencia y entender la gravedad de la situación: por un lado alguien gana desapareciendo personas, y por el otro se trata de víctimas en un país donde no les respeta y reconoce su condición con plenos derechos.
Sin embargo, día a día vemos en los medios de comunicación o redes sociales el hallazgo de una nueva fosa clandestina que evidencia la inacción de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, para realizar las investigaciones de manera inmediata.
Hasta ahora los resultados han sido prácticamente nulos en el acceso a la justicia, pese a las nuevas estructuras institucionales creadas por la presión de los y las familiares, colectivos y organizaciones civiles; las sentencias contra los autores materiales se cuentan con los dedos de una mano, lo que representa el 99% de impunidad en la comisión de este delito catalogado por el derecho internacional de los derechos humanos de lesa humanidad.
Deudas y señales de que nada camina bien
Sexenios van y sexenios vienen sin saber la verdad de las desapariciones forzadas y las cometidas por particulares, se acumulan años, denuncias y preguntas de las autoridades sin responder: ¿dónde está cada una de las personas desaparecidas? ¿quién se las llevó? ¿por qué se las llevaron? ¿quiénes son las y los servidores públicos que dejaron de cumplir con sus obligaciones de investigar cada una de las denuncias presentadas? ¿alguien dio las órdenes para no investigar? Y si es así ¿por qué?
Dado que las preguntas anteriores no tienen respuesta y con el contexto histórico sobre la actuación de las autoridades que ya expuse, el caso de las desapariciones forzadas cometidas el 5 de junio 2020 por algunos servidores públicos de la Fiscalía del Estado -aunque el delito de manera absurda fue calificado como abuso de autoridad-, debe investigarse junto al papel de los gobiernos del pasado y el actual, pero por una instancia auténticamente autónoma e internacional como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a cargo del caso de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
Ninguna de las autoridades en el gobierno de Jalisco tiene la credibilidad o podemos confiar en ella para lo más elemental como brindar a las familias y a la sociedad en general: justicia y verdad.
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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.
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