“…Y también viceversa”. La desmemoria, generadora de la impunidad

Foto: Víctor Ibarra

La violencia cotidiana que hemos vivido en Jalisco por décadas, parece enquistarse en una sociedad de la que no me canso de etiquetar de indolente.

La memoria colectiva dura menos que una luz amarilla de un semáforo, pese a que nos encontramos frente a casos catalogados por el derecho internacional de los derechos humanos de graves violaciones como lo son las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Y quedó en el baúl la mal llamada “guerra sucia” de los años setenta y ochenta donde decenas de jóvenes detenidos arbitrariamente, torturados, encarcelados, asesinados y desaparecidos -salvo para los sobrevivientes y sus familiares, amigos, historiadores y algunas personas indignadas- siguen presentes.

Quizá uno de los grandes acontecimientos que pasó de largo y que nos debería llevar a profundas reflexiones sobre las instituciones de procuración y administración de justicia, por la magnitud de la tragedia, es el 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara.

Cientos de personas muertas por las explosiones, miles de heridos y daños materiales incalculables sin justicia ni verdad.

Y que decir las detenciones arbitrarias, las torturas y encarcelamientos de decenas de jóvenes el 28 de mayo del 2004 en el marco de las protestas frente a la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

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La lista de acontecimientos en Jalisco es muy basta, y cuyos autores por acción, omisión y aquiescencia son agentes del Estado mexicano que hasta la fecha en su mayoría, siguen impunes.

También resulta imposible mencionar hechos que marcaron la historia reciente de México como lo fueron la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco; el Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971; la masacre en la comunidad de Acteal en Chiapas, así como las represiones brutales en el poblado de Atenco y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y los asesinatos en El Charco y Aguas Blancas.

En su mayoría se trataba de movimientos sociales ocurridos después de la segunda mitad del siglo XX y en las primeras dos décadas del XXI.

Desde luego que los 65 mineros atrapados en la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006 y hasta la fecha, siguen retumbando en la memoria de sus familiares y en la comunidad.

Ahora la esperanza la tienen depositada en la promesa del gobierno de la Cuarta Transformación de recuperar los cuerpos.

Pero hay otras violencias que se han dado de manera exponencial en el nuevo milenio mexicano, la violencia cotidiana, la silenciosa, la que no llega a los medios de comunicación con excepción de la que ocurre en las grandes ciudades de México.

Son las desapariciones forzadas y por particulares; los feminicidios como la expresión extrema de la violencia contra las mujeres, entre otras más; las detenciones arbitrarias y consecuentemente las torturas; los abusos sexuales contra menores; los desplazamientos de familias enteras como resultado de la inseguridad, las amenazas y despojos, la constante en el país de la impunidad: México.

Las violencias cotidianas que se cuentan por decenas de miles, quedan fuera del foco de aquellas instituciones públicas cuyas obligaciones son brindar protección y garantizar el acceso a la justicia, sancionar a los responsables, reparar de forma integral el daño a las víctimas directas e indirectas.

Además de realizar todas las medidas y acciones, incluyendo las legislativas para evitar la repetición de los agravios, tanto para quienes la sufre como para el resto de quienes habitamos este país y que no lo hacen.

La situación de violencia sistemática y generalizada en México debería ser de escándalo mundial por las personas desaparecidas, las mujeres asesinadas, los homicidios dolosos, los crímenes contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la prostitución y pornografía infantil, entre otras tragedias más.

Pero las cosas no marchan bien cuando nos convertimos en espectadores de las tragedias como si no fueran las nuestras también, y las cosas se ponen aún peor cuando en quien ejerce el cargo de gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo en su Informe anual de seguridad, que “la seguridad en la entidad va mejorando”, que los índices delictivos bajaron en el 2020.

Obviamente trae a cuestas miles de personas desaparecidas en los dos años de gobierno, miles de familias enlutadas por la violencia, centenares de feminicidios, un ex gobernador ejecutado y las tragedias que de manera impune se sigan cometiendo día a día; pero esas historias a nadie le importan, solamente para quienes las sufren.

Considero que la desmemoria colectiva es la vacuna que perpetua la impunidad, y recuperarla, nos implica a todos y a todas.

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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

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