Foto: Redes sociales
Desde marzo en que se dieron los primeros contagios del coronavirus en Jalisco, hemos visto diversas medidas impuestas por las autoridades estatales y municipales para mitigar la propagación del virus.
El aislamiento social y el uso del cubrebocas de manera voluntaria pasó a ser medida obligatoria. Las medidas para mitigar la pandemia van y vienen.
Sería absurdo pensar que tanto gobierno como sociedad no deberían tomar acciones de toda índole para disminuir los contagios pero hay de medidas a medidas: unas son arbitrarias y violan derechos humanos.
Ya distintos medios daban cuenta de las consecuencias del acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco fechado el 19 de abril pasado, que informaba de las medidas como obligatorias.
Quizá el caso más emblemático ha sido la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.
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De acuerdo con el testimonio de familiares y amigos: los policías lo detuvieron con exceso de la fuerza bajo el argumento de no traer puesto el cubrebocas obligatorio.
Menciono el caso de Giovanni por el terrible resultado derivado de una orden del gobernador de Jalisco que facultó a las autoridades municipales para verificar las medidas sanitarias.
No demerito otras arbitrariedades como fueron las infracciones impuestas por elementos de la Secretaría de Movilidad a automovilistas, motociclistas y ciclistas que no traían puesto un cubrebocas, así como las detenciones de policías a peatones.
Desde que se publicó el acuerdo del gobernador Enrique Alfaro, he insistido que las medidas tomadas en Jalisco adolecen de legalidad en virtud del artículo 29 de la Constitución que establece el procedimiento para suspender y restringir los derechos de las personas en México o en un territorio determinado.
Pero las medidas gubernamentales que afectan a diversos sectores de la sociedad en aras de atender una situación grave de salud pública continúan.
El pasado 30 de octubre Enrique Alfaro activó el llamado Botón de Emergencia por 14 días concluyendo el 13 de noviembre. Fueron diversas las actividades las que pararon de manera parcial y totalmente por los días y horas establecidas, otras denominadas esenciales, no.
En algunas de las medidas implementadas fueron decididas discrecional y arbitrariamente, entre ellas las del transporte público Mi Transporte y del SITEUR que dejaban de brindar el servicio a las 8.59 de la noche.
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En contraste con el interés del gobierno de evitar aglomeraciones que implicara el riesgo de nuevos contagios, provocó exactamente lo contrario.
Además de atrofiarse la movilidad de quienes buscaban llegar al trabajo o su casa, tuvieron que utilizar el transporte lleno sin sana distancia y otras personas tuvieron que pagar taxis a costo de un sueldo diario.
Como consecuencia se reportaron altas tarifas que cobraron, sin respetar el acuerdo tarifas fijas y accesibles.
Las afectaciones fueron en algunos casos generalizadas y nos obliga a pensar respecto a la idoneidad y eficacia de ellas, pero cuando la participación ciudadana no es tomada en cuenta, éstas seguirán imponiéndose arbitrariamente.
El arte de gobernar desde abajo, es decir, desde las necesidades más apremiantes de la sociedad, pueden resultar populares receptivas y adoptadas, pero cuando desde el poder se atienden las necesidades de los sectores económicamente favorecidos, las cosas se complican para la gran mayoría de la población.
No dudo ni un ápice que estamos en un momento de quiebre en lo personal y en lo colectivo, donde el respeto a nuestros derechos más elementales como son a la salud, al trabajo, a la educación, a la recreación, entre otros, están en juego.
En estos momentos es cuando la autoridad cobra mayor fuerza, cuando no hay oposición y crítica a las decisiones del poder; ya de por sí veníamos dudando de qué se trata ser sujetos de derecho, ahora queda más claro que somo cada vez menos.
Aquí me surge una duda quizá obvia, pero creo es importante hacerla: ¿dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco?
El organismo público que tiene la obligación constitucional de defender, promover y proteger nuestros derechos, justo cuando nos encontramos en un punto de gran vulnerabilidad, brilla por su ausencia, como siempre.
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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.
