Durante las últimas décadas el daño ocasionado al medio ambiente en el planeta nos ha llevado a la peor crisis de nuestra historia, muestra de ello es el cada más sensible cambio climático.
La contaminación del aire, los mares, los ríos, la desforestación, el extractivismo y otras actividades que atentan contra la naturaleza, ponen en riesgo la viabilidad de las especies, incluyendo la humana.
Ahora más que nunca defender la naturaleza no solamente es una obligación de sociedades, gobiernos y empresas, sino un deber para preservar la vida de las futuras generaciones.
La naturaleza tiene derechos, así lo consagro el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, la primera en el mundo en consagrarla como titular de derechos:
“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
Desafortunadamente una gran parte de la población mundial no tiene como centro de su pensar y actuar, a la naturaleza, quizás ésta sea una de las principales tragedias de la humanidad, la ausencia de una conexión entre el ser y el deber ser.
Sin embargo, tenemos grandes ejemplos de personas comprometidas con sus iguales y con su entorno, tal es el caso de los y las defensoras del colectivo Un Salto de Vida.
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Sin pretenderlo se han convertido en un referente en la lucha por el medio ambiente en la cuenca Chapala-Santiago, a propósito de la contaminación del Río Santiago, cuyas consecuencias han cobrado daños irreparables a derechos fundamentales como son a la salud, la vida, la alimentación, integridad física, medio ambiente sano.
La lucha que han emprendido desde hace más de dos décadas en el municipio de El Salto, Jalisco, y posteriormente sumando a sus vecinos de Juanacatlán, Tototlán y Puente Grande, tiene que ver con lo esencial, defender de la vida digna de sus habitantes y los de la naturaleza.
La actividad que realiza el colectivo está reconocida en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999.
En su artículo 1, establece que: Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
El pasado 9 de abril integrantes del colectivo sufrieron un atentado cuyas consecuencias pudieron ser fatales.
Todo indica que fue un ataque directo por las actividades que realizan a favor del medio ambiente, y que pudieron afectar intereses económicos de los depredadores económicos y políticos.
Los hechos causaron preocupación y enojo entre quienes conocemos la integridad ética y moral de sus integrantes.
Las voces de rechazo a cualquier ataque y exigir la investigación y protección del colectivo vinieron de muchas partes de México y el mundo, sabemos lo que son y lo que representan para resolver el problema socioambiental de la región.
El Estado mexicano tiene fuertes obligaciones que cumplir para evitar que actos como el ocurrido el 9 de abril vuelvan a repetirse, y para ello debe de disponer de todos los recursos que sean necesarios para proteger la integridad, la propiedad, la vida y todos aquellos derechos que les permitan seguir desarrollando sus actividades de manera libre y segura.
Pero también la sociedad tiene la obligación de defender a quienes defienden nuestros derechos, así que asumámonos personas defensoras y digamos: todos y todas somos Un Salto de Vida.
Foto: Seila Montes. Fecha de publicación: 21 de abril 2021.
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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.
