“…Y también viceversa”: A 10 años de la esperanza, última parte

En la entrega anterior pudimos analizar someramente las obligaciones constitucionales y convencionales de todas las autoridades del paí­s en materia de derechos humanos, así­ como los principios de derecho que igual tienen que aplicar.

Hoy veremos cuáles son los deberes del constitucionales y convencionales del Estado mexicano contenidos en la última parte del párrafo tercero del artí­culo 1 reformado en el 2011, que a la letra dice:

“En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Al igual que en el artí­culo anterior, describiré cada uno de los deberes específicos del Estado y algunas preguntas basadas en el contexto actual de nuestro paí­s.

Te sugerimos los anteriores artículos de opinión sobre la reforma constitucional.

Prevenir: se debe contar con los mecanismos (leyes, instituciones, comisiones, servicios) necesarios para evitar que se den violaciones a los derechos humanos.

Preguntas obligadas a 10 años

Entonces, si las autoridades del país deben trabajar para prevenir las violaciones a los derechos humanos:

¿Por qué las desapariciones de personas? ¿Porqué la violencia contra las mujeres? ¿Por qué el abuso hacia la niñez? ¿Porqué el encarcelamiento, asesinato y desaparición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas?

Investigar: cuando el deber de prevención fue incumplido y se dio una violación a los derechos humanos, las autoridades competentes tienen el deber de iniciar, sin dilación, una investigación imparcial y efectiva para determinar qué es lo que sucedió y quién es el responsable.

Quizá las reflexiones en este punto vayan más allá de preguntarnos sobre los grados y niveles de impunidad, sino en cuestionarnos si realmente estamos en un Estado democrático y de derecho en México.

Y la pregunta es legítima cuando experimentamos constantemente que las obligaciones de las autoridades no son cumplidas, y mucho menos sus deberes.

No se puede entender las constantes y graves violaciones a los derechos humanos en el paí­s, sin la participación de los agentes del Estado mexicano, sean del nivel que sean.

Como tampoco las debilidades institucionales generadas desde mi perspectiva de manera dolosa para generar los actuales niveles de impunidad, al grado de ser uno de los mejores países del planeta para ejercer la delincuencia.

Que no se repita, lo que menos se cumple

Sancionar y reparar: una vez que se determine, mediante procesos legales, quién es el responsable de una violación a los derechos humanos, esta se debe sancionar.

Además, se debe reparar a la ví­ctima de la violación, es decir, se debe detener la afectación y se debe restituir a la persona afectada en el goce o ejercicio de su derecho, cuando esto sea posible y, en todo caso, se debe resarcir el daño causado y tomar acciones para que tal violación no se repita.

En un Estado de derecho, cualquier violación a los derechos humanos que se comenta o algún delito, después de investigado y sancionado el responsable, debe repársele a la ví­ctima sus derechos de manera integral: emocional, social, económica, justicia, verdad, entro otras acciones.

Además, se le debe garantizar a la ví­ctima que jamás volverá a sufrir de la violación que fue objeto, lo que significa la no repetición.

Pero no solamente a la ví­ctima debe de garantizársele, sino que las autoridades deben trabajar de manera conjunta y hacer de cada caso uno ejemplar, que impida que otras personas sufran las mismas experiencias.

Poder Judical debe aplicarse

Durante estos 10 años de publicada la reforma constitucional, se han elaborado materiales, se han trabajado protocolos, incluso, se han dictado sentencias con perspectivas que guíen a los operadores de justicia a respetar los derechos humanos.

También se han visto algunos avances en polí­ticas públicas a nivel municipal, estatal y federal que estrechan las desigualdades por condiciones sociales, de género, culturales, entre otros.

No obstante, cualquier avance en materia de derechos humanos que se presuma a 10 años, es nada en comparación de los mucho que debemos cambiar este paí­s, empezando con conocer nuestros derechos constitucionales y humanos.

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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

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