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Existe el Estado de Derecho ¿en Jalisco?

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Una manifestante grita consignas contra la policía en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado en Guadalajara, Jalisco, durante una protesta en contra del abuso policial el 05 de Junio de 2020.

Por mucho tiempo hemos escuchado la retórica de quienes ocupan cargos de representación popular a nivel municipal, estatal y federal, así como de aquellos servidores públicos relacionados con instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia, además de quienes conforman los organismos autónomos como los son las comisiones públicas de derechos humanos, institutos electorales o de acceso a la información: hablar recurrentemente del Estado de Derecho.

Pero ¿qué es?

Debido a lo complejo que puede resultar encontrar un consenso respecto a su significado como consecuencia de las diversas corrientes de pensamiento, me remitiré a lo expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su comunicado de prensa del 9 de junio de 2020.

Tal comunicado lo dirigió los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la pandemia del COVID-19.

La Comisión resalta que el Estado de Derecho en un “sistema democrático implica una división de las funciones estatales y, a la vez, un sistema de controles para el ejercicio de dichas funciones”.

Y complementa señalando que “es posible dotar al sistema democrático de sólidas bases y asegurar que los derechos humanos, a pesar de que pueden ser limitados de conformidad a la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, no sean menoscabados o frustrados en su ejercicio”.

Para concluir que “frente a cualquier violación de derechos humanos debe garantizarse el adecuado acceso la justicia y medios de reparación”.

División de funciones, control y justicia

Tener identificados los elementos de una manera comprensible, nos permitirá reflexionar si en Jalisco impera del Estado de Derecho, es decir, donde se puede apreciar una separación o división de funciones institucionales, y si existen mecanismos de control de cada una de ellas, que permitan el ejercicio de los derechos humanos de su población, y en caso de que ocurran violaciones a dichos derechos, se garantice el acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas.

Pero veamos que dice el estudio elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP), titulado Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, mismo que reafirma

«como el instrumento más completo de medición acerca de la situación que guardan las 32 entidades federativas en esta materia, ofreciendo datos actualizados y estructurados en los ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho:

1) límites al poder gubernamental

2) ausencia de corrupción

3) gobierno abierto

4) derechos fundamentales

5) orden y seguridad

6) cumplimiento regulatorio

7) justicia civil

8) justicia penal”.

WJP

Jalisco mal evaluado

Los resultados sobre Jalisco nos permite conocer las percepciones y experiencia de especialista y personas en general respecto del desempeño de las instituciones de los ocho factores antes indicados.

Para determinar qué puntaje tiene Jalisco y el lugar que ocupa en el ranking nacional, WJP estableció que los puntajes van entre el 0 y el 1.

En la tabla general de puntuaciones y el ranking, Jalisco obtuvo el lugar 25 de 32 entidades con el 0.37, similar al realizado del periodo 2019-2020.

El estudio de WJP vino nuevamente a presentarnos a las instituciones de Jalisco a colores y a reafirmar sus responsabilidades en la grave crisis en materia de derechos humanos que sufrimos en Jalisco desde hace por lo menos década y media.  

Creo que nadie en su sano juicio puede afirmar que vivimos en un Estado de Derecho.

La vulnerabilidad e indefensión hacia nuestra integridad, libertad, propiedad, vida y la de nuestros seres queridos están en juego día tras día.

Foto: Felix Márquez. Fecha de publicación: 5 de mayo 2021.

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César Pérez Verónica
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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

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