Por mucho tiempo hemos escuchado la retórica de quienes ocupan cargos de representación popular a nivel municipal, estatal y federal, así como de aquellos servidores públicos relacionados con instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia, además de quienes conforman los organismos autónomos como los son las comisiones públicas de derechos humanos, institutos electorales o de acceso a la información: hablar recurrentemente del Estado de Derecho.
Pero ¿qué es?
Debido a lo complejo que puede resultar encontrar un consenso respecto a su significado como consecuencia de las diversas corrientes de pensamiento, me remitiré a lo expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su comunicado de prensa del 9 de junio de 2020.
Tal comunicado lo dirigió los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la pandemia del COVID-19.
La Comisión resalta que el Estado de Derecho en un “sistema democrático implica una división de las funciones estatales y, a la vez, un sistema de controles para el ejercicio de dichas funciones”.
Y complementa señalando que “es posible dotar al sistema democrático de sólidas bases y asegurar que los derechos humanos, a pesar de que pueden ser limitados de conformidad a la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, no sean menoscabados o frustrados en su ejercicio”.
Para concluir que “frente a cualquier violación de derechos humanos debe garantizarse el adecuado acceso la justicia y medios de reparación”.
División de funciones, control y justicia
Tener identificados los elementos de una manera comprensible, nos permitirá reflexionar si en Jalisco impera del Estado de Derecho, es decir, donde se puede apreciar una separación o división de funciones institucionales, y si existen mecanismos de control de cada una de ellas, que permitan el ejercicio de los derechos humanos de su población, y en caso de que ocurran violaciones a dichos derechos, se garantice el acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas.
Pero veamos que dice el estudio elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP), titulado Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, mismo que reafirma
«como el instrumento más completo de medición acerca de la situación que guardan las 32 entidades federativas en esta materia, ofreciendo datos actualizados y estructurados en los ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho:
1) límites al poder gubernamental
2) ausencia de corrupción
3) gobierno abierto
4) derechos fundamentales
5) orden y seguridad
6) cumplimiento regulatorio
7) justicia civil
8) justicia penal”.
WJP
Jalisco mal evaluado
Los resultados sobre Jalisco nos permite conocer las percepciones y experiencia de especialista y personas en general respecto del desempeño de las instituciones de los ocho factores antes indicados.
Para determinar qué puntaje tiene Jalisco y el lugar que ocupa en el ranking nacional, WJP estableció que los puntajes van entre el 0 y el 1.
En la tabla general de puntuaciones y el ranking, Jalisco obtuvo el lugar 25 de 32 entidades con el 0.37, similar al realizado del periodo 2019-2020.
El estudio de WJP vino nuevamente a presentarnos a las instituciones de Jalisco a colores y a reafirmar sus responsabilidades en la grave crisis en materia de derechos humanos que sufrimos en Jalisco desde hace por lo menos década y media.
Creo que nadie en su sano juicio puede afirmar que vivimos en un Estado de Derecho.
La vulnerabilidad e indefensión hacia nuestra integridad, libertad, propiedad, vida y la de nuestros seres queridos están en juego día tras día.
Foto: Felix Márquez. Fecha de publicación: 5 de mayo 2021.
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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.
