“…Y también viceversa”. Represión masiva de 2004 al 2020.

Como una huella indeleble, sigue abierta la herida que dejó a las víctimas de la brutal represión masiva y a sus familiares, el 28 de mayo 2004 en Guadalajara, en el marco de las protestas frente a la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Muchas columnas, artículos, ensayos y libros se han escrito sobre aquella represión que ahora en 2021 se cumplirán 17 años de los hechos.

Algunas fuentes no oficiales señalan que fueron aproximadamente 150 personas detenidas de manera arbitraria, en su gran mayoría jóvenes, originarios de Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal, incluyendo 4 menores de edad y ocho jóvenes extranjeros.

Los responsables de las detenciones arbitrarias fueron elementos antimotines del municipio de Guadalajara y del gobierno estatal cuando Emilio González Márquez y Francisco Javier Ramírez Acuña estaban al frente, respectivamente.

Tortura a quienes protestaron por Cumbre de jefes de Estado

Las detenciones se caracterizaron por el exceso de la fuerza y con claras intensiones de provocar daños físicos como consecuencias psicológicas; un factor relevante para configurar el delito de tortura. 

Las personas detenidas en la tarde y noche del 28 de mayo, fueron concentradas en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública donde sufrieron incomunicación y continuaron las violaciones a los derechos humanos, incluyendo no información a familiares y amigos de su paradero.

Los malos tratos, inhumanos y degradantes, tortura y violencia sexual a mujeres, también se documentó.

El 29 de mayo los detenidos fueron trasladados a la calle 14, sede de la Procuraduría General de Justicia, donde las torturas se multiplicaron por los policías judiciales ahora llamados investigadores pero todos, servidores públicos.

Los testimonios de los sobrevivientes de la tortura narran una crueldad contra su condición humana por el hecho de participar en la manifestación, aunque en muchos de los casos no hubieran asistido, incluso, por ser originarios de otros estados del país.

No hubo ninguna autoridad de esa dependencia ni de la oficina del gobernador ni de alguna otra, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que parara la atrocidad que estaban viviendo los jóvenes.

Pese a las denuncias y exigencia de organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, las investigaciones de los hechos no fueron precisas, objetivas e imparciales.

17 años de impunidad y desmemoria

Sin embargo, las tragedias individuales y colectivas no cesaron ahí, prosiguieron las violaciones ahora por jueces penales ante quienes fueron consignados por el ministerio público 49 de los jóvenes.

A ellos se les trasgredieron los derechos a una defensa adecuada, al debido proceso y presunción de inocencia.

Las graves violaciones cometidas ese 28 de mayo por los servidores públicos de Jalisco que por acción, omisión y aquiescencia intervinieron, han quedado en completa impunidad.

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Como para restregarle en la cara de la sociedad desmemoriada, el 5 de junio de 2020 se cometen de nuevo graves violaciones a los derechos humanos de manera colectiva y por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Casi un centenar de policías investigadores detuvieron a más de 100 personas que se manifestarían afuera de la calle 14, la misma sede donde torturaron a jóvenes el 28 de mayo de hace 16 años.

Las detenciones arbitrarias, amenazas, desaparición forzada y torturas contra quienes se manifestaron, se dieron en el marco de la exigencia de liberación de los detenidos un día antes.

El 4 de junio se marchó por la ejecución extrajudicial de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, por no usar cubrebocas.

La impunidad tiene entre otros efectos que no haya sanción para los responsables de cualquier delito o violación a los derechos humanos, y que tales hechos o acontecimientos se vuelvan a repetir.

Tan no hemos aprendida la lección respecto a las implicaciones de la impunidad, que el Procurador de 2004 es hoy Fiscal General y responsable del 5 de junio: Gerardo Octavio Solís Gómez.

Foto: La Jornada. Fecha de publicación: 26 de mayo 2021.

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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

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