…Y también viceversa: ¿Quién defiende a quien defiende?

Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.

Foto: Naciones Unidas

El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) es recordado por ser el que generó la mayor espiral de violencia e inseguridad sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, todo bajo el falso argumento de declarar la “guerra contra el narcotráfico”, de tal suerte que su primer año de gobierno ha sido el que registra el menor número de homicidios dolosos de los últimos 30 años con 8,867.

Durante su administración ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas por organizaciones locales y nacionales, así como por organismos internacionales de derechos humanos, finalizando su gobierno con 102,859 asesinatos y 22,112 personas desaparecidas según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).

Las movilizaciones sociales exigían respuestas inmediatas de parte del gobierno federal para esclarecer las masacres, las desapariciones de personas, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, entre otras violaciones.

La indignación colectiva dio origen a una movilización nacional encabezada por el poeta Javier Sicilia denominada Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lo que permitió visibilizar la tragedia a nivel nacional e internacional.

Entre las víctimas se encontraban las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, precisamente quienes estaban documentando, registrando e informando las atrocidades del régimen y de las organizaciones criminales.

La presión de las organizaciones de la sociedad civil junto con instancias de la ONU y la OEA relacionadas con personas defensoras y la libertad de expresión, dio frutos después de una década para contar con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012. Dicha legislación establece la creación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La virtud del Mecanismo de Protección lo establece el artículo 1°:

“La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

Desde mi perspectiva y experiencia como defensor de derechos, el gobierno federal no solamente impidió el buen funcionamiento del Mecanismo, sino que puso en situaciones de mayor vulnerabilidad a los y las beneficiarias durante los años posteriores. Incluso, hay personas defensoras y periodistas incorporadas al Mecanismo que fueron asesinadas, pese a que habían denunciado e informado a los actores de las amenazas.

En la actualidad la situación de las personas defensoras y periodistas a empeorado de todas las formas posibles. La organización estadounidense WOLA, publicó en su página de internet el pasado 30 de mayo, un análisis de Gina Hinojosa y Maureen Meyer[1] donde resaltan que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 161 personas defensoras y 40 periodistas fueron asesinadas. También señalan que lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 12 periodistas y 26 personas defensoras has sido asesinadas.

Como consecuencia de la situación de alto riesgo en la que se encuentran las personas defensoras y periodistas, y a las debilidades institucionales del propio Mecanismo, las organizaciones que conforman el Espacio OSC han impulsado una reforma integral a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo dictamen fue aprobado por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

El Espacio OSC ha señalado que el dictamen de reforma:

“Se propone el fortalecimiento de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) a través de la creación de nuevas Unidades Auxiliares. Asimismo, se incorpora el enfoque diferencial e intercultural, así como la perspectiva de género y de diversidad de género como elementos transversales en la implementación de las acciones derivadas de la Ley”.

Nadie en su sano juicio se opondría a que el pleno del Congreso de la Unión aprobara las reformas a la Ley, y con ello la aprobación de dotar con mayores recursos financieros a la instancia del Estado mexicano que tiene nada más y nada menos, la obligación de brindar la protección para garantizar la vida, seguridad, integridad y libertad de quienes realizan la defensa de derechos humanos y ejercen la libertad de expresión y el derecho a la información.

En peligro más de 500 personas beneficiarias de protección

Desafortunadamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Cuarta Transformación, se ha opuesto a elevar el presupuesto para el año fiscal 2021 que se discutirá el mes de octubre, bajo el argumento de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que impide según el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican.[2] Las disposiciones indicadas establecen la prohibición de crear nuevas estructuras a las dependencias e instituciones públicas establecidas con anterioridad.

Sin duda son malas noticias para quienes dedican su tiempo, vida y pasión a defender los derechos humanos, la libertad de expresión y a informar, y que son pilares fundamentales de un país que quisiera transitar a una democracia de verdad. Y la duda queda ¿Quién defenderá a quien defiende?

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