Foto: Isaac Guzmán Arias / Chiapas Paralelo
Tal como lo he expresado en los artículos anteriores, nuestro país viene arrastrando un déficit en cuanto a garantizar y proteger los derechos humanos -en especial a las poblaciones más vulnerables-, aunado a las graves tragedias humanitarias originadas con la denominada “guerra contra las drogas” del impresentable ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Esa guerra que continúan hasta la fecha y lo vemos con el caso reciente de las 19 personas migrantes originarias de Guatemala ejecutadas y calcinadas en dos vehículos en Camargo, Tamaulipas, además de las ejecuciones y desapariciones de personas que siguen diariamente en gran parte del oaís.
Nadie puede ignorar que las instituciones públicas de salud, educación, procuración y administración de justicia, medioambientales, etcétera, advertían debilidades operativas y en algunos casos presupuestarias profundas.
La pandemia del Covid-19 vino a terminar de colapsarlas y paralizarlas desde que hizo presencia en México a principios del 2020.
La baja calidad en la mayoría de los servicios o la ausencia de éstos, la corrupción y la mala planeación para proporcionarlos y garantizarlos, explica que nos encontremos en una de las peores crisis sociales de la historia moderna del país.
Considero seriamente que quienes integramos esta sociedad, tenemos distintos niveles de responsabilidad respecto al país que actualmente tenemos, y que hemos dejado de lado nuestros deberes y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de la República.
El no comprometernos con las cuestiones públicas y exigir a nuestros gobernantes el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, ahora vemos por la ventana y desde la comodidad del hogar las tragedias cotidianas de quienes sufren esas consecuencias.
No ignoro que la sociedad actual está atemorizada por la violencia, y que en algunos sectores las luchas por el reconocimiento para ocupar los espacios políticos, sociales, mediáticos, académicos y demás, son encarnizadas.
También observo que la inmediatez de los resultados en algunos casos lleva a la mercantilización de los objetivos y dejar de lado lo trascendente.
La polarización de la vida política provocada por los intereses partidistas, ideológicos, religiosos, económicos, periodísticos han dividido aún más a una sociedad de por sí fragmentada.
Lo anterior complejiza aún más la grave crisis en materia de derechos humanos en el contexto de la pandemia, pero no podía ser de otra forma.
Pese a todo, la luz de la esperanza de un mejor país no se apaga, las expresiones de solidaridad a lo largo y ancho del territorio dan cuenta que hay personas que le importan las personas que la están pasando mal, y que nos invitan a sumarnos.
También dan cuenta las luchas incansables de personas, colectivos y pueblos que exigen justicia y verdad, y que resulta un deber acompañarlos para visibilizar sus causas sin suplantar sus voces.
Quiero creer que estamos ante la oportunidad de transformar en serio este país, hay quienes están visualizando la importancia del momento, sin protagonismos estériles que debilitan los esfuerzos, así como honestidad para aportar lo mejor y la conciencia de que los frutos serán cosechados por las futuras generaciones.
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Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.
