Por Jorge Lanzagorta @yorchlg
“El primer requisito, si entras al Batán y eres de nuevo ingreso, [es que] te amarran de extremidades superiores e inferiores, con candados [por] 24 horas. En la noche, a la mayoría, nos amarraban a las camas, para que no nos paráramos”.
Este es el testimonio de Felipe Orozco Salazar, médico cirujano de 42 años, quien tiene un trastorno mental esquizoafectivo –pues combina síntomas de esquizofrenia con alteraciones de estados de ánimo–. Por ello, en 2018, estuvo internado en el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, El Batán, donde –asegura– fue víctima de tratos deshumanizantes.
El Batán es uno de los 55 centros de reclusión en el país que incurre en la violación de los derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial –es decir, personas con un diagnóstico psiquiátrico–, a través de esterilizaciones forzadas, sujeciones físicas y químicas, y muertes por negligencia médica. Esto de acuerdo con el informe “Crímenes de lesa humanidad: Décadas de violencia y abuso en las instituciones mexicanas”, realizado entre 2015 y 2019 por Disability Rights International (DRI).
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