Dafne García
La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla durante el gobierno que encabezó Antonio Gali Fayad hizo pagos irregulares de nómina por un total de 8 millones 270 mil pesos a aviadores, personas fallecidas y trabajadores fantasmas.
En su tercera entrega de auditorias prácticadas a la Cuenta Pública 2018, que se presentó este jueves 20 de febrero a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluyó una revisión a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que debían ser ejercidos por la SEP poblana, encabezada entonces por Patricia Vázquez del Mercado.
Dicho fondo está destinado como apoyo al pago de nóminas y gastos de operación en educación básica y normal. En 2018 la federación le dio a Puebla por concepto de ese fondo un monto de 17 mil millones 111 mil 149 pesos.
De ese total, la ASF revisó una muestra de 15,212,583.4, es decir sólo el 88.9%. Con base en eso se encontró que en el ejercicio y destino de los recursos se cometieron diversas irregularidades:
- 2 millones 140 mil 195 pesos a 14 empleados que no estaban registrados en los centros de trabajos que visitó la ASF.
- 1 millón 590 mil 753 pesos a 10 trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal.
- 243 mil 373 pesos a 3 trabajadores comisionados por el Sindicato Nacional de Trabajadores en el Estado de Puebla. En este caso, por ley está establecido que los pagos a comisionados deben provenir del sindicato y no de la SEP.
- 635 mil 816 a 20 trabajadores que estaban de licencia, pero sin goce de sueldo.
- 2 millones 611 mil 533 pesos a 540 trabajadores que ya estaban registrados como dados de baja por la dependencia.
- 768 mil 689 pesos a 12 trabajadores que ya estaban registrados como fallecidos durante el 2018 o antes.
En su dictamen la ASF emitió una recomendación y siete Pliegos de Observaciones con respecto a las irregularidades detectadas en el pago de nómina, lo que se deberá traducir en el inicio de investigaciones por parte la Secretaría de la Función Pública de Puebla, y en su caso, el inicio de acciones legales.
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