A 10 años de la masacre de San Fernando, no hay justicia. Esto refleja la falta de reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes
Por: Cristian Escobar Añorve
Puebla.- El 23 de agosto de 2010, amanecimos con esta noticia: el hallazgo de los restos de 72 personas migrantes en el Rancho el Huizache, en San Fernando Tamaulipas, 58 correspondían a hombres y 14 a mujeres; eran personas de distintas nacionalidades (Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, India y Brasil) que buscaban llegar a los Estados Unidos.
A diez años de estos hechos, aún está pendiente la identificación de 9 personas (8 hombres y una mujer) y, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) procesó a 15 personas, aún no hay condenados.
Es en este contexto que se llevó a cabo el conversatorio virtual “A una década del asesinato de 72 migrantes en San Fernando”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Colegio de la Frontera Norte, y la Coordinación Sistémica con Estudiantes del Sistema Universitario Jesuita, con el propósito de rememorar y reflexionar acerca de lo ocurrido en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
El foro estuvo dividido en dos partes, en las que se abordaron, desde distintas perspectivas –como la periodística, legal y académica– las consecuencias que, a raíz de la conocida como “Masacre de San Fernando” han afectado a los diversos involucrados que intervienen en el tema de la migración.
Migración, problema repartido
Para el miembro del comité asesor del tribunal internacional de los pueblos en movimiento, Julio Da silveira, la migración es un tema que involucra a tres actores: los países de origen, los países de tránsito y los países de destino. Da Silveira menciona que ninguno de éstos ha tomado acciones para evitar que crímenes como los de San Fernando se sigan cometiendo cada semana en América Latina.
En el caso de los países de origen, las responsabilidades estriban en no generar las condiciones económicas, políticas y sociales para que que menos personas tengan que migrar en búsqueda de mejores oportunidades.
En tanto los países de llegada, que en el caso de San Fernando como en muchos otros más es Estados Unidos, existe una contradicción que ayuda a seguir perpetuando omisiones a los derechos humanos de los migrantes, pues al mismo tiempo que los rechaza, demanda también su fuerza de trabajo.
La situación del país de tránsito, en este caso México, resalta Da Silveira, debe ser analizada a detalle, rastrear la genealogía de la violencia en México para tener una interpretación más exacta de los hechos.
“Se debe comprender a fondo el tema y no sólo quedarse en que es un problema de cárteles o crimen organizado. San Fernando es parte de un proceso de guerra a las drogas que data de varios años atrás, de colusión entre estado y crimen organizado”.
Así, para Ignacio Irazuzta, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la violencia a los migrantes es un fenómeno transnacional y por lo tanto debe ser tratado internacionalmente; sin embargo, menciona, la propia condición de ser migrantes dificulta la constitución de sus derechos debido a no ser sujetos reconocidos legalmente en los países fuera del suyo.
Esta condición, señalan los participantes del conversatorio, ha contribuido, precisamente, a que las autoridades mexicanas investiguen a fondo los hechos y busquen encontrar a los responsables, pues como se comentó con anterioridad, a diez años aún no hay condenados.
Por parte de los Estados Unidos, resalta el abogado de inmigración Carlos Spector, existe una convicción por negar la existencia de la violencia migratoria, la cual no ayuda a tratar de hallarle una solución real.
“Se niega la violencia tratando de analizar toda situación mediante un término muy rígido: según el estado de derechos. Entonces si no es una violación a las leyes de asilo político no es violencia, y como el 99% de los que piden asilo político en Estados Unidos son rechazados, entonces casi no hay violencia”.
Nada más alejado de la realidad, menciona Spector, puesto que todas las personas que piden asilo político sufren alguna causa de violencia, ya sea en su país de origen, de tránsito o de destino.
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