Pacomentario: La Comisión Especial de Búsqueda y la impunidad

por Francisco Cerezohace 8 meses

Por: Francisco Cerezo. Imagen: Archivo. Fecha: 15 abril, 2024

Ya en el documento Dilación, falta de coordinación e inasistencias gubernamentales en la diligencia de inspección en el Estado de Oaxaca por el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que pueden leer en nuestra página web y firmamos conjuntamente las familiares de las víctimas y los acompañantes permanentes de las víctimas, denunciamos a las autoridades del Estado de Oaxaca porque no hubo ni siquiera voluntad política para cumplir la parte que le toca, ni siquiera voluntad política, porque ya sabemos que cumplir con lo que marca la ley en México es un sueño.

El objetivo era realizar una diligencia de inspección a tres lugares dónde podamos conocer el paradero real de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Quién aún no conoce el caso les diremos que dichos luchadores sociales son miembros del grupo insurgente mexicano conocido como Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Es una insurgencia que desde los años 70 y hasta la fecha, es un objetivo contrainsurgente del Estado mexicano.

Tortura y ejecución extrajudicial

Gabriel y Edmundo fueron detenidos de manera arbitraria en Oaxaca, el 25 de mayo de 2007.

Fueron torturados durante todo un día y, según los trozos de verdad que hemos reconstruido, cabe la posibilidad de que si no están vivos en alguna prisión militar, fueron víctimas de una ejecución extrajudicial a base de tortura, por un grupo contrainsurgente conformado por exmarinos y exmilitares.

Un grupo operativo que cometieron todas las violaciones graves a los derechos humanos en contra de decenas de personas en Oaxaca, bajo la coordinación nacional contrainsurgente del Ejército Mexicano.

¿El fin? eliminar a todo miembro insurgente o a cualquier persona sospechosa de serlo o criminalizada como tal.

Negar la represión

Como es usual en estos casos donde la mano siniestra del Estado actúa:

Primero negaron los hechos y no fue hasta que el mismo grupo insurgente explotó ductos de PEMEX y hubo pérdidas de más de 400 mdp y semiparalizara a más mil 400 empresas, el Estado mexicano se vio obligado a “investigar” el hecho.

Pero ya saben qué tipo de investigación hubo: las que sólo sirven para mantener a los responsables en la impunidad.

Así, familiares de dichos insurgentes, organizaciones sociales y de derechos humanos iniciamos el tortuoso camino por la verdad, la memoria y la justicia.

Logramos a base de lucha en las calles y en los juzgados, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara que sí fue el Estado el responsable de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo.

También que por primera vez en México se conformara una Comisión Especial de Búsqueda por mandato judicial para que realmente se buscara a estas personas, víctimas de una desaparición forzada.

Obstrucción de la verdad y la justicia

El 23 de febrero de 2024 se pasó del análisis a la práctica concreta.

Se realizaría una prospección -aunque como diría la Fiscal, en realidad son diligencias de inspección- pero cómo le dijeron prospección pues así quedó.

Como con todo asunto dónde tienen que ver más de dos dependencias de gobierno de cualquier nivel, sólo sirven para nada.

A pesar de que las autoridades de Oaxaca tenían conocimiento de los lugares exactos a visitar y que con tiempo debió realizar todos los trámites para la diligencia.

La Guardia Nacional que asistiría a dar protección y había confirmado su llegada, nunca apareció.

La Comisión Nacional de Búsqueda que encabeza esta Comisión Especial de Búsqueda no tiene recursos para ir y sólo fueron personas -nos dicen tenían voluntad-, pero no el conocimiento del caso y otros “detallitos” que sólo pueden justificarse por la falta de interés del Estado mexicano por romper la impunidad en el caso que tiene 17 años y eso que es el nuevo gobierno socialdemócrata de la Transformación.

Pacomentario: La Comisión Especial de Búsqueda y la impunidad

En la décima reunión de la Comisión Especial de Búsqueda las familiares les dijeron claramente a las autoridades todas, todos estos problemas y debian cumplir con su trabajo no por humanidad o empatía, sino porque están obligados por la ley a hacerlo o están en desacato por desobedecer la ley de manera intencional.

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