Imposible buscar desaparecidos en Michoacán
El fusilamiento que vimos a través de un video en redes sociales en San José de Gracia, municipio de Michoacán, cuando el pasado 27 de febrero afuera de un funeral un comando atacó a civiles, no es nada nuevo para quienes viven en la Sierra del Tigre.
Afirmaron autoridades que al limpiarse por completo las evidencias del crimen, era imposible saber quiénes son las 17 personas puestas en fila y acribilladas en la calle, a plena luz del día.
Pero tampoco es la primera ocasión que sucede en Michoacán, nos afirma una madre buscadora de desaparecidos, que ahora se encuentra en desplazamiento forzado.
«El gobierno siempre nos pide que nos callemos y disfraza estos hechos de enfrentamientos entre carteles para evadir su responsabilidad» sigue describiendo Inés*.
Ella recuerda al menos dos ocasiones en las que hubo balaceras donde varias personas murieron y después no se supo nada, ni siquiera en los medios de comunicación.
Una ocurrió en 2006 en Caleta de Campos, y otra en 2019 en San José de Chila en el municipio de Apatzingán.
Se desata la guerra contra el narco
Fue en 2003, hace casi dos décadas cuando en la costa de Michoacán la población escuchó hablar de la desaparición de unas personas.
Dos años después la situación de violencia se había agravado.
El 3 de enero de 2007 el presidente Felipe Calderón Hinojosa, arrancó el Operativo Conjunto Michoacán desde el municipio de Apatzingán.
Este fue el inicio de la “guerra contra el narco” con el despliegue de policías federales, marinos y soldados.
A partir de esa fecha la violencia en Michoacán se manifestó con balaceras, desapariciones, desplazamiento de pueblos enteros, fusilamientos, asesinato de activistas, periodistas y despojo.
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La situación sólo ha empeorado a decir de una de las madres buscadoras, aunque el Gobierno federal se empeñe en que tiene todo bajo control.
Las redes sociales, testimonio de la violencia
Para la entrevistada el “fusilamiento” en San José de Gracia fue un hecho que se dio conocer por las grabaciones compartidas en redes sociales.
Hace unos años esa posibilidad de documentar no existía y era más fácil que las autoridades se lavaran las manos ante los hechos de violencia.
Inés pone el ejemplo más inmediato “En San José de Gracia cuando el presidente Andrés Manuel dijo que no era cierto que había muertos quienes grabaron dijeron no es verdad porque aquí está la evidencia.»
Otra situación que impide que las personas denuncien la violencia es el temor por su integridad física y la de sus familias.
Búsquedas que cuestan la vida
Los colectivos de búsqueda en Michoacán organizaron la Quinta Caravana de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 28 de abril al 11 de mayo de 2019.
Una de las organizadoras fue la activista Zenaida Pulido Lombera, quien fue asesinada por un comando armado dos meses después de la caravana.
En la Quinta caravana se localizó una fosa clandestina y documentaron 40 desapariciones forzadas.
La activista ya había sido amenazada previamente por su trabajo con las familias de personas desaparecidas en el municipio de Aquila.
La Fiscalía del Estado de Michoacán minimizó el asunto y la clasificó como comerciante, que el asesinato fue por un conflicto de tierras y no derivado del activismo como buscadora de personas desaparecidas.
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Para las madres buscadoras, ninguno de los actos de violencia ocurrido en Michoacán podrían suceder si las corporaciones policíacas y el gobierno no estuviera coludido con los grupos del crimen organizado.
A principios de marzo de 2022 -según informó el Gobierno federal y medios nacionales- pobladores del municipio de Aguililla, después de poco más de un año de haber sido desplazados, regresaron a su casa porque aparentemente las autoridades retomaron el control del territorio.
Unos días después fueron asesinados el presidente de Aguililla y uno de sus asesores.
“Estamos viendo que el gobierno es parte de esto, no tienen el control como están diciendo, pero el hecho es callar a las personas para que no se sepa que realmente siguen sucediendo cosas terribles, ellos no lo van a decir”, comenta Inés.
Michoacán, Colima y Jalisco: el bastión del CJNG
Algunos de los municipios que han vivido mas violencia en Michoacán son Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Aquila, Aguililla, Chinicuila, Tepalcatepec, Coahuayana, Marcos Castellanos y Venustiano Carranza.
Algunos son parte de la ruta de transporte de drogas y armas, en otros han desplazado a las familias para quedarse con sus tierras y utilizarlas para la producción.
También las regiones de los tres estados se volvieron productoras de monocultivo: aguacate, limón y madera fue el giro comercial a la explotación minera.
Y entre más avanza la siembra de monocultivo, se multiplican las cifras de desaparecidos, pero que por temor las familias, no buscan por lo que se está frente a un dudoso registro de denuncias.
De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) entre las tres entidades hay 20 mil 644 personas desaparecidas. Son 14 mil 918 en Jalisco, 4 mil 286 en Michoacán y mil 440 en Colima.
Desde finales del 2021 en diversos medios de comunicación locales y nacionales se dio a conocer que Jalisco había rebasado las 15 mil personas desaparecidas.
Al corte del 11 de febrero de 2022 se habló de 16 mil una personas, mil 83 personas menos en casi dos meses.
El Gobierno de Jalisco justificó esta diferencia como parte de un proceso de ajuste en las cifras, aquí se puede leer la aclaración oficial.
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**Inés es un nombre ficticio que por razones de seguridad se usó para no revelar la identidad de la víctima.
Foto: Susana Rodríguez. Fecha de publicación: 5 de abril 2022.
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