Ocaso legislativo: Ley de SM y Adicciones pero sin recursos y operación
Por: Edna Andrade. Ilustración: Esmeralda Navarro. Fecha: 23 de septiembre, 2024
En los últimos años cada vez es más común hablar de la salud mental es muy importante. Desafortunadamente pocas personas tienen acceso a una atención adecuada a sus problemas de salud mental: al ser un derecho humano, debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, ¿realmente el Estado le da la importancia que merece?
Jalisco aprobó la nueva Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado a través del decreto 29547/LXIII/24. Esta pretende garantizar el derecho a la protección de la salud mental y atención de las adicciones de todas las personas en el estado.
En Jalisco, 333 mil 920 personas viven con depresión, según el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (SALME). Es decir, el estado se encuentra entre los tres primeros lugares a nivel nacional en prevalencia de esta condición.
Con estos datos, el objetivo de la nueva ley busca garantizar la salud mental. Lo anterior mediante acciones como la prevención, detección oportuna y psicoeducación emocional basadas en evidencia científica.
Sin embargo, contar con una ley en la materia no es suficiente. No lo es sin la asignación de recursos económicos necesarios. Es fundamental contar con la infraestructura adecuada y con personal de salud profesional que pueda atender las problemáticas de salud mental existentes en el estado.
El presupuesto de 2024 asignado para atender la salud mental en Jalisco es de 46 millones 443 mil 695 pesos de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Este monto representa sólo el 2.7% total del Presupuesto de Egresos del Gobierno de Jalisco y representa el 24% de los gastos en comunicación hasta agosto de este año.
Infraestructura limitada
El Gobierno de Jalisco cuenta con veinte Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones para todo el estado. Estos únicamente brindan atención primaria y no de tratamiento para las personas con algún padecimiento mental y de consumo de sustancias.
Contar con estos veinte centros de atención básica es insuficiente para las más de 8 millones de habitantes de Jalisco. Además, estos centros no cuentan con el personal necesario para atender padecimientos mentales, pues su labor se enfoca sólo en acciones preventivas.
Para el ejercicio cabal de la nueva ley, es esencial disponer de una infraestructura adecuada. Para responder a los retos de la salud mental se requiere contar con niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, el Artículo Octavo transitorio de la Ley establece la progresividad en la dotación de la infraestructura según la disponibilidad presupuestal.
La promesa del acceso de un derecho en función de la disponibilidad presupuestal paulatina sin establecer metas claras, resulta contradictorio si las prioridades presupuestales del Estado se encuentran en otras áreas.
Aprobación
El camino de la legislación inició en noviembre de 2022 con la expedición de la Ley de Salud Mental y Educación emocional para el Estado de Jalisco.
El mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad por transgredir los derechos de las personas con discapacidad. Se les excluyó del «Foro» convocado para dicho objetivo.
Ya en marzo de 2024, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia de acción de inconstitucionalidad donde declara la invalidez de la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco. El argumento, la vulneración del derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas.
El derecho a la protección de la salud en México se encuentra plasmado en el Artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, aún existe una brecha importante para garantizar este derecho, y los esfuerzos del Estado distan mucho de ser suficientes.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi el 20% de la población tiene algún tipo de trastorno mental. Además, un total de 3.9 millones de personas adultas sufren depresión, es decir, representa la principal afección relacionada con problemas en la salud mental.
Instituciones limitadas
En algunos casos de atención no ambulatoria, se requiere internamiento. Para ello, el Gobierno de Jalisco sólo cuenta con dos instituciones. El Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada (CASAIME EP) y el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve (CASAIME EB).
Durante el año 2023, ambas instituciones atendieron a 4 mil 489 personas en internamiento. Sin embargo, el número de personal profesional de la salud mental es limitado. Para la atención, de acuerdo con datos publicados por SALME, en 2023 cuentan con 68 psicólogos y 39 psiquiatras, personal distribuido en tres turnos.
Esto impide el seguimiento adecuado, como es el caso de Salomé, mujer de 47 años que, tras sobrevivir al suicidio, la internaron durante 2020 en el CASAIME. Después de muchas negativas para darle el servicio de seguimiento durante la pandemia, Salomé se «dio de alta» como lo relata para este medio en Apatía al suicido: una silenciosa violencia de género.
La atención a las personas con ideación suicida se remarca en esta ley. En Jalisco, según el INEGI, durante el 2023 fallecieron 635 personas por suicidio, ubicándose en el segundo lugar a nivel nacional.
El problema afecta principalmente a personas entre los 25 y 34 años. Representan el 28.8% de las muertes por suicidio. La letalidad también toca al grupo de personas entre los 15 y 24 años que representan el 21.9%. Asimismo, la ley garantiza la atención de las personas con problemas de adicción.
Atención de adicciones
En la última encuesta Encuesta Nacional de consumo de Drogas y Tabaco (ENCODAT) del INEGI levantada en 2016, casi un millón de personas afirmaron consumir algún tipo de droga en Jalisco.
La ENCODAT, levantada a casi una década de distancia, sigue sin actualización por falta de presupuesto. El vacío de información impide el establecimiento de políticas públicas efectivas para mejorar la salud de las personas con problemas de adicciones.
Jalisco no cuenta con espacios de internamiento para la rehabilitación de personas con problemas en el consumo de sustancias psicoactivas. La responsabilidad recae en clínicas de rehabilitación costosas, inaccesibles o en los llamados anexos.
De acuerdo con la ley, los establecimientos de internamiento deben formar parte de un registro estatal y con autorización para su funcionamiento.
Además, la autoridad debe asegurar que los espacios cumplan con todas las normas vigentes. Si no ocurre, deberá denunciar ante las instancias correspondientes. La constante es el incumplimiento de la obligación, pues constantemente se difunden violaciones de derechos humanos a las personas internadas con estados emocionales muy vulnerables.
Los recintos de rehabilitación se rigen por la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009. Deben orientarse en la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Y especifica los procedimientos y criterios para atender de manera integral las adicciones.
El Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco se transformó en el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA). Hasta mayo de 2024 tiene un registro de 159 establecimientos para la rehabilitación de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.
Sin embargo, de acuerdo con datos de transparencia, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL) tiene registrados 469 establecimientos caracterizados como Centros de Rehabilitación para Adicciones.
Sin horizonte
Por los altos costos, la atención profesional de la salud mental es accesible para pocas personas. Además, uno de los principales factors de inaccesibilidad es la concentración de los servicios en las grandes ciudades del país.
La Secretaría de Salud confirma que 80% de las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias en México no reciben atención adecuada.
La información proporcionada por la plataforma de transparencia del Gobierno de Jalisco revela que las instituciones cuenta con 59 psiquiatras y 233 psicólogos. Es el grueso de especialistas para brindar acceso a la salud mental para 333 mil 920 personas con depresión. En perspectiva, a cada psicólogo le tocaría atender a mil 433 personas.
Garantizar el derecho a la salud mental implica obligaciones por parte del Estado que deben reflejarse en acciones de prevención y cuidado, no solo de tratamiento.
Es imposible hablar de salud emocional desvinculada al cumplimiento de los derechos humanos. El respeto a estas garantías otorga dignidad a la vida de las personas. El Estado es el responsable de garantizarlos, y deberá responder cuando los derechos sean violentados.
No es suficiente que en Jalisco haya normas bien intencionadas. Es necesario que éstas cuenten con mecanismos efectivos para asegurar su aplicación y garantizar la asignación de recursos necesarios para ello.
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Edna Andrade
Estudio la licenciatura en Sociología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Me gusta el periodismo con enfoque de derechos humanos.
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