Falta ética gubernamental ante Pacto Fiscal: académico.
De cara a la consulta de Revocación de Mandato, un proceso electoral tachado de populista por comentaristas políticos, en Jalisco dejamos atrás una consulta también costosa, que resultó con menor participación de la que se consideraba.
Fue a finales de noviembre y durante varios días de diciembre de 2021, cuando por vía electrónica y manual, la gente votó por revisar el Pacto Fiscal que establece la Federación y cómo se distribuyen los impuestos.
Se gastaron 29 millones de pesos para realizar la consulta que pidió el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Y como los resultados no son vinculantes y obligatorios a seguir, pues en realidad 448 mil personas que votaron no pueden determinar la relación fiscal entre Jalisco con la Federación, el ejercicio «democrático», resulta innecesario para los expertos fiscales.
A quien consultamos afirma que «lo que Jalisco necesita es un plan real de futuro y negociaciones para obtener recursos federales, no consultas ciudadanas ni asesorías jurídicas externas.»
Antonio Sánchez Ibarra es Profesor Investigador del Departamento de Contabilidad del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UDG).
Habló con Perimetral para ahondar en el Pacto Fiscal y los problemas que tiene Jalisco en el reparto de los recursos federales.
Pensar en el beneficio de todos
El reparto de los recursos entre la federación, los estados y municipios tiene de fondo un problema de “ética gubernamental”.
Cada funcionario o funcionaria piensa en términos de un beneficio propio y partidista, no de todos los perfiles de ciudadanos, y así es como reparte el dinero.
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Para el académico el Gobierno de Jalisco debe proponer una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para modificar los indicadores de reparto.
Y hacer un plan de futuro para priorizar las obras necesarias para las y los jaliscienses.
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Eso deja fuera la consideración de salirse del pacto, la creación de un Sistema de Administración Tributaria Estatal.
E incluso la inversión en una consulta desairada por la ciudadanía.
El Pacto
El Pacto Fiscal es un acuerdo firmado entre los estados para que la federación recaude impuestos como el IVA, Impuesto Sobre la Renta y otros.
Posteriormente estos se reparten de manera equitativa y proporcional de acuerdo a unos indicadores especificados en la Ley de Coordinación Fiscal.
Los estados pueden recibir recursos federales mediante: aportaciones, que es dinero ya etiquetado; participaciones, que es dinero de libre uso; acuerdos hechos entre las autoridades en turno.
La primera vez que las entidades y la federación firmaron el pacto fue hace 40 años.
Su objetivo era acabar con la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la violencia. Lo que no pasó.
A decir del investigador de la Universidad de Guadalajara, en los años de vida del pacto, esta no es la primera vez que las entidades se «inconforman.»
Antes ya se había hablado de la distribución «inequitativa» de los recursos.
Jalisco “invierte” y pierde
A principios de 2021 el Gobernador Enrique Alfaro presentó al Congreso del Estado, una iniciativa para revisar y reformar cada seis años los términos en que Jalisco participa dentro del Pacto Fiscal.
Y solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) hacer una consulta ciudadana para saber que querían las y los jaliscienses.
Falta ética gubernamental en presupuestos; consulta del Pacto fue simulación: académico.
Se instalaron 970 centros de recepción de opinión en los municipios y 100 permanentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara según información del gobierno del estado.
El Gobierno del Estado en un comunicado habló de “cientos de miles de personas” sin especificar cifras concretas.
Sólo mencionaba ocho pasos concretos a realizar por parte del gobierno.
La meta mínima requerida para que la consulta fuera válida era de un poco más de 2 millones de personas. Por eso la consulta fue considerada públicamente como un fracaso.
La misma ciudadanía manifestó su inconformidad por el gasto hecho en esta consulta ciudadana.
Una cadena de desconfianza
Para Antonio Sánchez Ibarra, en México no existe madurez financiera y hacendaria para que las y los funcionarios hagan un reparto equitativo de los recursos.
Y la cadena de desconfianza comienza desde la ciudadanía que no paga los impuestos correspondientes porque sabe que tampoco el sistema de contribución es justo. No todos pagan lo que les corresponde.
Además, sucede que los impuestos no se ven reflejados en la calidad de los servicios públicos: salud, seguridad, alumbrado, limpieza, recreación, seguridad municipal, manejo de residuos, entre otros.
Ante esta realidad el tema fiscal se vuelve un círculo vicioso que no trae beneficios para ninguna de las partes, a nivel federal, estatal y municipal.
Porque los vicios de reparto de recursos de la federación a los estados se replica dentro de las entidades con los municipios, aseguró el académico de la UDG.
El gasto millonario quedó entre cuates
Luego del desaire ciudadano hacia la consulta, el Gobernador Enrique Alfaro planteó ocho puntos a los que se les daría seguimiento para darle continuidad al tema del Pacto Fiscal.
El octavo punto se refería a la conformación de un equipo jurídico y técnico por parte de Gobierno del Estado, para darle seguimiento a los puntos planteados.
Lo que no se especificó en ese comunicado fue que la conformación de ese equipo jurídico implicaba la contratación de servicios externos.
Según información publicada en medios locales el pasado 15 de marzo, el gobierno de Enrique Alfaro pagó poco más de 8 millones de pesos por asesorías para proyectos como la “Refundación de Jalisco” y la renegociación del Pacto Fiscal.
En esta publicación se menciona al área de Consejería Jurídica de Gobierno del Estado que tiene en 2022 un presupuesto de 25.9 millones de pesos, además de los abogados integrados en la Secretaría de Gobierno.
Para el académico la falta de ética gubernamental en los presupuestos, hace de la consulta del Pacto, una simulación. El académico Universidad de Guadalajara desestimó el proyecto de creación de un Sistema de Administración Tributaria, porque esto no solucionará la repartición equitativa de recursos.
Foto IEPC /Archivo. Fecha de publicación: 22 de marzo de 2022
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