La justicia en disputa: voces comunitarias frente a la elección del Poder Judicial

por Adrián Montielhace 3 días

La justicia en disputa: voces comunitarias frente a la elección del Poder Judicial

^{Por: Adrián Montiel. Foto: Especial/Archivo. Fecha: 16 de junio, 2025}

La elección del Poder Judicial abrió el debate sobre quién decide, y para quién se imparte justicia ¿Qué está en juego cuando se eligen jueces y magistrados?

Para Alan Carmona (Un Salto de Vida), Gabriela Cervantes (Colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas) y la abogada Cinthia Ramírez, la elección no será un triunfo, sino un nuevo frente de lucha.

Las y el defensor de derechos humanos y de territorio advierten que el proceso no garantizará soluciones inmediatas a sus causas. Al contrario, anticiparon la continuidad de un Poder Judicial capturado por intereses políticos, económicos e, incluso, del crimen organizado.

Aun así, también identifican una oportunidad: abrir camino a perfiles especializados, humanos y comprometidos con la justicia. Para ellos, se trata de la exigencia de transparencia y garantía para que la ciudadanía acceda a los mecanismos judiciales que, hasta ahora, sólo conocen los especialistas.

Tribunal administrativo, enemigo de colectivos

Alan Carmona, desde el colectivo Un Salto de Vida, lleva años impulsando litigios contra industrias contaminantes. También ha confrontado a desarrolladores de fraccionamientos como “El Mirador” y megaproyectos como la termoeléctrica “La Charrería” y un gasoducto.

Aunque han logrado suspensiones importantes para la comunidad, los Tribunales Administrativos son la instancia judicial más compleja porque operan bajo intereses políticos y empresariales.

“El Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco es el mayor enemigo de todos los colectivos y los pueblos que hemos interpuesto procesos en contra de empresas”, aunque reconoció que han contenido información clave y algunos resultados.

Alan no oculta su escepticismo ante el proceso electoral de jueces y magistrados. Señala que los jueces de los tribunales administrativos no formarán parte de los cargos que se someterán a elección popular. Éstos suelen designarse desde los órganos colegiados de los tribunales o por propuestas del Ejecutivo estatal.

Consideró que la mayoría de los aspirantes tienen vínculos partidistas, empresariales o incluso criminales. Reconoció excepciones —como la de Raymundo Espinoza Hernández, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asesor jurídico del colectivo en años pasados—, pero aclaró que no apoyarán a ningún perfil.

“Nuestra desconfianza en el Estado y en todas las instituciones se ha mantenido firme”, confirmó el activista de Un Salto de Vida.

No obstante, reconoció que el proceso de elección trajo un beneficio: visibilizó los perfiles de los jueces y magistrados, así como el proceso de toma de decisiones del Poder Judicial, que antes permanecía oculto para la mayoría de la población.

“Se abrió la caja negra, y ahora estamos tratando de entender cómo funciona. Podemos observar quiénes son los jueces, cómo piensan y a qué intereses responden, lo que podría permitir una fiscalización ciudadana sin precedentes”, detalló Alan Carmona.

El Poder Judicial opera despojo de Parque San Rafael

Gabriela Cervantes lleva ocho años luchando contra la decisión del gobierno municipal de Enrique Alfaro: permitió la construcción de 28 torres de departamentos en el parque San Rafael. El proyecto, gracias a los vecinos, modificó el proyecto, pero dañó los mantos freáticos del parque San Rafael y ocasionó daños a las viviendas.

Ante el atropello de normas urbanísticas y la falta de estudios de impacto ambiental —avalados por jueces—, los vecinos conformaron el colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas.

“Nosotros tuvimos que meter denuncias en el Consejo de la Judicatura por la mala praxis de algunos jueces. En los procesos actuaron como abogados del diablo entregando información al Ayuntamiento”, dijo Cervantes.

Su lucha no ha sido sólo ocontra el gobierno municipal, sino también con quienes deberían impartir justicia. En una audiencia, recordó que el magistrado Filemón Haro le cuestionó si sabía contra quién peleaban. Gabriela respondió: “contra un complejo inmobiliario que afecta a las familias”.

“No —le contradijo el Magistrado—, usted está peleando contra una inversión de 3 mil millones de pesos”.

La falta de juzgados especializados en materia medioambiental agrava el problema. Por eso, ante la elección judicial, Gabriela insiste en que deben priorizarse perfiles con conocimientos técnicos y experiencia en temas medioambientales.

“Cada año hay más conflictos ambientales. Los abogados y jueces lo saben, pero no hay especialistas. Mientras tanto, los gobiernos imponen políticas urbanas a costa del medioambiente”, lamentó.

Para ella, los nuevos perfiles deben tener preparación técnica, ética profesional e independencia. Hoy —señala— el sistema judicial prioriza intereses políticos y empresariales por encima de los derechos humanos.

“Hace falta mucha sensibilidad para escuchar a las personas que demandan justicia”, concluyó.

Que el poder judicial entienda las luchas sociales

Cinthia Ramírez habla como abogada especializada en derechos humanos, pero también como madre. Desde hace años, su hijo —diagnosticado con autismo—, no recibe atención en salud ni educación. El sistema judicial le ha negado amparos y recursos, deshumanizando por completo sus necesidades.

“Las razones son argumentaciones legalistas, formalistas y con una visión muy reducida y limitada de la protección de derechos”, afirmó la abogada.

Según Cinthia, la impartición de justicia es rutinaria, burocrática y dominada por una lógica legalista que impone la norma por encima de los derechos constitucionalmente protegidos.

“Espero que lleguen personas con un perfil distinto: que rompan con las inercias del Poder Judicial acumuladas durante décadas y que permitan transparentar los procesos, trámites y atención”, expresó..

Consideró que el voto popular sólo será una oportunidad si llegan perfiles con formación con la formación técnica necesaria para juzgar con base en el derecho, pero también con conciencia política, conocimiento de derechos humanos y comprensión histórica del país.

“Quienes lleguen al cargo deben entender las luchas sociales desde una cartografía de los movimientos sociales en México y América Latina. Nos distingue una tradición semicontinental de lucha social. Por eso, necesitamos perfiles que conozcan a la población”, destacó.

Buscar, votar y vigilar perfiles

La elección del Poder Judicial puede ser una oportunidad para democratizar una institución históricamente cerrada. Pero también puede ser un nuevo rostro del mismo sistema de privilegios. Las voces desde San Rafael, El Salto y los hogares donde se litiga por derechos fundamentales coinciden en que el cambio no será automático ni sencillo.

Habrá que seguir cada perfil, exigir transparencia, revisar trayectorias y, sobre todo, mantener la vigilancia activa. No basta con votar: hay que acompañar, señalar y volver a preguntar. Porque los nombres que hoy aparecen en una terna, mañana decidirán sobre los derechos colectivos.

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