Se trata de una violación múltiple a los derechos humanos y Jalisco resalta por desatender el desplazamiento forzado por violencia.
A principios de mayo de 2021, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco al menos 700 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado.
Este acto violento tomó por sorpresa a la población y al gobierno, que hasta la fecha no ha resuelto la problemática.
Teocaltiche pertenece a la región Altos Norte de Jalisco azotada por la violencia del crimen organizado.
Perimetral platicó con todo el equipo del área de Desplazamiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para explicar las características de violación grave a los derechos de 600 personas en Jalisco.
Sin legislación, el pretexto para no atender
En México no existe una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, el estado de Jalisco tampoco tiene una.
Sólo los estados de Guerrero y Chiapas tienen legislación para la prevención y atención del desplazamiento forzado.
Sin embargo, para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) el Estado está obligado a reaccionar más allá del marco legal nacional, como lo explica Brenda Pérez Vázquez.
En mayo de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México.
En septiembre de ese mismo año la comisión emitió un Protocolo para la Atención y Protección de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno en México publicado por el Senado de la República.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también cuenta con un Protocolo de Atención en caso de Desplazamiento Forzado
En el caso de 400 familias desplazadas por un ataque armado de la delincuencia organizada en Teocaltiche, recibieron apoyo urgente pero de la sociedad civil y la iglesia, no del Gobierno del Estado.
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Jalisco entra al listado de entidades con desplazamiento forzado
De acuerdo a los registros de la Comisión Mexicana, los principales Estados afectados por el desplazamiento forzado interno son los mismos en el sur, pero a esa lista se integra Jalisco.
Pablo Cabada Rodríguez, investigador del área en la COMI, lo detalló:
El desplazamiento forzado interno implica una violación múltiple de derechos humanos ejercida -de manera directa o indirecta- por el Estado mexicano y no reconocida por los poderes locales, concluyen expertas en el tema.
El Gobierno Federal y los estatales, no tienen una reacción urgente y adecuada ante eventos de desplazamiento.
En el caso de Jalisco, lo único que hizo el gobernador Enrique Alfaro, fue acudir y realizar una visita, no dio atención integral ni generó las condiciones para un retorno seguro a las comunidades de donde salieron 600 personas, huyendo del ataque.
Foto: Susana Rodríguez. Fecha de publicación: 10 de octubre de 2021
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