Café TEC: Senadores y Diputados mexicanos imponen normas no obligatorias del T-MEC que violan derechos humanos

Tunel

Colombiano. Comunicador Social y periodista especializado en TIC's y Arquitectura de Información.

La LXIV Legislatura mexicana impone modificaciones que no sólo no son obligatorias, sino violatorias de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos

Por: John Ospina

Después de resistir por años los embates de iniciativas legislativas promovidas por los Estados Unidos de América como el Acuerdo ACTA, la Ley SOPA, la Ley PIPA y sus versiones mexicanas como la Ley Döring o la Ley Beltrones, finalmente la LXIV Legislatura mexicana asestó un duro golpe a los derechos digitales de las/los usuarias/os mexicanas/os con la aprobación de un paquete de reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal.

Escuchemos a Luis Fernando García, Director Ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales de México, quien en días pasados ofreció una amplia explicación de las implicaciones de la aprobación de dichas reformas.

Las medidas aprobadas entre el 29 y el 30 de junio pasados establecen mecanismos de censura y criminalizan el que se modifiquen o reparen dispositivos tecnológicos por los que ya se pagó y que son propiedad privada de los/las usuarias/os y a pesar de no ser de obligatorio cumplimiento, hacen parte de las exigencias de los Estados Unidos de América para la implementación del T-MEC. 

Con prisa y sin pausa

A pesar de que la implementación del tratado T-MEC le permitía al gobierno mexicano tardarse hasta un máximo de 3 años para discutir y decidir sobre estas reformas, las discusiones y posterior aprobación se llevó a cabo en sesiones extraordinarias en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en un lapso de 24 horas.

Llama la atención que las discusiones y aprobaciones en ambos órganos legislativos se hicieron en forma expedita, sin tener en cuenta a las mexicanas y mexicanos, y aún con el conocimiento de que Canadá no las ha discutido y mucho menos aprobado y anunció que se tomará un tiempo prudencial para hacerlo.

Notificación y retirada, un mecanismo de censura que se implementa, en vísperas de una contienda electoral

La notificación y retirada permite que “cualquier persona”. Sí, está leyendo bien, “cualquier persona”, argumente que un contenido publicado en internet viola su derecho de autor sin necesidad de aportar ninguna evidencia más que su reclamo y sin que medie ninguna resolución de autoridad judicial, obligando de manera inmediata a que la plataforma sobre la que dicho contenido se encuentra publicado lo despublique automáticamente.

Muchos creadores de contenidos ya conocen este mecanismo pues plataformas como Facebook, Google y YouTube lo tienen implementado y, una vez recibida una notificación de retirada de un contenido, se acude a un mecanismo de impugnación que, de fallar de forma negativa contra el usuario que lo publicó lo máximo que podía provocar era la cancelación de su canal en estas plataformas. Con esta nueva normativa, no sólo se verá afectado con la eventual cancelación de su canal, sino que podrá ser sujeto de una multa de hasta un millón, 700 mil pesos.

Con un proceso electoral en ciernes y con la presencia cada vez más generalizada de bodegas que en las sombras hacen gestión de redes sociales a favor o en contra de unos u otros contendientes políticos, es muy probable que estemos en la antesala de la más grande batalla entre campañas, esta vez trasladada a las plataformas digitales.

¿Está obligado México a implementar el mecanismo de notificación y retirada? 

El mecanismo de notificación y retirada representa en sí mismo, una violación al derecho del debido proceso ante una reclamación por la supuesta violación de los derechos de autor y, además, cuenta con una extensión que agrava esta situación al facilitar la censura a la libertad de expresión. Escuchemos.

Candados digitales. Las malas noticias no paran

Los “candados digitales” son medidas tecnológicas de protección que controlan la forma cómo las personas hacen uso de los dispositivos electrónicos, los programas o los bienes digitales que son de su propiedad o por las que ya pagan un derecho de uso.

Estas medidas son tan restrictivas que, incluso, limitan el que se puedan tomar capturas de pantalla, se instalen determinados programas, o se repare un componente de un teléfono móvil que está fallando. La crítica a estos mecanismos es que más que proteger los derechos de autor, buscan controlar lo que las/os usuarias/os pueden hacer o no con los bienes que ya son de su propiedad y por los que pagó un precio, con el único fin de beneficiar a fabricantes de equipos y desarrolladores de programas.

De no respetar estas nuevas restricciones, las penas que se contemplan pueden llegar a ser de hasta 10 año de prisión.

Esta medida, además de desproporcionada en el sentido de que restringe lo que se puede hacer con equipos que son propiedad privada, violando toda libertad, genera dependencia tecnológica y somete a usuarias/os de tecnología a las reglas de mercado y de la obsolescencia programada.

Sólo por mencionar algunos casos emblemáticos, la fabricante de tractores John Deere ha perseguido judicialmente a agricultores y campesinos en Estados Unidos, por reparar ellos mismos sus tractores; Apple ha cabildeado desde hace varios años el que se les permita que sus dispositivos queden inservibles si son reparados por técnicos fuera de su red de soporte autorizado y; en medio de la pandemia por #COVID19, fabricantes de ventiladores mecánicos como Dräger, General Electric Healthcare, Siemens, Advadem y Philips, han usado el mecanismo de “Notificación y Retirada” para que los manuales de reparación de sus equipos sean despublicados de blogs o sitios web con la amenaza de demanda en contra de los administradores de los mismos y han emplazado a la FDA en los Estados Unidos para las autorizaciones de reparación de este tipo de equipos se haga exclusivamente con ellos como proveedores regulados del servicio.

¿Piratería o asimetría de mercados?

Uno de los argumentos que se ha esgrimido en defensa de los derechos de los países con economías emergentes para debatir las imposiciones que durante años han querido establecerse por parte de los grandes corporativos tecnológicos norteamericanos, consiste en que no es posible tasar el valor de un bien tecnológico de consumo, o de los bienes culturales, según las realidades económicas de los países más ricos del mundo.  Lo que las firmas de cabildeo político han llamado de manera peyorativa como piratería, no es más que una distorsión de los mercados en función del poder adquisitivo de ciudadanas y ciudadanos.

¿Cuál ha sido el argumento imperante por parte de los grandes grupos mediáticos norteamericanos y sus grupos de cabildeo frente a la piratería?

El argumento principal de esta modificación regulatoria es la lucha contra la piratería, pero ¿hay otros caminos de luchar contra ella?

Si bien el paquete de reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal fue aprobado por la mayoría de la Cámara y el Senado mexicanos, la ruta de la revisión de constitucionalidad y la impugnación por considerarse violatorio de los derechos humanos, es el camino que distintas organizaciones de la sociedad civil argumentan que emprenderán en las siguientes semanas con el fin de preservar las garantías constitucionales de las mexicanas y los mexicanos.


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