Es importante mencionar que, 8, 349 desplazadas y desplazados sobreviven en el estado sin acceso a derechos humanos como son vivienda, alimentación, educación, salud e incluso agua, ante la crisis humanitaria de la emergencia sanitaria por Covid-19
Por: Yessica Morales
Chiapas.- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA) realizó el Conversatorio virtual: Desplazamiento forzado de pueblos Originarios, con la participación de desplazas de comunidad de Chalchihuitán y Pedro de Jesús Faro Navarro, director del FRAYBA.
Faro Navarro mencionó que, a través del conversatorio pretenden dar a conocer la razón del desplazamiento interno en Chiapas, con ayuda de la campaña #LesQueremosEnCasa, con base a esto han realizado denuncias, acciones urgentes y boletines, sobre las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó y Chilón.
Rufina Pérez Pérez, desplazada de Chalchihuitán, en representación de todos sus compañeros, dio a conocer que han sufrido mucho con los actos que han suscitado desde el año 2017.
“Mataron a nuestro compañero Samuel Luna Girón, desde esa fecha, desde ese año, no ha habido nada de resultado, seguimos siendo desplazados forzados internos con todos nuestros hijos, con todas nuestras familias, estamos en una situación muy grave, nadie sabe nuestra existencia, nadie sabe cómo estamos viviendo en estos tiempos que llevamos”, expresó.
Pérez Pérez dijo que, desde que salieron de sus hogares ya no cultivan las cosechas, actividad en la que mujeres y niños estaban acostumbrados a participar, no trabajan por miedo, ya que los paramilitares continúan disparando, en ocasiones de manera intensa.
“Desplazados desde 2017, fuimos más de 5 mil y el Gobierno nos esforzó a entrar en nuestros hogares, pero lamentablemente a veces no podemos entrar, quedamos como 177 familias que estamos desplazados en estos tiempos son desde 1223 personas, seguimos sufriendo, nadie escucha nuestros dolores”, manifestó.
Además, añadió que cuando salen a realizar algún mandado, las mujeres tienen que cambiar su vestimenta para no ser reconocidas, es un método que emplearon para cuidarse.
A su vez, Margarita Girón Pérez compartió que, los paramilitares y los disparos siguen en Chenalhó, por ello los desplazados se han mantenido con miedo, al punto de tener que esconderse en el monte.
“Muchos ya se murieron, los abuelos, mi abuelo ya se murió por miedo”, expresó Girón Pérez.
Respecto a la supervivencia en la situación actual de los desplazados, Pérez Pérez compartió que, algunos de ellos se arriesgan a salir a trabajar y otros trabajan en el lugar donde se encuentran, aunque reciben pagos de 60 pesos diarios.
“Estamos buscando la manera de sobrevivir, que no nos podemos quedar así, vernos ahí sentadas, estamos buscando la manera… aunque comamos a veces, las familias que tenemos 5 a 6 hijos buscamos la manera arriesgándonos, a pesar de la pandemia, esa enfermedad que ha salido también, no hay atención, no hay nada, abandonada completamente”, añadió.
También, habló sobre la situación de la comunidad de Cruz Kakanam, donde hay 10 familias que aparte de sufrir doble desplazamiento les quemaron las casas, están en una grave situación donde no pueden regresar a su comunidad.
Por otro lado, Faro Navarro dijo que el caso de Chalchihuitán tiene un efecto a nivel nacional, donde la Relatora de Pueblos Indígenas junto con la Relatora de Desplazamiento Forzado emitió una acción urgente hacia el Estado mexicano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación hacia las autoridades Federales y Estatales.
“Nosotros de manera continua hemos estado enviando acciones urgentes, boletines de la situación, hemos tenido reuniones relacionadas a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana aceptadas por el Gobierno Estatal y el Gobierno de México, hemos sido también testigos de lo que dice Rufina y lo que dice Margarita, el poco avance para revertir esta situación crítica de desplazamiento forzado”, expresó.
Gobierno Comunitario de Chilón emitiendo su pronunciamiento.
Cortesía: FRAYBA.
Asimismo, se presentó un video, donde el Gobierno Comunitario junto con desplazados de la comunidad de Carmen San José y San Antonio Patbaxil del municipio de Chilón realizaron un pronunciamiento, desde el año 2017 buscan la armonía y la paz quebrantada, durante ese año al presente han mantenido su lucha a la libre determinación.
Lo anterior, con el fin de elegir a sus autoridades, mediante el sistema jurídico tseltal de la no violencia y conforme a los derechos de los pueblos originarios. Desde 2019 denunciaron los atropellos, inseguridad y violencia que han ido en aumento.
“Es por ello que, nuevamente manifestamos nuestra preocupación ante la actual situación que viven nuestros compañeros victimas de desplazamiento forzado, causado de un grupo civil armado del mismo municipio”, expresan.
A su vez, desde el mes de abril de 2020 han cumplido con la entrega de listas, actas de asambleas e identificaciones, para la realización de gestiones que den lugar a la puntual atención del caso. Sin embargo, los gobiernos desde el federal hasta el municipal habían hecho caso omiso por atender sus demandas.
“A dos años del desplazamiento de Carmen San José y a un año de San Antonio Patbaxil, como el Gobierno Comunitario, en conjunto con las comunidades hemos realizado una campaña persistente de denuncias públicas, exigiendo la resolución de las problemáticas que aquejan a nuestro municipio y dando la palabra de nuestro proceso organizativo”, añadieron.
El Gobierno Comunitario manifestó que a raíz de las denuncias públicas el Gobierno Federal los escuchó, pero no por buena voluntad, sino porque se han empeñado en denunciar todos los atropellos que viven en esta situación.
“El viernes 19 de junio del 2020, luego de más de 3 meses sin recibir ayuda alimenticia del Gobierno Federal, nos brindó alimentos, esa ayuda cabe decir que no resuelve nuestro problema, pues como lo hemos dicho muchas veces, para nosotros la solución es que, la Fiscalía de Justicia Indígena, de puntual seguimiento a las carpetas de investigación y posterior ejecución de los órdenes de aprensión de las personas que pertenecen al grupo civil armado que nos desplazó”, expusieron.
El director del FRAYBA compartió sobre la situación del municipio de Aldama, quienes sufren los efectos de un Grupo de Corte Paramilitar.
“Aldama también es una de las situaciones criticas que hemos estado denunciando, ahora en Aldama la última noticia que tenemos, que hemos documentado, quitaron todos los parapetos que dicen ellos, que son las trincheras que crearon en Santa Marta donde están los grupos de corte paramilitar, quitaron 15 trincheras, una de ellas media 25 metros, estaba enfrente del municipio de Aldama”, expuso.
Sin embargo, el grupo de corte para militar sigue agrediendo, amenazando y hostigando a la población. A la fecha tiene 196 ataques armados registrados desde el 2018.
“Hacemos evidente que el Estado mexicano, que el Gobierno de Chiapas y el Gobierno Federal, pues han estado como espectadores siendo omisos en la atención de las agresiones reiteradas, por lo tanto, los convierte en cómplices”, añadió.
Unido a esto, los desplazados de la Sociedad Civil de las Abejas tienen 2 años de desplazamiento forzado, en la historia de ese pueblo destaca que fue la cuna de los cortes paramilitares, 22 de diciembre de 1997 sufrieron una masacre, una situación que sigue en impunidad.
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