Siguen denuncias ante instancias ambientales federales por las descargas de aguas con tóxicos a cuerpos de agua nacionales; podría implicar responsabilidad del propio Sistema de Agua de León, subraya Gustavo Lozano
Por: Alonso Merino Lubetzky
Guanajuato.- La organización guanajuatense Acción Colectiva Socioambiental presentó una denuncia formal contra la industria curtidora ante la contraloría del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de León (SAPAL), con relación a seis descargas clandestinas de aguas tóxicas industriales sobre ríos y arroyos nacionales. Denunciarán además a SAPAL y a la misma industria ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Contraloría del Ayuntamiento de León.
Ahí, en las instalaciones mismas de la paramunicipal, los ecologistas señalaron enfáticamente que «León contribuye a la contaminación de los ríos Turbio, Lerma y del lago de Chapala», cuerpos de agua de enorme importancia para la República Mexicana. Nunca antes SAPAL había recibido una denuncia formal sobre la afectaciones que provoca la industria curtidora, ícono del desarrollo económico y de la memoria histórica de la ciudad.
Los denunciantes mencionaron que es debido a las características de las aguas residuales tóxicas de la industria curtidora que la contaminación a ríos y arroyos puede considerarse como un grave problema de polución en el que está implicado también el estado de Jalisco. Recordaron que en la entidad vecina también han habido denuncias a la industria por la contaminación del río Santiago, donde numerosas empresas vierten aguas tóxicas a sus afluentes.
Descargas clandestinas; principal razón de la denuncia contra la industria curtidora
La denuncia de la organización detalla cómo las seis descargas ilegales sobre el arroyo Las Mulas provienen de empresas curtidoras ubicadas en los parques industriales de la zona sur-poniente de la ciudad. Entre dichos parques que se incluyen en la denuncia se encuentran San Crispín, Santa Crocce, San Jorge, Pamplona y Arroyo Hondo.
Esta zona de industria curtidora —explica Gustavo Lozano de Acción Colectiva— fue relocalizada entre los años 2011, 2012 y 2013. La reubicación de las tenerías en dichos parques industriales es posterior a que el Módulo de Desbaste (MD) de la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) fue puesto en operaciones.
El MD tiene la función de sanear las aguas industriales de estas empresas, sin embargo, en la denuncia se señala cómo las descargas clandestinas por medio de la ruptura del colector industrial desvían las aguas tóxicas antes de que lleguen a la planta, dejándoles el paso libre hacia el arroyo Las Mulas.
«¿Qué estamos denunciando? Estamos denunciando las seis descargas que se vierten de manera ilegal al arroyo Las Mulas que afluye al arroyo Hondo, que es ya considerado un cuerpo de agua propiedad de la nación y que a escasos 500 metros aguas abajo se vincula con el río Turbio, que en León conocemos como el río de Los Gómez, ya en su parte final antes de salir a León. El río Turbio recorre aproximadamente 200 km hasta que sale del estado de Guanajuato, por Michoacán a la altura de Pénjamo y se vincula con el río Lerma», explicaron los integrantes de Acción Colectiva.
¿Qué se espera de SAPAL?
Después de los quince días a los que está obligado SAPAL por ley para atender su denuncia, la organización espera «la coadyuvancia con el sistema de agua potable» para aportar más documentación y pruebas que permitan entender el fenómeno de contaminación. Se espera, por tanto, que el organismo operador inicie también una investigación por su cuenta que recupere, además, los señalamientos hechos por la empresa ECOSYS III en su último comunicado.
ECOSYS III dijo recientemente que la calidad del agua que recibe de la industria no está cumpliendo con lo pactado con SAPAL, dificultando así su saneamiento por medio del Módulo de Desbaste. «Como mínimo hablamos de seis años de acuerdo con el comunicado de ECOSYS» —dijo Gustavo Lozano— en los que el agua que llega a la planta ha incumplido con los acuerdos.
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Mediante «diversos mecanismos legales es posible rastrear si efectivamente las empresas curtidoras cumplieron o incumplieron con los acuerdos de entregar una cierta calidad de agua del sistema de recolección de SAPAL que luego lo vincula con la planta de tratamiento y su Módulo de Desbaste».
Acción Colectiva se muestra expectante para que SAPAL dé nombres de las empresas responsables de la contaminación de los ríos y arroyos del estado. «Que nos den nombres de propietarios y accionistas de estas empresas. Esperamos que SAPAL haga lo posible para limpiarse la cara de manera efectiva», declararon.
SAPAL se ha limitado a decir que tomará el control de la planta una vez terminada la concesión de 20 años con ECOSYS, el 22 de septiembre. Sin embargo, públicamente no ha respondido a los señalamientos de la organización ecologista.
«Como si eso fuera suficiente para zanjar el tema y la preocupación que existe, no solamente en torno a la contaminación del agua, sino al desabasto que SAPAL frecuentemente anuncia al que estamos a punto de llegar en términos hídricos».
SAPAL promete inversión injustificada
Acción Colectiva recordó que el organismo operador del agua en León ha estado anunciando una inversión de mil 500 millones de pesos para reconstruir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste. «SAPAL tiene que explicar varias cosas antes de iniciar esta inversión», dijeron.
Según SAPAL en apenas dos años la PTAR y el MD requieren una inversión de esa magnitud, pues en 2018 mediante un proyecto SAPAL dijo a SEMARNAT que las instalaciones se encontraban en condiciones óptimas de operación.
«No nos podemos creer que en un lapso de dos años haya habido un desgaste tal en torno a la Planta de Tratamiento y el Módulo de Desbaste como para invertir mil 500 millones de pesos que implican, entre otras cosas, no solamente su mejora, sino la reconstrucción de las plantas, como el propio director de SAPAL ha anunciado públicamente».
Señalan con insistencia que, de acuerdo a opiniones expertas, las plantas de este tipo tienen una vida de entre 35 y 50 años, por lo que en estricto sentido suman solo 20 años la Planta y 10 años el Módulo de Desbaste, respectivamente, desde que iniciaron operaciones. Así «pues no parece razonable. Menos con la cantidad de dinero que suponen van a invertir».
Además recordaron que el organismo operador no tiene fines de lucro, levantando cuestionamientos sobre cómo, cuándo y de dónde ha acumulado esa gran suma de dinero. «No nos explicamos cómo es entonces que SAPAL ha acumulado esa cantidad de dinero y cómo pretende invertirla así tan fácilmente», señalaron. Exhortaron, sin más, a los regidores del Ayuntamiento de León que forman parte del Consejo Directivo de SAPAL para que informen al pleno sobre qué está ocurriendo y así entonces poder explicar la situación a la sociedad.
Denunciarán a SAPAL ante instancias superiores
Dado que la función de SAPAL es vigilar los ríos y arroyos de los que son supervisores legales a nivel nacional, «SAPAL es por lo tanto también un contaminante de esos ríos. Pero no lo vamos a denunciar ante sí mismos, lo vamos a denunciar ante una instancia superior que es la PROFEPA y la CONAGUA».
Así que la estrategia legal de la organización no solo es denunciar a los curtidores frente a SAPAL, sino presentar una delación formal ante instancias a las cuales SAPAL debe rendir cuentas sobre sus omisiones. En estas se incluirán a ambos como denunciantes: a los curtidores y al organismo operador.
«Lo que hemos descubierto es que no solamente las empresas curtidoras están contaminando los ríos y arroyos, sino que SAPAL finalmente no recibe ni gestiona el saneamiento de todas las aguas residuales de la ciudad. Es un servicio que sí cobra, pero que no logra sanear todo. Por lo tanto desvía, habíamos anunciado previamente, alrededor de 250 millones de litros diarios de agua en época de lluvias y alrededor de 14 millones en época de secas, que vierte directamente sin tratar a ríos y arroyos considerados bienes nacionales».
Además denunciarán ante Contraloría municipal y, particularmente, ante la PROFECO por el servicio que SAPAL cobra pero que no realiza. «Es importante que los ciudadanos sepamos cuál es el desglose de la tarifa que SAPAL nos cobra en bloque. Es decir, qué es lo que incluye exactamente», dijeron frente a medios de comunicación. De esa forma, como consumidores, podremos saber qué tipo de servicio ofrece el organismo operador y si cumple o no con la calidad de agua que promete.
Desde el punto de vista político, Acción Colectiva tiene la intención de solicitar información con relación a los consejeros directivos del organismo operador, vía Acceso a la Información y vía el mismo SAPAL. «Tienen un vínculo importante con las industrias, no solamente curtidoras y del cuero-calzado, sino otro tipo de industrias, por lo que —dice Lozano— no sería descabellado pensar que existe una protección desde el consejo directivo hacia la industria curtidora».
Finalizaron diciendo que SAPAL conoce el problema y no lo ha evitado con la contundencia que se requiere. «El tema tiene todavía mucho oculto. Estamos esperando algo de información que hemos solicitado para poder salir públicamente a decir algo más al respecto».
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