A casi tres meses del asesinato de diez habitantes de Alcozacán, Chilapa, no hay respuestas para las familias sobre las investigaciones de esta masacre, atribuida a Los Ardillos. La gente continúa acechada por este grupo criminal
Texto: Vania Pigeonutt
Foto: José Luis de la Cruz
Hueycantenango, Guerrero.- Desde que N. nació es cristiano pentecostés. Es tan grande su amor a dios, dice, que por eso, pese a que apenas cumpliría 18 años de edad, decidió ser policía de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC–PF). Sentía que debía hacer algo. Han pasado más de dos años desde que se enfiló en la agrupación y aún no llega la paz a su pueblo. Ha sufrido la pérdida de familiares asesinados y ve con tristeza que, no hay tregua.
N. nació en Ayahualtempa, una comunidad del municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que junto a Quechultenango, Mochitlán, Tixtla y Chilapa, es un territorio que las autoridades identifican como área de operación del grupo criminal Los Ardillos.
Ayahualtempa es uno de 16 pueblos nahuas de la CRAC–PF que no han sometido Los Ardillos a pesar del asesinato de decenas de integrantes de este sistema de seguridad que surgió en septiembre del 2014.
Los niños y las mujeres entrenan posiciones marciales y de tiro. En varias ocasiones demostraron que en esas comunidades saben cómo defenderse.
N. junto a otros habitantes de estas 16 comunidades pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente del país Andrés Manuel López Obrador, que no deje morir a más gente de esta zona indígena del estado, a sólo dos horas de Chilpancingo y a dos de Tlapa, el primer municipio de la región Montaña. No hay justicia ni investigaciones sobre sus muertos y aunque está la Guardia Nacional en la zona, los asesinatos y amenazas siguen ocurriendo.
A la deriva
El hecho reciente más impactante fue el 17 de enero, cuando diez habitantes de Alcozacán, trabajadores del grupo Sensación Musical, fueron asesinados en la comunidad de Mexcalcingo, cuando regresaban de Tlayelpan, este último controlado por Los Ardillos. A la fecha, denuncia Bernardino Sánchez Luna, coordinador de la CRAC-PF “no ha habido avances de las investigaciones y necesitamos seguridad, comprar comida, salir por víveres, pero no podemos porque nos están vigilando”.
Las víctimas de ese 17 de enero, eran todos hombres, tenían entre 15 y 42 años, quienes dejaron a ocho mujeres viudas y 17 huérfanos.
Amapola. Periodismo transgresor documentó cómo esos días, ante la violencia desatada en la región, niños y adultos realizaron una marcha con escopetas y embozados para exigir paz. También bloquearon ocho días la carretera, Chilapa–Hueycantenango para exigir puntos de seguridad permanente por parte de la Guardia Nacional y la Marina.
“Nuestra tirada es esa: que nos dejen vivir en paz. Queremos un domingo tranquilo para poder ir al culto (ceremonia religiosa), orar y cantar canciones de alabanza. Nosotros estamos en la necesidad de traer un rifle, pero si nos dejaran de amenazar, de matarnos a seres queridos, los dejamos. Si nos dejaran vivir y estar con nuestras familias, haciendo nuestras vidas, no necesitaríamos tantos policías de vigilancia”, detalla N.
Alcozacán, de donde son los diez asesinados, entre ellos un niño de 15 años, está a la mitad de un corredor donde han pasado varios asesinatos, atribuidos por habitantes de estas 16 comunidades a los hermanos Ortega Jiménez, familia identificada por las autoridades, como la que maneja el negocio local del grupo criminal, cuya sede es el municipio de Quechultenango.
“En estos meses han ocurrido muchas cosas, nos asesinaron a un habitante de esta región hace unos días y en la comunidad de Tula, Los Ardillos mantienen su campamento, siguen con vigilancia constante, la gente está temerosa a que tiren balazos, como ya ha ocurrido otras veces. Pedimos puntos de seguridad, el gobernador Astudillo cuando vino se comprometió a eso, pero nada. Estamos completamente olvidados”, denuncia Bernardino Sánchez, coordinador de la CRAC–PF a casi cuatro meses de los hechos violentos de enero.
El contexto también ha sido violento, sobre todo en Chilapa, municipio al que pertenece Rincón de Chautla, comunidad de los Sánchez Luna, comunidad de caminos difíciles y bosque espeso; allí también han ocurrido enfrentamientos que han enlutado hogares y dejado a niños huérfanos y mujeres viudas. En esta comunidad viven desplazadas familias de Paraíso Tepila.
Como ejemplo, dice, apenas el 17 de marzo, justo cuando se cumplieron dos meses sin que haya investigaciones claras de por qué asesinaron a los habitantes de Alcozacán, el ex alcalde priísta de Chilapa, Sergio Dolores Flores, fue asesinado dentro de su negocio de venta de materiales de construcción. Días antes, el 3 de marzo, un trabajador del ayuntamiento de Chilapa, fue asesinado a balazos cerca de la cancha de fútbol, cerca del panteón municipal.
Desde la conformación de la CRAC–PF en 2014, las comunidades han tenido enfrentamientos con integrantes de Los Ardillos y el grupo de autodefensa denominado Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia relacionado con ese grupo criminal. También se han enfrentado con el grupo criminal Los Rojos, en disputa con Los Ardillos por el control del territorio. El primer ataque a la CRAC-PF ocurrió el 8 de febrero de 2015. Ese día 30 policías comunitarios fueron emboscados en San Jerónimo Palantla, ataque que la CRAC-PF atribuyó a Los Rojos. En ese enfrentamiento murieron cinco comunitarios y cinco integrantes, del grupo criminal Los Rojos, dice Sánchez Luna.
No hay avance en las investigaciones
El vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, admitió que hubo un asesinato en esta zona hace unos días, “al parecer que es familiar o tiene relación con la CRAC–PF. Sigue la seguridad con la Guardia Nacional en la zona, es constante la presencia”, dice.
Sin embargo, aceptó que al menos la Mesa de Coordinación no tiene avances del asesinato de los diez habitantes nahuas de Alcozacán. “Hay una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, pero en la Mesa de Coordinación no conocemos los avances”.
El vocero aseguró que la vigilancia es permanente y hay coordinación con los ayuntamientos de Chilapa y Hueycantenango, para que permanezcan atentos a lo que ocurre en esa área de pueblos originarios.
El gobernador Astudillo, acudió sólo días después de que la CRAC–PF, como respuesta al múltiple homicidio, presentara a 19 niños armados dispuestos a defender sus comunidades. Aunque no era la primera vez, porque en mayo de 2019, en la comunidad de Rincón de Chautla, armados con rifles de madera, también fueron grabados niños para exigir alimentos y un alto al acoso del grupo criminal.
Astudillo fue a la comunidad de Alcozacán dos veces. En enero y febrero. Presumió en redes sociales que dialogó con familias de las comunidades de Alcozacán, Tula, Xicotlán, Zacapexco y Rincón de Chautla, quienes recibirían viviendas construidas por la Secretaría de Desarrollo Social estatal y anunció una estrategia de pacificación para esta zona.
Habló de acciones como: talleres anti estrés, exposiciones, torneos deportivos, escuela para padres, ciclos de cine, educación para la paz. “La ciencia debe estar en lugar de armas”. Y lanzó una sentencia en su Twitter: “Lo más importante es que nos volvamos a ver como hermanos. El pueblo no tiene enemigos. El enemigo es la pobreza y los que están fuera de la ley.
Bernardino Sánchez quiere confiar en el gobernador, así como las viudas y los desplazados, pero no se siente seguro y no va a dejar su comunidad, ante el acecho del grupo criminal.
El sueño de unir sus territorios
En esta zona, explica N., la gente vive de forma sencilla. En su pueblo, Ayahualtempa, uno de los más importantes en el territorio de la CRAC–PF, donde varios niños son entrenados para que aprendan posiciones de tiro, luego de ir a sus cultos y estudiar la biblia, la gente lo que sueña es con irse a la laguna a estar tranquila, a recorrer sus calles sin que se sientan vigilados.
N. ya se casó, lo hizo poco tiempo después de que le mataran a un familiar. Aún con su pérdida ve para adelante: se imagina un futuro con su esposa, ser un buen padre de familia, poder ofrecerle una vida buena a sus hipotéticos hijos. Él se da vuelo pensando en el futuro, pero para esto, acepta, tiene que estar tranquila su zona que es donde sueña ver crecer a sus hijos y que la gente a la que ya no ve, por cuestiones de pelea de Los Ardillos, pueda verla después.
Recuerda que hace más de 20 años un pastor cristiano llegó a la comunidad de Santa Fe, en Quechultenango. Su familia podía ir a ese municipio sin problemas a la ceremonia religiosa, incluso él, años después recuerda que algunas veces también fueron a los balnearios de agua natural que hay, pero ahora no puede siquiera pasar por esos caminos sin ser identificado o cualquier otro miembros de su zona.
“Cuando mis papás crecieron, sus papás también ya eran cristianos, mis abuelitos eran cristianos, me cuentan que el que vino a plantar la religión cristiana, tiene un hermano de Santa Fe, de Quechultenango. Hace dos años cuando no teníamos problemas con Los Ardillos, yo entraba a Santa Fe, al Borbollón, está lejos de aquí, como a dos horas de aquí para allá. Ellos son los que vinieron a plantar aquí a Ayahualtempa la religión y el que nace para Dios, él ya lo escoge en el vientre de su madre”.
Por eso N. no piensa en venganzas, sólo sueña con estar con la gente que ya no puede ver por la violencia en su región.
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