Denuncian que en Chiapas hay muchos grupos de desplazados por la violencia y represión del Estado y por grupos paramilitares. No hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables
Por: Redacción
Chiapas.- A tres años del asesinato de Samuel Luna Girón, habitante de la comunidad de Chalchihuitán y el desplazamiento forzado interno de 5,023 personas ocurrido en el mes de octubre del año 2017, mujeres y hombres integrantes del Comité Chalchihuitle, reafirmaron su lucha por la justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.
En el documento firmado por dicho comité, las y los integrantes señalan que, Manuel Velasco Coello, ex gobernador de la entidad, dio la orden al entonces presidente municipal, Martín Gómez Pérez para que obligará a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones.
«Sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos 1237, y que nos organizamos en el Comité Chalchihuitle», afirman en el oficio.
Detallaron que durante estos tres años y hasta ahora, siguen latentes los ataques paramilitares de Chenalhó y Rutilio Escandón Cadenas, actual gobernador de Chiapas, no ha cumplido con ninguna de sus demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables”. Cortesía: Danny Alveal Aravena de Ruta 32/febrero 2018.
Exigen al gobierno de federal y estatal la desarticulación, desarme y castigo a los grupos armados de Chenalhó, responsables del desplazamiento, robo de pertenencias y la destrucción de las casas de las y los pobladores de Chalchihuitán.
Asimismo, reclaman el registro de las y los afectados ante la Comisión de Víctimas y la indemnización de los daños ocasionados por estos hechos de violencia.
Señalan que, durante este tiempo, los grupos armados de Chenalhó entraron a despojar sus parcelas, destruyendo y quemando casas, robando animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en las comunidades colindantes entre ambos municipios.
Además, destacan que a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados.
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