Después de cinco meses la FGE tampoco ha dado cumplimiento a la única recomendación que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos por violar el derecho a la seguridad jurídica de Bárbara Botello
No es únicamente el funcionario más poderoso y de mayor antigüedad en un alto cargo estatal, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre se ha convertido también en un “intocable” para la Fiscalía General de la República (FGR) y para la propia oficina que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en el estado.
El poder acumulado por el fiscal en sus 12 años al frente de la procuración de justicia ya no solo inhibe al poder Ejecutivo y Legislativo del estado para exigirle cuentas, sino que su invulnerabilidad afecta ahora al propio Gobierno Federal, que consideró “impertinente” una petición para citar a declarar al fiscal estatal.
Lo mismo ocurre con un organismo formalmente autónomo, como la Procuraduría de Derechos Humanos, que evita sistemáticamente recomendar al fiscal y cuando lo hace con sus subordinados les tolera incumplimientos e incluso les sugiere “pedir prórrogas”.
Por: Carmen Pizano/@CARMENPIZANOL
Ilustración: Pinche Einnar
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