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Grupo Higa continúa autopista ilegal, bajo protección de Guardia y policía mexiquense

En plena emergencia sanitaria, el ejecutivo del estado de México y Grupo Higa continúan construyendo la autopista privada  México-Naucalpan. Ello a pesar de que se declaró estado de emergencia sanitaria, y de que un juez federal determinó la suspensión definitiva de la obra hace casi un mes. El día de hoy fue arrestado el comunero Iván Vargas González

Texto: Lydiette Carrión
Foto: Ngisa Xochicuautla

Ciudad de México.- Este martes, los obreros que concluyen a todas prisas la autopista privada Naucalpan- Toluca llegaron a trabajar como si no hubiera emergencia sanitaria nacional; y como si no hubiera un amparo de suspensión definitiva. Llegaron en punto, a las nueve de la mañana.

Eso sí, llegaron escoltados por policías del Estado de México, así como miembros de la Guardia Nacional.

Así lo señalaron los habitantes de la comunidad otomí Hñathö San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción. Ayer, las autoridades federales anunciaron un estado de emergencia sanitario a nivel nacional. Que todos deberían guardarse en sus casas hasta el 30 de abril a excepción de actividades prioritarias. La construcción de una autopista privada no es una de ellas. Sin embargo, centenares de trabajadores de la construcción se presentaron. 

Por todo ello se registró un intercambio de palabras, entre comuneros y trabajadores, que se escaló en pequeño enfrentamiento esta mañana.

El doctor Jaime Vargas, quien desde hace 13 años ha formado parte de la oposición comunitaria a la autopista, describió los hechos vía telefónica. En toda la carretera, en el tramo que compete a su comunidad, hay este martes unos 300 trabajadores. 

En el tramo de andaguada, aglomerados, hay unos 40 obreros. Además están respaldados por tres camionetas de la Guardia Nacional –que suman unos 20 elementos–. Finalmente, incluso, se presentaron miembros de la caballería. 

Detención ilegal

Los comuneros mostraron el amparo, que es vigente desde el 6 de marzo. La construcción de la autopista debe ser suspendida. Pero los trabajadores “no muestran papel ninguno donde digan que pueden trabajar”, acusa Vargas, “A la policía les pedimos que se retiraran, ya que nosotros contamos con medidas cautelares. Está todo mal.” 

Eso escaló y hubo un breve enfrentamiento entre comuneros y policías. No pasó a mayores. Después llegó el jurídico de la empresa, filial de Higa. Y también el de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

“Viendo el amparo, se lo leímos, y prácticamente no tenían ningún argumento. Se hizo a un lado la Secretaría de Seguridad. Y nosotros seguimos bajando las máquinas. Los trabajadores tampoco la hicieron de tos. Se bajaron.”

Ya eran alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los jóvenes comuneros, Iván Vargas González, se adelantó a otro punto para detener otras máquinas. En eso llegó una camioneta con policías y lo detuvieron. “Lo agarran, lo suben y lo llevaban golpeando”, explica Jaime. No había orden de aprehensión alguna, e Iván no participó en la confrontación de la mañana.

Hasta ahora no saben a qué juzgado lo llevaron.

El interés es de Grupo Atlacomulco

La autopista Naucalpan-Toluca es un proyecto antiguo del grupo Atlacomulco. Fue primero proyectado por Arturo Montiel en su sexenio, 1999-2005. Luego, su sobrino Enrique Peña Nieto le dio continuidad cuando fue presidente de la República.  En julio 2015, el gobierno de Eruviel Ávila –que se caracterizó por acatar las órdenes de Peña Nieto– expidió un decreto de expropiación de un área nacional protegida. Los pobladores ganaron varios amparos; sin embargo, el gobierno del Estado de México envió a la policía estatal a derribar casas. 

En 2016, Peña Nieto publicó la convocatoria para la licitación de la obra. Para el  24 de abril de 2017 se dio a conocer que la empresa favorecida para la construcción, operación y administración de la autopista sería la constructora Teya SA de CV, filial de grupo Higa.

El pasado 5 de marzo de 2020, un juez federal determinó la suspensión definitiva de obra, debido a las múltiples irregularidades. Sin embargo, fuera de la ley, sigue la obra, además amparada por policías estatales y ahora nacionales.

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