Misión civil documenta agresiones y rezago agrario contra la autonomía de Azqueltán
Por Adrián Montiel González. Fotos: Víctor Ibarra/IMDEC y Sandra Suaste Ávila/Red TDT. Fecha: 25 de mayo, 2026
Durante los días 20, 21 y 22 de mayo se realizó la Misión Civil de Observación dirigida a la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero en Jalisco. Las organizaciones participantes documentaron una serie de agresiones: racismo, discriminación, amenazas, pero también la fortaleza, resistencia, dignidad y bondad de la comunidad de Azqueltán
La tercera Misión Civil de Observación, coordinada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), documentó una serie de agresiones físicas, despojos materiales y trabas institucionales que obstaculizan el avance de los juicios agrarios para la restitución de sus tierras ancestrales en la comunidad indígena autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán.
Durante los días 20, 21 y 22 de mayo, la Misión Civil de Observación acudió tras la agresión armada, ocurrida en noviembre de 2025, contra los hermanos Marcos y Gabriel Aguilar Rojas. El primero, líder comunal, fue asesinado y el segundo resultó herido.
La agresión supone una escalada de la violencia desde 2018 tras la segunda misión. En esta, se señaló una delicada conflictividad en la zona norte y se llamó al Estado de Jalisco a atender los problemas territoriales y de gobernabilidad. En específico, exigió a las autoridades agrarias emitir una sentencia que todavía no llega.
La escalada de violencia
Para el representante agrario de San Lorenzo Azqueltán, Ramiro Reyes Márquez, la lucha inició desde 1951 y hasta la década de los 2000 comenzó a ver cambios. En 2011, la comunidad inició un juicio para la restitución de más de 38 mil hectáreas del territorio ancestral. Este se respaldó con el título virreinal de 1773 que ampara 94 mil 400 hectáreas.
Además, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) revisó el Registro Agrario Nacional donde confirmó que no existe registro legal del «ejido de San Lorenzo de Azqueltán» para acreditar la existencia del ejido de Azqueltán.
“De allí empieza nuestro martirio de parte del ejido, de los avecindados, de la pequeña propiedad. Lo cual pues han estado en contra de nosotros. En el 2018 fue lo más grave cuando nos levantan a dos con compañeros: nos desaparecen al compañero Catarino y Noé Aguilar”.
En este contexto llegó la primera misión civil donde se llamó la acción por parte de las autoridades, llamado que ampararon 84 asociaciones de 23 estados.
Sin embargo, las agresiones continuaron en 2019.
“Nos golpean a otros compañeros: a Ricardo de la Cruz González, a Rafael Reyes Márquez y a Noé Valentín que era nuestro representante comunal. Casi los dejan como muertos”, explicó Ramiro Reyes.
También denunció diversos atropellos como robo de maquinaria y herramienta, acosos, desprecio y discriminación. La violencia llegó hasta el homicidio de Marcos Aguilar.
“E infinidad de cosas. En realidad como que quieren meter miedo, pero, al final de cuentas, como que ya nos impusimos. Esto no va a suceder mientras Dios no quiera o mientras no lleguemos a nuestro final”, dijo Ramiro Reyes.
La dilación del tribunal agrario ha propiciado el aumento de la presión y la violencia ante la falta de una resolución judicial.
Rezago en tribunales y solicitud de decreto presidencial
La consultora agraria, abogada Quetzal Prado, e integrante de la Misión Civil de Observación, expuso una disparidad en la actuación de los órganos de procuración de justicia.
“Hay una situación particular que le ha dolido mucho a la comunidad. Cuando se dan los ataques denunciaban ante el Ministerio Público, pero no avanzaban las carpetas de investigación. Se les ha tratado de criminalizar porque, cuando presentan denuncias en su contra, las carpetas, mágicamente se judicializan en un par de meses”, dijo Quetzal Prado.
En el ámbito agrario, el proceso se encuentra suspendido. El pasado 12 de mayo, el Tribunal Superior Agrario suprimió el Tribunal Agrario 16, transfiriendo más de 500 expedientes a los tribunales 13 y 15.
“Esta acción que acaba de realizar el Tribunal Superior Agrario es completamente en detrimento de los derechos de los núcleos agrarios en el estado. Si de por sí tenemos 10 años notificando a la gente con un tribunal que tenía 500 asuntos, imagínense cuánto va a durar cuando los tribunales van a tener más de 700 asuntos”.
Ante la parálisis del sistema judicial, la comunidad formalizó una petición ante la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para emitir un decreto presidencial que reconozca formalmente 22 mil hectáreas en posesión pacífica. La abogada Quetzal Prado explicó que se utiliza el modelo jurídico aplicado en la Sierra Tarahumara.
Exigencias al Estado de Jalisco
Denise Montiel, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), informó el acercamiento que la Misión Civil de Observación tuvo con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado donde reconocieron la necesidad de fortalecer los canales institucionales de interlocución.
“Y también para implementar mecanismos efectivos de coordinación que permitan atender una problemática histórica que no puede ser seguir postergándose”, dijo la directora de CEPAD.
Además, la Dirección de Asuntos Agrarios se comprometió en avanzar en la clarificación de la situación territorial y dialogar con las partes involucradas. La Comisión Estatal Indígena se comprometió en acercar programas sociales a la comunidad. Sobre todo, garantizar la seguridad de la comunidad.
Denisse Montiel precisó que los compromisos serán en coordinación con las autoridades comunales y con la comunidad.
Porque el gobernador de San Lorenzo, Mario González de la Cruz, vio con recelo si las autoridades imponen formas de trabajar pues ellos, como pueblo autónomo, toman sus propias decisiones.
“La comunidad sabe cómo luchar, sabe qué pasos llevar, sabe cómo trabajar, cómo coordinarse a la comunidad. A la comunidad nadie le va a decir si va haber una mesa de diálogo con algunos avecindados o ejidatarios. Yo creo que la comunidad tiene su propia decisión. Es un pueblo autónomo y toma sus propias decisiones» dijo el gobernador González de la Cruz.
Esperanza, comunidad y las redes de cuidado
A través de un comunicado de prensa, la Misión CIvil de Observación precisó que hay esperanza pese a que la serie de agresiones como racismo, discriminación, amenazas. Porque, a la par, documentaron la fortaleza, resistencia, dignidad y bondad de la comunidad de Azqueltán.
“Pensamos en que en este momento hay una posibilidad de mandar un mensaje de esperanza y de fortaleza para los compañeros de la comunidad en su reconocimiento. En mi caso, como mujer purépecha y defensora del territorio, son ejemplo de la capacidad de sostener la lucha. Además, de enseñarla y colectivizarla: que estén las mujeres, las niñas, los niños, los hombres, los adultos mayores con sus saberes. Esto nos permite, como pueblos, seguir no solamente resistiendo, sino cuidando la vida”, dijo Claudia Ignacio de la Red Solidaria de Derechos Humanos.
Claudia Ignacio precisó que la respuesta comunitaria ante el entorno de conflicto se fundamenta en una estructura colectiva que unifica a las identidades tepehuano y wixárika.
En este contexto, las mujeres mantienen una parte fundamental para el cuidado de la comunidad.
“Las pudimos ver cuidando el territorio, defendiendo los espacios ceremoniales, organizando la asamblea, sosteniendo a las familias en un contexto de grave riesgo”.
Resaltó que la incorporación de niños, niñas y adolescentes en las dinámicas organizativas y culturales de la comunidad es clave en la comunidad. Esto funciona como un mecanismo de continuidad social e identidad frente a los periodos de inestabilidad en la región.
En la tercera Misión Civil de Observación participó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) —que agrupa a 88 organizaciones en 23 entidades del país—; la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI); el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Además, participó la Red Solidaria de Derechos Humanos; la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas; el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ; Tsikini; el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez; el Frente Indígena Popular Artesanos en Lucha (FIPAL) y la Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, Jalisco.
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Adrián Montiel
Periodista de investigación.
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