SCJN sostiene retroceso al derecho a la consulta de personas con discapacidad
Por: Adrián Montiel. Fotos: Archivo. Fecha: 3 de noviembre, 2025
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene una postura que, de aprobarse, podría significar un retroceso en el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad.
Esto lo advirtió la abogada y activista de Cuidadoras en Resistencia, Cinthia Ramírez, quien participó en las audiencias públicas celebradas del 20 al 22 de octubre.
“Lo que este criterio va a generar no solamente es una carga a las personas con discapacidad. También para sus organizaciones que tendrán que monitorear absolutamente cada ley que se apruebe en cada Congreso tomando en cuenta que estamos más preocupados por sobrevivir”, apuntó.
La abogada explicó que, durante el segundo día de sesiones, la ministra Lenia Batres Guadarrama reconoció públicamente que su propuesta inicial consistía en que, limitar la invalidez automática de leyes aprobadas sin consulta, colocaba una carga injustificada sobre esta población.
Sin embargo, en un artículo publicado en El Universal el 26 de octubre, la ministra se retractó. Además, defendió que la Corte no puede “forzar a los congresos a realizar consultas” antes de legislar.
El origen
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán presentó una acción de inconstitucionalidad contra reformas a una ley local. La Comisión argumentó que las reformas limitaban el número de visitas a centros psiquiátricos y orfanatos, espacios donde viven personas con discapacidad psicosocial y niñas y niños con discapacidad.
“Con base en un criterio internacional y constitucional que, desde hace 10 años, se había establecido por la Corte. Sólo tenían que repetirlo. Y decir que, en adelante, todas las legislaciones que se aprueben sin consulta previa con poblaciones con discapacidad, van a ser inválidas en automático”, explicó.
Sin embargo, la ministra Lenia Batres, encargada de proyectar la resolución, propuso no invalidar las disposiciones, argumentando que las anteriores composiciones de la Suprema Corte invalidaban leyes “a diestra y siniestra”.
Para la abogada Cinthia Ramirez, su postura se enmarca en las decisiones que, en el pasado, afectaron iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto da pie a una continuidad ideológica más que un cambio jurídico de fondo.
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Una interpretación restrictiva
A Cinthia Ramírez le preocupa que la ministra Lenia Batres mezcle dos dimensiones: el derecho a la protección judicial con el derecho a la consulta previa.
“El primero es cuando un acto de autoridad me afecta y puedo recurrir, mediante el poder judicial, a que se protejan mis derechos. Pero estamos hablando de la consulta previa que es clara y cuenta con ciertos estándares”, dijo.
Explicó que dichos estándares fueron definidos por la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De acuerdo con su experiencia, en las consultas los gobiernos estatales o congresos locales recibían recomendaciones de las organizaciones para elaborar y conseguir una consulta estrecha y efectiva.
La propuesta de Lenia Batres, de acuerdo con la abogada, implicaría modificar la forma en que se ejerce el control constitucional. Esto le quitaría la facultad a las comisiones estatales, y nacional, de derechos humanos, de presentar acciones de inconstitucionalidad en representación de los derechos de población con discapacidad.
«Solamente pueden presentar las acciones institucionalidad si un determinado número de personas con discapacidad, mediante documento firmado, se lo solicita. Si no, no pueden presentar la acción de inconstitucionalidad”, explicó.
Esto restringe el acceso a la justicia y contradice la Constitución. De acuerdo con Cinthia Ramírez, la Constitución otorga a dichas comisiones la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad sin condicionamientos.
El riesgo, agregó la activista, es que la Corte estaría legislando. Esto rompería con la separación de poderes. Si se aprueba el nuevo criterio, el Poder Judicial asumiría funciones que corresponden al poder constituyente, modificando indirectamente la Constitución, una tarea del Poder Legislativo.
Un retroceso
Para las personas discapacitadas y cuidadoras, explicó Cinthia Ramírez, la estrategia de la Corte es volver al punto de partida, sin voz ni voto.
“Porque la consulta significa dejar de estar aisladas, dejar de estar excluidas socialmente y, al menos, tener un momento de encuentro con el mundo exterior. De un mundo donde otros toman decisiones que nos afectan, que te dejan encerrada en tu casa”
Sin esta posibilidad, Cinthia consideró que se lesionan las opciones en el proyecto de vida el cual, a veces, lo anulan por completo. Como persona con discapacidad, aseguró que se cercena una parte de su proyecto de vida
“Y ahora ya ni siquiera nos quieren respetar ese derecho de poder acudir al exterior a discutir cómo otros toman decisiones sobre nuestras vidas. De encuentro con otras personas como yo, de exigencia de mis derechos. De tener, al menos, durante dos o tres minutos un micrófono en donde pueda expresar cómo me siento, lo que quiero, lo que me pasa. No es una formalidad, es una cosa que sufrimos y lloramos todos los días”, concluyó.
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Adrián Montiel
Periodista de investigación.
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