¿Por qué Jalisco calla ante el genocidio palestino?
Por: Adrián Montiel. Fotos: Especiales. Fecha: 1 de diciembre, 2025
Ciudadanos de Jalisco exigen condenar el genocidio en Gaza y romper lazos con Israel. El silencio del gobierno se debe a $8,134 millones en tecnología de vigilancia, la influencia del cónsul-empresario Marcos Shemaría y la autocensura institucional
Desde octubre de 2023, la ciudadanía jalisciense condena el genocidio en la Franja de Gaza y exige a las instituciones romper relaciones con Israel. Frente a este reclamo, surge una pregunta ¿Por qué el gobierno de Jalisco insiste en el silencio y mantiene intactos sus vínculos?
El silencio no es una neutralidad diplomática, sino el resultado de interdependencias tecnológicas, políticas y económicas con empresas y personajes ligados a Israel. Resulta más costoso pronunciarse, material y políticamente, que guardar silencio.
Una dependencia es la tecnológica con $8,134 millones de pesos en tecnología de vigilancia israelí. Desde 2010, los gobiernos de Jalisco han comprometido esta cifra en contratos con empresas israelíes, creando una dependencia tecnológica imposible de romper en el corto plazo.
Otro eje es la influencia empresarial y política a través de un personaje: Marcos Shemaría, un empresario y cónsul honorario de Israel en México que desde 2009 ha operado como puente, tras la modificación del tratado comercial con Israel —cambio ocurrido en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa—, facilitando giras, convenios y la llegada de startups.
El último eje es el resultado de los anteriores: la autocensura institucional que se explica con las posturas de Pablo Lemus —de candidato crítico a gobernador silencioso—, y la defensa atípica de Israel por parte de la Secretaría de Turismo, una postura inusual para una dependencia sin competencia diplomática, pero una voz libre de lo que el gobierno no puede decir ni contradecir.
En esta parte se analizan los factores de la dependencia en cuanto a la seguridad que silencian al gobierno respeto al genocidio palestino.
Seguridad en Jalisco: 15 años inversión tecnológica israelí
A lo largo de tres lustros, las administraciones públicas de Guadalajara y Jalisco transformaron radicalmente su estrategia de seguridad pública. En este proceso, dos empresas emergen como protagonistas exclusivas: SYM Servicios Integrales S.A. de C.V., que dominó la primera fase, y Seguritech Privada, S.A. de C.V., que asumió el relevo en la segunda.
Esta transición está documentada en contratos que abarcan de 2010 a 2025, los cuales revelan una evolución que va desde la adquisición de equipamiento táctico para el policía de a pie hasta la implementación —y posterior mantenimiento— de sistemas integrales de comando, control y vigilancia de última generación.
El análisis de estos contratos permite entender no sólo el cambio en las prioridades de seguridad, sino también visualizar patrones críticos en la adjudicación, concentración de proveedores y escalada de recursos públicos destinados a esta área.
Este texto desglosa el proceso en tres fases críticas: 1) la fase inicial de equipamiento táctico y especializado (dominada por SYM), 2) la fase del mega-proyecto de infraestructura con el C5, y 3) la fase actual de mantenimiento y operación de estos sistemas (donde Seguritech consolida su dominio).
Equipo táctico, específico y el modelo de arrendamiento recurrente (2010-2015)
La llegada de la vigilancia remota de alto nivel a la vida pública mexicana tuvo, en sus inicios, un marcado sello israelí, tanto en el origen del equipo como en la participación de empresas y personal.
Los primeros registros, correspondientes a los años 2010 y 2012, revelan las adquisiciones focalizadas del Municipio de Guadalajara bajo la alcaldía de Aristóteles Sandoval.
La primera, en diciembre de 2010, consistió en equipo de protección personal nivel III-A y IV—como chalecos antibalas, máscaras antigás y cascos balísticos—por un monto de $1.05 millones de pesos.
Una segunda contratación en 2012, ya con un proceso de licitación identificado (LP 005/2012), fue por un «Kit de Sistema de Videovigilancia y GPS» por casi $14 millones de pesos. Ambas licitaciones fueron adjudicadas a SYM Servicios Integrales, fundada por Niv Yarimi (en la actualidad dirige Grupo Kabat) y representada en ese entonces por Gadi Hugo Goliarmo Mokotov.
El parteaguas ocurrió cuando Aristóteles Sandoval ascendió a la gubernatura de Jalisco. En este momento, la escala de las contrataciones dio un salto cualitativo y cuantitativo. En 2013, la Fiscalía General del Estado compró vehículos blindados a la misma SYM por la considerable suma de $43 millones de pesos.
No obstante, mejoraron la apuesta en 2014: un contrato de arrendamiento financiero (No. 503/14) para la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de Jalisco por un equipo denominado «CONTROL ACTIVO DE DATOS».
Este no fue un contrato único, sino recurrente. Con una vigencia de cinco años (2014-2018) y un monto fijo anual de $52,604,912.50 millones de pesos, un esquema de arrendamiento que representó un flujo de dinero constante y predecible para el proveedor sumando un total de $263,024,562.50 millones de pesos.
Este modelo de negocio recurrente, a menudo implementado mediante procesos de adjudicación directa, estableció un vínculo financiero estable. Así se prolongó la relación entre el gobierno estatal y SYM, representada entonces por Niv Moshe Yarimi, quien se identificaba como el representante legal, fundador y presidente de la empresa.
Una dimensión perjudicial del negocio de SYM con Jalisco se revelaría de manera fortuita. En 2015, los correos hackeados de la empresa italiana Hacking Team —filtrados por WikiLeaks— ofrecieron una instantánea interna.
Una presentación dirigida a sus ejecutivos menciona a los directivos de SYM, Niv Yarimi y Gadi Mokotov, y reporta ventas en Jalisco por 748 mil euros (equivalentes en ese momento a aproximadamente 13 millones de pesos).
Sin embargo, los contratos públicos del gobierno con SYM para el mismo periodo ya sumaban 163 millones de pesos. La diferencia sugiere que la relación comercial era mucho más amplia y compleja de lo que los registros internos de la empresa dejaban ver.
El Centro C5 (2016): La apuesta definitiva por la vigilancia centralizada
La segunda fase se define por un contrato de una magnitud sin precedentes. El 25 de mayo de 2016, la Fiscalía General del Estado —aún dirigida por Sandoval Díaz— adjudicó el contrato 81/16 para la “Plataforma Inteligente Para La Administración Y Operación De Seguridad Pública”, lo que se conoció como el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
La característica más notable de este hito fue su escala financiera: $895.9 millones de MXN. Esta cifra no solo era órdenes de magnitud superior a todos los contratos previos, sino que, de manera reveladora, superaba por sí sola el costo acumulado de los seis años del arrendamiento del «Control Activo de Datos» con SYM. Este contrato representaba la apuesta definitiva del gobierno por una infraestructura de vigilancia centralizada e integral.
Un segundo dato crucial fue el cambio de proveedor. Aunque SYM mantenía su lucrativo contrato de arrendamiento, la adjudicación del megaproyecto del C5 recayó en CIS International Limited, una sociedad mercantil constituida en Chipre y representada por Idan Itzhak Shimon.
Este giro busca capacidades tecnológicas específicas en el mercado internacional con miras a la sofisticación, el costo y el alcance de la infraestructura de seguridad en Jalisco.
Mantenimiento y operación del C5 (2020-2025)
Una vez construida la infraestructura del C5, la prioridad fue la operación y conservación. Esta tercera fase, iniciada durante la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y extendida hasta la actualidad con Pablo Lemus Navarro, está protagonizada por un solo nombre: Seguritech Privada, S.A. de C.V.
Esta empresa reemplazó por completo a SYM y CIS como el proveedor casi exclusivo del gobierno estatal en materia de seguridad tecnológica, representada en los contratos pactados por René Bustos Soler, aunque dirigida por Ariel Zeev Picker Schatz.
A partir de agosto de 2020, los contratos se caracterizan por ser «Pólizas de Mantenimiento Integral» para el sistema de videovigilancia y la infraestructura del C5.
Estos servicios, con vigencia generalmente anual, presentan montos notablemente consistentes y elevados. Cada uno ronda os 150 millones de pesos anuales. Ejemplos de ello son el contrato No. 017-2020 (149.8 millones) y la LPN319/2023 (149.1 millones).
Este patrón convirtió el mantenimiento del C5 en un gasto recurrente y sustancial para el erario, asegurando una relación comercial continua con Seguritech.
Sin embargo, ocurrió otro salto en 2025. Bajo el gobierno de Pablo Lemus Navarro, se adjudicó el contrato EUC5-AD-001-2025 a Seguritech, «sin licitación pública» de acuerdo la publicación del Diario NTR Guadalajara con un monto de $6,377 millones.
En perspectiva el gasto equivale a más de 42 veces el costo anual del mantenimiento recurrente. Y, aproximadamente, siete veces mayor que el costo total de construcción del C5 en 2016, un récord sin precedentes.
El concepto «Servicio integral de enlace, despacho, monitoreo, videovigilancia e integración tecnológica», sugiere una externalización masiva de las operaciones centrales del C5.
Esto genera preguntas sobre la justificación de un monto de tal magnitud, los mecanismos de adjudicación directa para un contrato que redefine la relación público-privada en la seguridad estatal, y la naturaleza del gasto, especialmente al ser otorgado a la empresa representada por Picker Schatz y Bustos Soler.
La concentración de inversiones
El análisis de estas contrataciones revela una trayectoria definida: se transitó de la adquisición de herramientas puntuales a un modelo de arrendamiento recurrente. Luego, a una inversión masiva en infraestructura crítica (C5). Finalmente, a la consolidación de un gasto recurrente aún mayor para el mantenimiento y —aparentemente— la operación integral de dicha infraestructura.
La concentración del mercado en dos proveedores principales —SYM, representada por Yarimi y Seguritech, representada por Picker Schatz—, sumada al incremento financiero sin precedentes del contrato de 2025, subrayan la necesidad imperiosa de una supervisión rigurosa, una transparencia absoluta en los procesos de licitación y una justificación técnica y operativa detallada para cada peso público invertido.
Este ecosistema de contrataciones, sin embargo, no surgió de la nada. Fue posibilitado por un impulso desde la esfera federal: durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, la reforma al Tratado de Libre Comercio con Israel abrió la puerta a una diplomacia puesta al servicio de las empresas de seguridad.
La evolución de la seguridad en Jalisco, según lo que narran sus contratos, es la historia de una creciente tecnificación impulsada desde arriba, pero también una que exige un escrutinio constante para garantizar que estos colosales recursos se traduzcan, efectivamente, en una mayor seguridad para la ciudadanía.
La dependencia tecnológica se explicará en la siguiente entrega a través de las alianzas estratégicas de Marcos Shemaría que desde 2009 ha operado como cónsul honorario y puente empresarial para facilitar el intercambio con Jalisco e Israel.
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Adrián Montiel
Periodista de investigación.
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