Síguenos en redes
Buscar
Escúchanos en

La Policía Comunitaria en Guerrero, un sistema desde la cosmovisión indígena

Se forja en la estructura de las jerarquías civiles y religiosas. El Topil o Comisión dentro de la cadena de mandos es el responsable de la seguridad en las comunidades indígenas, un servicio sin sueldo y obligatorio. 

Texto:  Jacob Morales Antonio

Fotografía: José Luis De La Cruz

En 1995 en los angostos caminos de tierra que al primer paso levantan polvo, mujeres y maestros eran las principales víctimas de violaciones, asaltos, y asesinatos. Las denuncias no llegaban a los ministerios públicos. En los pueblos originarios, la palabra seguridad flotaba en el vacío. 

Por esa razón, entre la neblina y grandes pinos, hombres y mujeres na’savi y mephaa’ junto a las organizaciones productoras de café y maíz conformaron el modelo de seguridad y procuración de justicia conocido como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC); su propio sistema de justicia. 

Esa estructura, la única con reconocimiento estatal, bajo la Ley 701 –De reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero– tiene su esencia en el sistema de cargos tradicionales, que en las cabeceras municipales terminó por ser absorbido por los partidos políticos. 

Orígenes ñomda’a 

En las zonas ñomda’a (amuzgas) de la Costa Chica esta estructura aún se mantiene, y es ahí donde se encuentra, uno de los antecedentes que dio origen a la conformación de la policía comunitaria como un modelo de procuración de seguridad y de justicia.

Bartolomé López Guzmán, profesor amuzgo de Xochistlahuaca, Costa Chica, explica que la última estructura de jerarquías civil y religiosa desapareció a inicios de los años de 1980 en su municipio, pero sobrevive en algunas comunidades.

Este modo de organización tiene la finalidad de que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad –18 años–, presten un servicio como policías de sus comunidades por un año, y según las aptitudes y el desempeño se escala a un rango mayor.

Este sistema organizativo está ligado también a la religión. El cargo de menor rango dentro de la estructura es el “topil” o “comisión”, aquella persona que realiza todos los mandados de las autoridades. En algunas comunidades “el topil” también realiza actividades de seguridad, en otras, este cargo está un escalón arriba.

Después le sigue “el mayor” que es el jefe de los topiles, seguidos de las autoridades de cada poblado conocidos aún como comisarios, que luego ocuparán un cargo honorífico denominado, principal; continúan los regidores, en el caso de la estructura del Ayuntamiento, y en el primer peldaño está el presidente, estos dos últimos son por tres años.

El topil y el mayor, son los únicos que cumplen funciones en la estructura religiosa de las comunidades, apoyando al mayordomo de las fiestas patronales. Para llegar al cargo de presidente, se debió de servir en todos los cargos, sin una remuneración económica.

En el caso de las comunidades amuzgas, los jóvenes que se niegan a realizar o prestar este servicio se les impone una multa económica o son detenidos y obligados a realizar actividades a favor de la comunidad, explica el profesor.

Quienes realizan trabajos de “Comisión” son los encargados de la seguridad en una especie de policía, no traen armas, sólo un “chirreon” un cable hecho de cuero de toro y con eso ejercen su autoridad.

Este sistema poco a poco desapareció, e incluso fue absorbido por el PRI, el único partido en aquellos años: una vez que era elegido el presidente por parte de las asambleas de los municipios, el partido lo registraba como su candidato y como era el elegido por la comunidad ganaba ante el órgano electoral, tiempo después y, a la llegada de otros partido, esta vieja tradición que tenía el PRI desapareció.

Habitantes del municipio de Olinalá se organizaron para resguardar los accesos y salidas de ese lugar después de los acontecimientos suscitados el sábado pasado donde fueron expulsados integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaba a secuestrar y extorsionar a la población ante la falta de autoridades que impartan justicia. Foto: José Luis de la Cruz

La indolencia y las injusticias, el surgimiento de la CRAC-PC

Las mephaa’ Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega violadas por elementos del Ejército, en 2002, fueron de los casos emblemáticos, que obligaron a la CRAC a tener una influencia en la zona de la Costa Chica y Montaña.

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencias contra México por estos hechos, en 2012 el gobierno federal ofreció disculpas públicas a las dos indígenas.

Valentín Hernández Chapa, uno de los impulsores de la CRAC, quien ha sido coordinador regional y consejero comparte otro antecedente de la organización. Dice que después de la lucha de independencia los pueblos de la Montaña iniciaron un proceso de organización contra los despojos de los caciques.

Ese proceso ascendente de las organización popular, social y de productoras de granos, impulsaron y fortalecieron la formación de la organización de seguridad de manera autónoma e independiente. Un proceso que a lo largo de 24 años también ha sido integral en las comunidades y no limitadas a la seguridad o la impartición de justicia.

Entre el 14 y 15 de octubre de 1995, la CRAC-PC irrumpe con su conformación en Guerrero, en el municipio de San Luis Acatlán, en el contexto del surgimiento del Ejército Zapatista, en 1994, en Chiapas. El presidente Ernesto Zedillo del partido PRI.

Juan Horta Cruz y Sabas Aburto Espinobarro detallan en el libro El Origen de la Policía Comunitaria, paso por paso, la conformación de la organización. Los autores del libro y fundadores de la organización detallan el papel de las organizaciones productoras y sociales en la fundación de la CRAC-PC, y la complicidad e inacción de las autoridades con delincuentes.

En esa época de surgimiento de la CRAC-PC en Guerrero, el poder estaba en manos del cacique priista, Rubén Figueroa Alcocer, quien dimitió por la masacre contra campesinos en El Vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995.

Otra tragedia que reforzó la presencia de la CRAC-PC en comunidades, fue la matanza de militares contra campesinos en una escuela primaria en la comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, el 7 de junio de 1998.

En la actualidad la CRAC-PC opera en 210 comunidades de 29 municipios, la mayoría en la Costa Chica y Montaña, cada pueblo tiene 12 policías comunitarios, la organización tiene un estimado de 2 mil 500 elementos dedicados a la seguridad, armados con escopetas.

Las zonas de influencia y los municipios donde opera la organización no aparecen en los datos estadísticos federales de seguridad como zonas de alta incidencia delictiva.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que recoge la Secretaría de Gobernación, y los datos disponibles de los delitos de homicidios por municipios disponibles a partir del 2011 en San Luis Acatlán se registraron cuatro asesinatos con arma de fuego, y cuatro con arma blanca, en ese año. 

Para el 2015 hay un registro de ocho homicidios con arma de fuego y uno con arma blanca y tres más que no se identificaron; en Acapulco ese año se registraron 642 homicidios con arma de fuego, 38 con arma blanca, y 222 sin especificar. Acapulco cerró ese año con 173 homicidios con arma de fuego, 80 con arma blanca y 197 sin identificar, en total, 450.

En 2019, en San Luis Acatlán, la cifra no varió y se registraron 13 homicidios con armas de fuego, uno con arma blanca y uno sin identificar, pero por ejemplo en Acapulco la ciudad más importante y grande de Guerrero, y donde la seguridad es prioritaria por las autoridades se registraron 433 homicidios con arma de fuego, 25 con arma blanca y 135 sin especificar, en total, 493.

En las comunidades de mayor influencia de la CRAC hay pobreza. De acuerdo con el reporte “10 años de medición de la pobreza en México, 2008-2010” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presentado en 2019, Guerrero es el segundo estado con mayor porcentaje de población en pobreza, con 66.5 por ciento, en la medición de 2018. 

El 75 por ciento carecía de acceso a seguridad social, el 58 por ciento servicios básicos en la vivienda y el 35 por ciento carece de acceso a la alimentación.

Surgimiento de autodefensas y otras policías que imitan a la CRAC

La organización de los pueblos indígenas integrados a la CRAC-PC propició la creación de otras policías, copiando el modelo de seguridad pero sin la procuración de justicia. En estos grupos se carece de niveles de control de sus integrantes aunque estén bajo el respaldo de las autoridades comunitarias de ejidos, bienes comunales o poblados.

Un ejemplo de estos grupos es la Policía Ejidal que surgió en enero de 2016 en el ejido de Juchitán, municipio de Azoyú en la Costa Chica de Guerrero. En la presentación del nuevo grupo sus fundadores, todos ejidatarios, informaron que el grupo de policía se dedicaría a vigilar los terrenos donde había ganado y evitar su robo.

Otro modelo de seguridad que persiste en comunidades indígenas y mestizas –como le llama la gente a las poblaciones no indígenas– del municipio de Ometepec es la policía comisarial que depende de la autoridad inmediata de cada pueblo: sus comisarios. Este grupo se remonta a los años de 1930, según historiadores del municipio.

En 2018, la policía comisarial fue institucionalizada por el Ayuntamiento de Ometepec y les entregó uniformes y armas para ayudar en las labores de seguridad en los caminos y los poblados, además de otorgar un incentivo económico.

Ley 701 CRAC–PC parte del sistema de seguridad del estado

Luego de décadas de gobiernos priístas, en 2005 Guerrero transitó por primera vez a un gobierno de izquierda con un candidato identificado con la derecha panista: Zeferino Torreblanca Galindo, quien ganó las elecciones con el PRD, y las alianzas con el PAN, y Movimiento Ciudadano.

Las organizaciones de lucha social, y sindicatos se volcaron a defender un gobierno que meses después los traicionaría –así lo manifestaron los involucrados– con la persecución que en ese momento se podía ejercer desde la Procuraduría General del Estado. 

En la 133 audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington representantes de organizaciones sociales denunciaron 201 acciones penales.

Antes de terminar su periodo, en abril del 2011, la CRAC-PC fue reconocida en la Ley número 701 de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de Estado de Guerrero, como parte del sistema de seguridad del estado: con el mismo reconocimiento como la policía del estado u otra corporación de seguridad local.

En agosto del 2018, la Ley 701 fue modificada a propuesta del actual gobernador Héctor Astudillo Flores y una mayoría priista en el Congreso local. Retiraron el reconocimiento a la CRAC-PC que ahora lucha por la restitución de los derechos en la Ley 701 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a la par hay una nueva ola de criminalización a sus integrantes por parte de jueces federales, ante la falta de reconocimiento.

Dicha Ley reconoce como indígenas 30 de los 81 municipios, y en su Artículo 37 establecía, hasta antes de su modificación: “El Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa- Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar”.

“Las leyes correspondientes fijarán las características de la vinculación del Consejo con el Poder Judicial del Estado y de su participación en el sistema estatal de seguridad pública, respetando la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por el Consejo”, señala.

Habitantes del municipio de Olinalá se organizaron para resguardar los accesos y salidas de ese lugar después de los acontecimientos suscitados el sábado pasado donde fueron expulsados integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaba a secuestrar y extorsionar a la población ante la falta de autoridades que impartan justicia. Foto: José Luis de la Cruz

Las autodefensas vs Policía Comunitaria

Un hombre cubierto hasta los dientes porta un arma AR-15, a su lado otro con un AK-47 sobre la carretera federal Acapulco–México, a la entrada de la comunidad de Mohoneras, Chilpancingo.

Ahí los integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) piden una cooperación a los automovilistas que transitan a diario.

La organización surgió en 2013 en comunidades indígenas de Ayutla de los Libres, y Tecoanapa, Costa Chica. En ese momento trataron de apropiarse del nombre de Policía Comunitaria, pero ante el deslinde de la CRAC-PC optaron por el nombre de Policías Ciudadanos. Los hermanos Bruno y Cirinio Plácido Valerio, que conformaron este grupo, habían participado desde 1995 en el proceso de creación de la CRAC.

El nacimiento de este nuevo grupo no fue distinto a la CRAC-PC pero agregaron otro factor, el combate de los grupos criminales en las comunidades.

Las diferencias entre ambas organizaciones son notables, los policías comunitarios portan escopetas, en tanto la UPOEG que poco a poco avanzó a comunidades y municipios no indígenas portan armas de uso exclusivo del ejército.

En la forma organizativa y de selección de sus elementos la CRAC-PC cuenta con un reglamento interno y hay un control minucioso desde las asambleas en cada una de sus comunidades para seleccionar a los policías, en la UPOEG esto no existe, e incluso algunos de sus comandantes continúan siéndolo desde que surgieron hasta la fecha. 

El abogado comunitario, promotor y fundador de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, recuerda que el surgimiento del SSJC fue a la par de la lucha por los altos cobros de la energía eléctrica en las comunidades indígenas de Ayutla y Tecoanapa, en 2009.

Esto dio pie al empoderamiento de los ciudadanos y en 2013 se armaron, un año después los integrantes de los policías ciudadanos se quitaron los pasamontañas que cubrían sus rostros para legitimar el movimiento, en algunas comunidades en zonas mestizas, las pasamontañas regresaron. 

El abogado justificó que las autoridades elegidas desde el surgimiento del SSJC continúan en sus cargos; una parte, por la irresponsabilidad de las comunidades y sus asambleas de no nombrar a nuevas personas, argumentando que los que ya están tienen basto conocimiento y deben de continuar.

El SSJC de la UPOEG ha sido modelo para la creación de otros grupos de autodefensas en Guerrero el gobierno tiene un registro de 24 grupos en el 70 por ciento de los 81 municipios del estado, pero sólo reconoce a la CRAC-PC.

Estos grupos que en sus orígenes se formaron para combatir a los grupos criminales terminaron por ser absorbidos, y el propio gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores ha reconocido que han sido infiltrados. 

Preparar a los niños en las comunidades indígenas de Guerrero para formar parte de sus policías comunitarias o autodefensas como el caso de la zona nahua de Rincón de Chautla, Chilapa, es la única forma de sobrevivir ante la desatención que prevalece y el asedio de los grupos criminales que tratan de someterlos como en la época de los grandes hacendados y caciques en Guerrero.





Esta plataforma nace de la necesidad de buscar verdades y cuestionarnos desde el periodismo el mundo que habitamos, principalmente nuestro entorno. La apuesta es a generar un diálogo. Que nuestros lectores tomen el periodismo como un bien público y juntos abramos brechas.

Deja tus comentarios

Relacionados

A %d blogueros les gusta esto: