Foto: Felix Márquez
Se acumulan en tres años 1,067 denuncias iniciadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo estatus de las carpetas de investigación sigue siendo inicial; no hay progresos, no se suspenden a los servidores públicos que han incurrido en prácticas que se configuran en delitos y quienes denuncian, viven con miedo a represalias. Así, ¿dónde queda la posibilidad de que haya sanciones y acceso a la justicia por las desapariciones forzadas de la Fiscalía del Estado el 05 de junio?
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Una Fiscalía… ¿Anticorrupción?
“Sino quitas la queja, no te presentes más a laborar”, fueron las palabras que Cinthia Espinoza Muñoz escuchó de uno de sus compañeros en Fiscalía del Estado (FE) el 18 de abril de 2019, cuando se le despidió por presentar una queja ante contraloría interna sobre acoso sexual.
No le entregaron oficio alguno para notificarle su despido, tampoco hubo una audiencia con los superiores para justificar la separación del cargo. Con una llamada telefónica, para la Fiscalía del Estado, fue suficiente.
Cinthia fue agente de la Policía Investigadora de la FE por tres años. En febrero de 2019, es acosada sexualmente por uno de sus jefes, decidió no guardar silencio, lo que ocasionó que la fiscalía la separara de su cargo y archivara el procedimiento.
«El día 26 de febrero de 2019, al estar laborando en la Fiscalía del Estado, sufrí por parte de un agente del ministerio público Jesús «N», un acoso sexual, del cual derivó en un acoso laboral por parte de las autoridades superiores de la Fiscalía». Siendo estas autoridades el J1, quien en aquel entonces era Horacio «N», mismo que actualmente funge como fiscal regional, comentó.
El despido fue el 18 de abril de 2019, es decir, dos meses permaneció en su cargo después del acoso sexual. Durante esas semanas, sufrió acoso laborar por parte de su superior, el J1 Horacio «N». Fue cambiada de adscripción de manera constante y se le prohibió lactar a su hijo de apenas dos meses.
Tras ser despedida, decidió interponer una denuncia penal en contra de ambos personajes, pero, a la fecha, está archivada. De hecho, aseguró que en la FE manipularon la carpeta de investigación y crearon falsos testigos para librarse de toda culpa.
“Se ofrecieron testimonios falsos, declaraciones de personas que yo no conozco. Declararon que vieron todo, cuando no vieron en realidad nada. En este tipo de delitos no se espera que vaya toda la gente a mirar lo que ocurra”, narró.
No es el único caso, aseguró. En sus investigaciones descubrió que Jesús «N» ya tenía antecedentes por acoso sexual. Encontró una carpeta de investigación, la 16451/2017. Sin embargo, las autoridades no quisieron integrarla al expediente de investigación.
“No sé qué va a pasar con la demás ciudadanía, si a mí, siendo trabajadora se me violentaron los derechos dentro de la institución, no quiero saber cuándo una persona va y pone su denuncia por el mismo delito o cualquier otro, o sea, entonces no le dan apoyo de ningún tipo”.
A causa de esta situación ha padecido de consecuencias psicológicas, se le diagnosticó depresión en alto grado y trauma por lo ocurrido. Además, también tiene repercusiones económicas. Al día de hoy, la imagen del 26 de febrero no se puede borrar.
“Me causa vergüenza, me causa estrés, me causa mucho dolor, incertidumbre, coraje, me causa miedo, porque muchas compañeras lo viven y nadie se anima a denunciarlo por miedo a perder el trabajo, a mí ya me pasó. Por miedo al qué dirán, hablaban muchísimas cosas de mí”.
Justamente para evitar e investigar sucesos de violaciones a los derechos humanos o delitos como el que aqueja a Cinthia, se creó en Jalisco la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Impunidad total en el estado
Vía transparencia, Perimetral solicitó a la Fiscalía Anticorrupción un desplegado de las estadísticas de procesos y denuncias que han registrado desde 2018 a la fecha, también, de qué ha ocurrido con las carpetas abiertas.
La dependencia respondió que en 2018 fueron 531 carpetas de investigación; en 2019, 384, y en lo que va de 2020, 152. Es decir, en los últimos tres años, acumula mil 67 procesos. De todos estos procedimientos jurídicos, no ha habido una sola sentencia condenatoria o sancionatoria contra el denunciado.
La Fiscalía Anticorrupción informó que el 4 de cada 10 procesos se mantienen en la investigación inicial y el 32 por ciento fueron remitidos a otras dependencias. En 14 de cada 100 se ha abstenido de investigar, once por ciento han sido archivadas. El resto se encuentran en investigación intermedia o complementaria, además, hay carpetas con recursos de apelación, acumuladas o declaradas con no ejercicio de la acción penal. Pero ninguna con sentencia.
En los tres últimos años, la Fiscalía ha acumulado 300 denuncias por abuso de autoridad, 180 por tortura, 164 por delitos cometidos en la Administración de Justicia. 55 por cohecho y 52 por delitos cometidos en custodia de documentos, son los que encabezan la lista de 25 diferentes tipos de ilícitos por lo que se denuncia a servidores públicos. Ninguna denuncia ha tenido eco. Por desaparición forzada solo hay una carpeta, a pesar de lo ocurrido el 4 de junio en las manifestaciones por Justicia por Giovanni.
El análisis de los datos arrojó a Perimetral que los agentes del ministerio público son los más denunciados, pues en los últimos tres años 325 agentes han acumulado carpetas de investigación. Los policías no se quedan atrás, pues 250 policías investigadores tienen denuncias al igual que 86 policías viales, 75 estatales, y 62 de la Fuerza Única. El Fiscal del Estado cuenta con 16 procesos judiciales en su contra, y el gobernador uno.
En total, las mil 67 denuncias han estado dirigidas a mil 526 servidores públicos. Todos siguen con sus empleos y en libertad.
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Egresado de la Licenciatura en Periodismo del CUSur. Fue colaborador para Radio UDG Ciudad Guzmán y Letra Fría. Actualmente es periodista en El Suspicaz y Perimetral.
