La refresquera ha intervenido en China, Colombia, Sudáfrica, entre otros países para bloquear medidas que disminuyan el consumo de sus productos
Por: Kennia Velazquez
Guanajuato.- El director ejecutivo a nivel mundial de Coca-Cola, James Quincey se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador una semana antes de que entre en vigor el etiquetado de advertencia en alimentos. Según el mandatario, el CEO de Coca Cola le explicó “que sus políticas mundiales procuran no meterse en cuestiones políticas, en cuestiones de los países y que se distinguen de lo que puedan hacer los distribuidores, que además son libres para participar, pero que ellos tienen una política de respeto a la institucionalidad de los gobiernos en todo el mundo”. Pero la evidencia muestra otra cosa.
The BMJ publicó recientemente que si bien hay suficiente evidencia de cómo la financiación de la industria de alimentos y bebidas sesga la base de evidencia en la ciencia de la nutrición, “la huella global de la interferencia de la industria alimentaria es mucho más amplia. Además de exportar alimentos y bebidas ultraprocesados a países de ingresos bajos y medianos, las empresas transnacionales están exportando estrategias para financiar la ciencia que socava la salud pública”.
Un ejemplo es Colombia, cuando en 2016, el ministro de salud, Alejandro Gaviria Uribe, propuso un impuesto a refrescos para atender la creciente obesidad. Científicos colombianos fueron reclutados por Coca-Cola mediante un acuerdo entre el Centro de Investigaciones Biomédicas Pennington de la Universidad Estatal de Luisiana y la Universidad de Los Andes en Bogotá, que recibieron de la refresquera 199 mil 500 dólares para que dos investigadores de dichas escuelas realizaran el Estudio Internacional de Obesidad Infantil, Estilo de Vida y Medio Ambiente, que se centró en cómo las “características del estilo de vida” como la inactividad física de los niños colombianos impactó en el aumento de peso.
Coca-Cola utilizó al grupo científico fachada Global Energy Balance Network (GEBN) en Colombia con la intención de crear “un corredor honesto y creíble que pueda ser una fuente confiable para una visión equilibrada basada en la ciencia sobre cómo la inactividad física es un factor determinante de la obesidad”. El GEBN logró que un académico de la Universidad de los Andes publicara en los principales periódicos colombianos artículos de opinión opuestos a la propuesta de impuesto a refrescos, utilizando el argumento del “desbalance energético”.
Postobón, el mayor fabricante de bebidas azucaradas de Colombia y distribuidor de PepsiCo se sumó a la estrategia con los mismos argumentos, la propuesta del impuesto fracasó.
La refresquera ha realizado también esfuerzos para influir en la política de obesidad, a nivel mundial y en China durante 1995-2015, reveló un estudio de la Universidad de Harvard. Coca-Cola logró redirigir la política de obesidad de ese país poniendo el foco la actividad física y no en la dieta. La clave de su éxito fue el trabajo realizado por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que tiene una imagen de “ciencia imparcial”, pero la empresa lo utiliza para proteger sus intereses.
Al final, Coca-Cola participó en la formulación de políticas de China durante cada fase del proceso: desde el análisis de los problemas hasta la elaboración de la política oficial. Un mal augurio para los países en los que hay presencia del ILSI. “Durante más de 40 años, ILSI, el agente preeminente para la industria alimentaria, ha producido ciencia y recomendaciones de política sobre numerosas cuestiones de importancia para la salud pública”, dice la autora del texto.
Otro caso analizado fue el de las consultas públicas para discutir el impuesto a bebidas azucaradas propuesto por el Tesoro Nacional de Sudáfrica. Investigadores examinaron la evidencia presentada por la industria para argumentar en contra del gravamen y encontraron que las referencias se utilizaron de forma engañosa; usaron datos brutos indebidamente para cuestionar tanto la premisa de centrar la atención en el azúcar, así como el impacto de los impuestos a las bebidas azucaradas en el consumo. Recurrieron a citas selectivas de estudios o incompletas y la omisión de información importante para promover una “narrativa alternativa”. Se inflaron los efectos perjudiciales de los impuestos en el empleo, la generación de ingresos públicos y el producto interno bruto.
El estudio concluye que los argumentos de la industria en contra de los impuestos a bebidas azucaradas “se basan en una compleja interacción de técnicas, que parecen estar basadas en pruebas, pero que no observan enfoques aceptados para el uso de pruebas científicas o económicas. Estas técnicas son similares a las utilizadas por las empresas tabacaleras y ponen de relieve los problemas de la introducción de políticas basadas en pruebas destinadas a gestionar el entorno del mercado de productos nocivos para la salud”.
El análisis realizado por académicos de las universidades de Aston, Reading y Deakin, denuncia que la industria recurre a “prácticas agnogénicas”, es decir, a “métodos de representación, comunicación y producción de investigación científica y evidencia que funcionan para crear ignorancia o duda”. Éstas van desde prácticas discursivas que exigen estándares de prueba científica imposiblemente altos, hasta retención de datos de ensayos clínicos o asegurarse de que no se realicen algunas investigaciones por temor a producir resultados desfavorables.
En prácticamente cualquier lugar del mundo en el que se haya analizado la posibilidad de regulación, Coca Cola ha dicho que las medidas -ya sean impuestos o etiquetado- provocarían decenas de miles de pérdidas de puestos de trabajo y reducen el crecimiento del empleo; socavan los objetivos de aumentar el crecimiento económico y eliminar la pobreza, son disuasivas para los inversores internacionales; que los más afectados serían los hogares de menores ingresos y el impacto en la salud de la población es insignificante.
La interferencia en México
La participación de Coca Cola en las políticas públicas de salud se ha dado marcadamente desde el sexenio del ex CEO de la refresquera, Vicente Fox, y hasta el de Enrique Peña Nieto, quien no sólo les cedió espacios en la toma de decisiones, sino que se declaró fanático de la bebida.
En la presente administración, López Obrador dijo de su reunión con el CEO de Coca Cola, que “fue un diálogo respetuoso, constructivo y franco”. Indicó que también hablaron de inversiones “porque se tiene que buscar el equilibrio, no prohibir y limitar la posibilidad de inversión de las empresas”.
El presidente se ha mantenido firme con el etiquetado, pero también en su idea de no aumentar el impuesto a alimentos calóricos o en apoyar la prohibición de venta de estos productos a niños y niñas, su apuesta es “educar y concientizar”, la misma idea que promueve la industria para impedir que se tomen otras acciones.
Las cámaras empresariales han señalado que con la entrada en vigor del nuevo etiquetado el 1 de octubre, miles de pequeñas tiendas cerrarán. Quincey planteó la posibilidad de que se otorguen créditos a un millón 200 mil tenderos. El presidente dijo que será un proyecto en conjunto con la refresquera y aunque no lo trataron en la reunión, él pedirá que se vendan “en las tiendas productos naturales, o sea, sí sus productos, pero también frutas, verduras de la región”.
Por su parte, Coca-Cola Company dijo estar comprometida por “un México más saludable, continuaremos reduciendo las calorías de nuestras bebidas y promoveremos que las personas tomen decisiones informadas sobre su hidratación, consumo calórico y requerimientos nutrimentales”. Antes de la visita, la ANPRAC, que representa a la industria mexicana de bebidas entre ellas a las embotelladoras de la refresquera Arca Continental y Femsa, se ha dicho atacada por funcionarios de salud, activistas y académicos que han evidenciado el daño que el consumo de las bebidas azucaradas.
La reunión se realizó unas semanas después de que Coca -Cola Femsa promoviera un amparo en contra de la reforma a la norma que regula el nuevo etiquetado, la NOM-051, pues considera que ésta podría perjudicar su negocio. Hace unos meses, la embotelladora mexicana había dicho estar preparada para la nueva medida, “tenemos una capacidad importante de reformulación y desarrollo de nuevos productos. Creo que somos un sistema extremadamente preocupado por ofrecer siempre las mejores opciones para los consumidores”, dijo Constantino Spas Montesinos, su director de finanzas.
Además del etiquetado, la Ley anti Chatarra que prohíbe la venta de estos productos a menores de edad, es percibida por la industria como una gran amenaza, actualmente hay 17 iniciativas similares en los congresos locales y otras cinco propuestas de reforma federal.
Un documento elaborado por Euromonitor International asegura que “el cambio de comportamiento podría ser más complicado si se ponen rápidamente a disposición alternativas saludables en lugares frecuentados por menores, lo que lleva a una transición más suave, ya que muchos niños cambian sus bocadillos y bebidas a opciones legales”.
La consultora reveló que el 33 por ciento de padres encuestados quieren mejorar la dieta de sus hijos y recuerda que ”los hábitos formados a una edad temprana dan forma a los de la edad adulta”.
Por su parte la encuestadora Parametría reveló que el 67% de los encuestados dijo que es más fácil entender el nuevo etiquetado, 63% piensa que ahora será más fácil tomar una decisión de compra.
Más transparencia
Los investigadores de la interferencia de la industria en las políticas de salud pública coinciden que para hacer frente a la epidemia mundial de enfermedades no transmisibles se requieren cambios fundamentales en los mercados: qué productos se venden, a qué precio, cómo y a quién.
Pero también se necesita transparencia total, como la publicación de todas las presentaciones de la industria para consultas, transcripciones textuales de talleres, correspondencia y reuniones entre actores y funcionarios de la industria, para poder seguir las “huellas de políticas”.
Por otro lado, la capacidad de Coca-Cola para reclutar y movilizar científicos ilustra una dinámica preocupante para la ciencia de la nutrición y la salud pública, pues atentan contra los esfuerzos de difusión de políticas basadas en evidencia.
El profesor de la Universidad de Nevada, Eric Crosbie, ve apremiante la necesidad de una unidad global detrás de los esfuerzos para obtener protecciones similares a las que ofrece el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) para los países de ingresos bajos y medianos que buscan regular los alimentos y bebidas ultraprocesados en interés de la salud pública.
Además del etiquetado, se requieren medidas que combatan el ambiente obesogénico que predomina y un plan de impulso a la gastronomía local y el consumo de productos nativos. La crisis económica post pandemia que se avecina en México y las promesas de inversión de Coca Cola en el país, pueden ser un incentivo para los tomadores de decisiones para no implementar otras regulaciones que refuercen el importante paso que los sellos representan, pero la atención a la epidemia de obesidad y diabetes no puede ni debe postergarse.
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